El gobierno de Marbella ordena que las licencias se den conforme al PGOU anulado

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Rafael Calleja, ha dictado una resolución en la que ordena que los informes jurídicos sobre licencias de obras hagan referencia no sólo al Plan General de Ordenación Urbana de 1986 sino también al texto elaborado por Jesús Gil en 1998, rechazado en tres ocasiones por la Junta de Andalucía. Con este acuerdo, fechado el 27 de agosto pasado, el nuevo equipo de gobierno, formado por tránsfugas del GIL, PSOE y PA, contradice sus propias declaraciones de que aplicarían únicamente el PGOU de 1986, el único que reconoce la Junta.

Los nuevos responsables municipales mantienen desde el mismo día de la moción de censura contra Julián Muñoz una actitud más que ambigua en lo que al urbanismo se refiere. De hecho la resolución, hecha pública ayer por los concejales leales a Muñoz, se dictó sólo un día después de que el consejo de Urbanismo integrado por Calleja, y los tenientes de alcalde, Isabel García Marcos y Carlos Fernández, se comprometieran a no dar licencias contrarias al PGOU de 1986.

El escrito es tajante: "Los informes de los servicios técnicos que se emitan sobre licencias de obras e instrumentos de planeamiento y gestión y demás informes urbanísticos habrán de hacer, necesariamente, referencia al Plan General de Ordenación Urbana de 1986, así como al documento de la Revisión del PGOU aprobado por el pleno el pleno el 12 de noviembre de 1997". Calleja pide también que se especifique "en qué apartado" de la resolución de la comisión de Urbanismo, que denegó una parte el plan de 1998, suspendió otra y asumió el resto, "se incluye el suelo objeto de informe".