Las parcelas del proyecto turístico investigado en Punta Umbría se planificaron para viviendas

La comisión de investigación propuesta por el PP en el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) sobre el proyecto turístico diseñado por el PSOE en el anterior mandato municipal trató ayer de averiguar, en el segundo día de comparecencias, quién planificó y autorizó, contra el criterio de la Junta, el cambio de zona residencial del Plan Parcial 3 y 4, que preveía la construcción de viviendas adosadas, a residencial turístico. Esta modificación permitió promover un campo de golf de nueve hoyos, una escuela de golf municipal y un complejo de apartamentos.

La comisión intentó ayer averiguar quién autorizó a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a que iniciara las obras del complejo turístico sin que existiese un escrito a favor, como requería el contrato de urbanización firmado en comisión de gobierno en el Ayuntamiento de Punta Umbría.

El gerente de la Sociedad Municipal de Gestión del Suelo de Punta, Javier Mateos, afirmó que el anterior equipo de gobierno municipal planteó realizar una modificación puntual del planeamiento urbanístico para eliminar lo residencial, "porque había más de 11.000 viviendas cerradas", y "hacer otra cosa que fuera más rentable desde el punto de vista turístico". Mateos subrayó que la decisión se apoyó en los "argumentos" aportados por numerosos promotores.

Javier Mateos aseguró también que las obras realizadas en esas parcelas no eran incompatibles con la futura planificación de la zona. "A FCC se le dijo que estudiara la posibilidad de hacer esa modificación y viera la viabilidad del proyecto. Las obras iniciadas sólo afectan a la zona perimetral y no a las parcelas en sí. No suponen un cambio en la planificación prevista, sino una adaptación al cambio de uso que se pretendía efectuar".

Javier Mateos aseguró ayer desconocer si hubo un acuerdo de la Consejería de Gobernación, de Obras Públicas o de Medio Ambiente para autorizar la adjudicación de esas parcelas a la empresa Punta Umbría Turística SA. "Sólo me consta que se pactaron determinadas zonas y valoraron cuestiones de edificabilidad con Medio Ambiente, pero desconozco si hubo acuerdo", afirmó.

El actual alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández (PP), señaló que la responsabilidad administrativa, e incluso penal, si se hizo a sabiendas de que era ilegal, recaerá en la persona que ordenó comenzar las obras sin decreto de alcaldía o acuerdo en el pleno. "Hasta una modificación puntual requiere de una aprobación por parte de la Junta de Andalucía. No se puede ejecutar sin su consentimiento", indicó. En el mismo sentido, se manifiestaron ayer varios técnicos de la Junta de Andalucía en Huelva.

El arquitecto del Ayuntamiento, José Garduño, aseguró ayer desconocer quién ordenó el inicio de las obras y si se han ejecutado dentro de los límites del Plan Parcial 3 y 4: "Me he enterado recientemente de esas modificaciones y de que esos cambios tuvieran alguna repercusión económica sobre las obras de urbanización". José Garduño explicó que, como técnico municipal, sólo aportó su "opinión favorable" a la reubicación del proyecto turístico, pero que le vino "definido de antemano".

El asesor jurídico del Ayuntamiento, Manuel Jesús Feria, tercero en comparecer, afirmó conocer la existencia de las obras "a través de los medios de comunicación" porque nunca el Ayuntamiento requirió el servicio de los técnicos municipales en materia jurídica en este proceso.

Manuel Jesús Feria aseguró que el recurso de alzada, que agota la vía administrativa y que él mismo elaboró contra el rechazo de la Junta de Andalucía a la adjudicación mediante procedimiento negociado de la parcela RT1 (Residencial Turística) a la empresa Punta Umbría Turística SA, fue modificado en un 70% de su contenido e indicó desconocer quién pudiera haber realizado esas modificaciones.

La comisión tiene previsto solicitar la comparecencia del consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Alfonso Perales, y de Presidencia, Gaspar Zarrías, después de que el secretario del ayuntamiento afirmara que los abogados de Punta Umbría Turística SA tienen relación con altos cargos de la Administración autonómica.