Objetivo conseguido

No se registraron incidentes en la manifestación de ayer en Bilbao tras haber sido formalmente convocada por una particular y apoyada por dirigentes conocidos de la ilegalizada Batasuna. El número de participantes y desarrollo de la marcha era lo de menos, porque el objetivo pretendido por los convocantes ya se había cumplido de vísperas: conseguir que la Consejería vasca de Interior autorizase la movilización 12 días después de que una convocatoria calcada de la de ayer se celebrase entre gritos en favor de ETA y culminase con la quema de una bandera española.

El brazo político de ETA ha combinado siempre acción institucional y agitación callejera con la clara intención de forzar las costuras de la legalidad y poner a prueba la firmeza del Estado de derecho. Lo lamentable es que se le concedan facilidades. El Departamento de Interior vasco se las ha dado con su trayectoria oscilante y sospechosa de oportunismo. Prohibió la manifestación del día 10 en San Sebastián invocando razones que ya anteriormente habían sido consideradas insuficientes por los jueces. De esa manera, la justicia revocó la prohibición. Cinco días después toleró que se celebrara, a apenas 200 metros del lugar previsto, una concentración prohibida con argumentos que recogían ya el antecedente de lo ocurrido el día 10. Finalmente, autorizó la de ayer en Bilbao invocando una lectura parcial de las resoluciones judiciales anteriores.

Una conclusión no forzada sería que la Consejería de Balza se ha movido por razones de conveniencia, tratando de endosar a los jueces la responsabilidad de prohibir las dos primeras manifestaciones y autorizando la última -como le había pedido el portavoz del PNV, Joseba Egibar- al no conseguir su propósito.

La ilegalización de un partido no implica la privación a quienes militaron en él de sus derechos constitucionales, incluyendo el de manifestación. Pero lo que hay que dilucidar es si el objetivo de los convocantes particulares es ejercer ese derecho o ponerlo al servicio de una formación situada fuera de la ley por su vinculación con una organización terrorista. Lo que no cabe en ningún caso es aplicar la legalidad a conveniencia, intentando penosos equilibrios para no incomodar en exceso a los diputados de un grupo parlamentario, el sucesor de Batasuna, cuyos votos podrían resultar decisivos para aprobar el plan Ibarretxe, según reconoció recientemente el mismísimo Arzalluz.