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El abogado de Punta Umbría Turística niega que tuviera "influencias con altos cargos de la Junta"

El secretario del Ayuntamiento se retracta y dice que su declaración no fue "afortunada"

El abogado de la empresa Punta Umbría Turística, Alfonso Martínez del Hoyo, rechazó ayer de plano, al comienzo de su comparecencia en la comisión de investigación sobre el proyecto turístico de Punta Umbría (Huelva), las afirmaciones formuladas por el secretario del Ayuntamiento de esa localidad, José Luis López Guío, en las que aseguraba que los abogados de esa empresa tenían "influencias con altos cargos de la Junta de Andalucía" que pudieron servir para desbloquear el primer proyecto turístico del año 2000. El secretario del Ayuntamiento aclaró que no quiso acusar al letrado.

Ese plan, que contemplaba la construcción de 13 hoteles, fue desestimado por la Administración andaluza por considerar que afectaba a una zona de alto valor ecológico. Martínez del Hoyo negó "absolutamente" por "falsas y ofensivas" las afirmaciones del secretario del Ayuntamiento y anunció que el día anterior a su comparecencia presentó una demanda por calumnias e injurias. Finalmente, el letrado retiró la demanda tras recibir una rectificación "en toda regla" firmada por el secretario ese mismo día, José Luis López Guío, quien precisó en ese documento de rectificación: "En ningún momento atribuí conducta alguna que pudiera definirse como tráfico de influencias. Lo hago extensivo a las autoridades de la Junta, a las que no he acusado de nada". Y añadió: "En la frase de posibles influencias con la Junta, que quizás no sea afortunada, me refería al hecho de que podían establecer contactos con esa Administración para desbloquear esa situación".

Martínez del Hoyo explicó cómo se fraguó el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Punta Umbría y la empresa, y aseveró que "no hay absolutamente nada oscuro ni contrario a la legalidad en el proceso". El abogado argumentó su escepticismo sobre la comisión en que "las conclusiones han sido anticipadas... No ha habido límites en afirmar por adelantado que aquí ha habido corrupción, trato de favor a empresarios y trama urbanística".

El letrado explicó que Punta Umbría Turística contrató su gabinete en la primavera de 2002 con el objetivo de desbloquear el primer proyecto turístico, adjudicado a esa empresa. Los primeros contactos se tomaron con las Consejerías de Gobernación y de Medio Ambiente a las que se les trasladó unos informes urbanísticos sobre la base de los mismos terrenos que la Junta había rechazado, en los que se habían introducido modificaciones.

Medio Ambiente insistió en que los terrenos en los que se pretendía construir entrañaban un valor ecológico "irrenunciable" por lo que los abogados promovieron reubicar el proyecto. El plan se trasladó a unas parcelas que no suponían perjuicio al medio ambiente: tres parcelas hoteleras incluidas en el SAPU 3 y 4 (Suelo Apto para Urbanizar) además de una pequeña zona llamada RT1 (Residencial Turístico) incluida en el SAPU 4.

La empresa propuso adjudicar esas parcelas mediante permuta, pero el Ayuntamiento insistió en que la enajenación se realizara a través de un procedimiento negociado, aduciendo a razones de urgencia. Martínez del Hoyo reconoció que en la tramitación de esas parcelas hubo un desencuentro entre empresa y Ayuntamiento. La solicitud de autorización de venta por razones de urgencia fue rechazada por la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento y la empresa determinaron en abril recurrir la desestimación de Gobernación e incorporaron en la demanda "una petición subsidiaria" consistente en que la Junta resolviera si por la vía de adscripción de la parcela RT1 (Residencial Turístico) a la Sociedad Municipal del Suelo, no sería necesaria la autorización por parte de la Consejería. El 10 de julio, con el nuevo equipo de Gobierno del PP, salido de las elecciones municipales, el alcalde, José Carlos Hernández, presentó un escrito en el que desistía de "esa petición subsidiaria".

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