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Medio Ambiente precinta las obras de una urbanización ilegal en Cartajima

La construcción se realizaba en una finca de un hermano del alcalde

La Consejería de Medio Ambiente ejecutó ayer la orden de paralización de las obras de construcción de un complejo residencial compuesto por 24 viviendas unifamiliares en un paraje de Cartajima (Málaga), pequeño municipio de la Serranía de Ronda de unos 200 habitantes. Las obras se realizaban sobre suelo no urbanizable propiedad de un hermano del alcalde y contravenían las leyes Forestal y de Protección Ambiental de Andalucía.

Sobre el mediodía de ayer, agentes de Medio Ambiente y de la Policía Autonómica sellaron las máquinas que trabajaban en la obra y precintaron el perímetro del solar en cumplimiento de la orden de paralización dictada por la Junta.

El alcalde de Cartajima, Alfredo Corbacho (PP), concedió licencia de obra el pasado 26 de febrero a la promotora Los Castaños 3.000 que proyectaba construir un complejo con 24 viviendas unifamiliares. El paraje, denominado Los Bancales, de unos 19.000 metros cuadrados, está tipificado como no urbanizable por ser complejo serrano, y según la Junta su propiedad está registrada a nombre de José Corbacho, hermano del alcalde. Cualquier modificación de esta calificación necesita la autorización de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con informe preceptivo de la Consejería de Medio Ambiente, trámites que el Ayuntamiento se saltó a la hora de otorgar la licencia, según el delegado de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, Ignacio Trillo. Las obras se iniciaron el pasado mes de julio y fueron denunciadas por Ecologistas en Acción.

La Consejería de Medio Ambiente decretó el 15 de julio la paralización cautelar de las obras, al comprobar que éstas vulneraban la Ley Forestal y la de Protección Ambiental de Andalucía. Según la consejería, dicha orden fue incumplida por el titular de la licencia "con el consentimiento del equipo de gobierno municipal que en ningún momento procedió a anular la licencia concedida, ni a atender el requerimiento de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes que inició el procedimiento para su impugnación".

La promotora puso un recurso contra la orden de paralización cautelar ante la Consejería de Medio Ambiente que ésta ha desestimado, por lo que ha ordenado la suspensión de las obras.

Según informó la Junta, en el momento de precintar las obras se encontraban trabajando en las mismas tres operarios, el encargado y el arquitecto que dirige el proyecto que "acataron la orden sin resistencia". Los agentes sellaron las tres máquinas pesadas y un camión empleado en los trabajos de movimiento de tierra y escolleras. La zona afectada tiene una superficie aproximada de 1,5 hectáreas.

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