Campaña por Madrid

Las sesiones de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid concluyeron ayer con el final esperpéntico de que no prosperase ningún dictamen, al votar los tránsfugas en contra de todos los presentados. El PP había impuesto su criterio de reconocer a Tamayo y Sáez el derecho a participar en la votación, contra la opinión obvia de que nadie puede ser juez de su propia causa.

Este desenlace burlesco es coherente con una comisión en la que lo de menos ha sido indagar y lo de más servir de plataforma electoral para los comicios de octubre. Que la actitud de dos personas obligue a volver a votar a cinco millones de ciudadanos, con la posibilidad de que el resultado sea diferente al de la primera elección, establece un gravísimo precedente en relación a situaciones en las que lo apretado del resultado otorgue valor decisorio a los votos de eventuales disidentes. Por eso, habría sido deseable que los partidos concernidos -perjudicado y beneficiario- pactaran un compromiso que garantizase el respeto al veredicto de las urnas.

Ello no fue posible por el grado actual de enfrentamiento entre los dos grandes partidos, y también porque el PP se instaló en la idea de que había sido el vencedor de las elecciones, dado que era la lista más votada. Idea falaz, pues aunque PP e IU concurrieran por separado, ninguno de sus votantes desconocía que, si tenían mayoría suficiente, ambos partidos gobernarían en coalición. Así lo había admitido implícitamente en su momento la candidata popular al reconocer que no tenía mayoría para gobernar.

Sin embargo, una vez que se hizo evidente la imposibilidad de un acuerdo de ese tipo, no había otra salida que las elecciones anticipadas. Simancas hizo bien en desoír las voces de quienes le animaban a aceptar los votos de los tránsfugas para ser investido presidente y disponer con ello de la facultad para disolver en el momento más conveniente. Hubiera sido demasiado lastre para su candidatura ante las inevitables nuevas elecciones.

La comisión ha mostrado compadreos sospechosos, pero no pruebas de que la iniciativa de la espantada fuera del PP. Tal vez, los socialistas fueron demasiado lejos al plantear su acusación en términos tan drásticos. Es posible que en el origen de la disidencia sí hubiera una reacción de despecho de Tamayo, y que ante la falta de receptividad del PSOE a sus amenazas ofreciera sus servicios al PP. Pero aunque hay indicios, no se ha probado que este partido aceptara esas ofertas. Lo que resulta desconcertante es que el portavoz del PP acusara ayer a los socialistas de conocer la que preparaba Tamayo y "no haber hecho nada por evitarlo". ¿Le habría parecido mejor que el PSOE le diera al tránsfuga una consejería para evitar su estampida?

Una paradoja de la situación es que el PSOE ha sido a la vez víctima y responsable de lo ocurrido, por llevar en sus listas a personas como Tamayo y Sáez; y aunque reconoció esto último, no hubo iniciativas que depurasen esa responsabilidad, lo que ha minado la credibilidad de sus denuncias. Pero concluir con el portavoz popular que la comisión ha revelado la existencia de una "actitud ética", la del PP, y una "corrupta", la del PSOE, parece un sarcasmo a la luz de lo que se ha visto y oído estos días. Sobre todo, a la luz de la sangre fría con que ese mismo portavoz ha justificado las irregularidades del máximo dirigente de su partido en Madrid, incluyendo la de mentir ante la comisión.