Justicia cede suelo para una cárcel a una empresa privada y pagará el triple por su construcción

Nueva fórmula de pago y polémico precio. El Departamento de Justicia de la Generalitat ha cedido a una empresa privada el suelo y la construcción de la futura prisión de Brians 2, que se ubicará junto a la actual, en Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). Las obras se licitan por 69,1 millones de euros, pero Justicia las abonará en tres décadas a razón de 6,9 millones anuales más el 2,5% de IPC medio, en concepto de alquiler a la empresa adjudicataria, que tendrá también el derecho de superficie del suelo en este tiempo. El erario público acabará pagando más del triple del importe de adjudicación.

Desde que la Generalitat tiene transferidas las competencias penitenciarias ha construido dos cárceles: Brians y Quatre Camins, ésta en La Roca del Vallès (Vallès Oriental). Ambos centros se hicieron por el procedimiento habitual de obra realizada, obra pagada. Pero en este caso se ha optado por un nuevo sistema que acaba encareciendo considerablemente el coste de la prisión. Jaume Amat, secretario general del Departamento de Justicia e Interior de la Generalitat, defendió ayer el nuevo sistema argumentando que los tipos de interés están muy baratos y comparó la operación con la que pudiera realizar cualquier familia al comprar un piso con una hipoteca a 30 años.

La licitación de las obras fue publicada el pasado día 5 en el Diari Oficial de la Generalitat por un precio de 69,1 millones de pesetas más IVA. Los trabajos durarán dos años y servirán para levantar una cárcel de cumplimiento con capacidad para unos 1.300 presos. Los terrenos sobre los que se construirá la prisión están situados en diversas fincas que ocupan 67 hectáreas en la zona conocida como Can Margarit, en los alrededores de la actual prisión de Brians. El pasado mes de junio ya se inició el movimiento de tierras en la zona, pese a que el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires no ha concedido todavía la licencia municipal de obras.

Justicia gestionará el centro

En el anuncio para la licitación de las obras se asegura que la empresa que logre la adjudicación se hará también con el derecho de superficie de los terrenos que Justicia ha comprado, escriturado y pagado a particulares Este derecho sobre el suelo de la cárcel por parte de la empresa adjudicataria se prolongará por un espacio máximo de 30 años, tiempo durante el cual la Administración autonómica abonará un alquiler a la sociedad constructora. Finalizado este tiempo, la Generalitat recuperará el derecho sobre el suelo. El nuevo sistema no afecta al mantenimiento y la gestión de la cárcel, que siempre corresponderá a Justicia.

El anuncio del DOG no especifica el importe de ese alquiler, que se detalla en la página 26 de las 45 que tiene el pliego de las bases para la adjudicación de la obra. Será de 6,9 millones de euros anuales más IVA y con un IPC medio que se ha fijado en el 2,5%. Es decir, que en 10 años ya se habría pagado y durante los otros 20 se abonarán intereses.Jaume Amat, secretario general del Departamento de Justicia e Interior de la Generalitat, defendió ayer la nueva fórmula de financiación. "Es un sistema habitual en diversos países anglosajones y tiene la ventaja de que vas pagando según vas utilizando la obra. Es la misma filosofía de una familia al firmar una hipoteca para una vivienda". El plazo para la presentación de ofertas concluye el 9 de octubre.

Por su parte, Àlex Masllorens, diputado del PSC-Ciutadans pel Canvi, considera que "el experimento con esa nueva forma de concesión es un escándalo". En su opinión, la nueva fórmula "huele a un sistema para beneficiar a las empresas y personas amigas del Gobierno de CiU". En este sentido, Masllorens recordó que en el pliego de condiciones existe una cláusula que impide modificar el accionariado de la empresa adjudicataria durante los cinco años posteriores a la finalización de las obras, e impide transmitir parte o la totalidad de las acciones sin el consentimiento del Gobierno catalán.

Privatización

Comisiones Obreras también ha denunciado el nuevo sistema de financiación. "Este tipo de soluciones seguro que solventa el problema de liquidez del momento, pero compromete la economía del departamento durante muchos años y la titularidad del centro en el futuro", asegura Xavier Navarro, responsable de prisiones de CC OO. El sindicato entiende que el objetivo de déficit cero que se marcan algunos gobiernos "puede provocar situaciones como esta, que en la práctica es la privatización de un espacio y de un edificio tan importante como una cárcel".

El alcalde de Sant Esteve Sesrovires, Joan Galcerán, también se opuso al nuevo sistema asegurando: "Lo que han hecho no tiene nombre".