La Junta ordena a todos sus delegados en Málaga que no hablen con García Marcos
Los socialistas desconfían de las interpretaciones de su ex portavoz municipal de Marbella
La ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos, perdió todo su crédito en el PSOE el día de su inesperada espantada para formar parte de un gobierno de tránsfugas, pero nadie en su antiguo partido le niega su capacidad y habilidad políticas. En previsión de que cualquier hecho fortuito o anecdótico pueda, en su boca, adquirir otro cariz, el PSOE ha transmitido a los consejeros de la Presidencia y Gobernación que ordenen a los delegados de la Junta en Málaga que no mantengan contactos con la ex socialista. La directriz llega hasta el punto de que se les ha pedido que no respondan a llamadas telefónicas de la actual primera teniente de alcalde.
El PSOE no se fía de la versión, interpretación u opinión que García Marcos pueda dar de cualquier conversación que mantenga con uno de los representantes de la Administración de la Junta en Málaga, por muy intrascendente que ésta sea, después de participar activamenente en la moción de censura contra el alcalde del GIL, Julián Muñoz, junto con un grupo de gilistas fieles al fundador del partido y su más acérrimo adversario político durante 12 años, Jesús Gil, y tres ex andalucistas.
Ya en los primeros días en los que se pergeñó la moción, Isabel García Marcos "engañó", a jucio de la comisión ejecutiva federal, a dos concejales socialistas para que apoyaran la iniciativa, haciéndoles creer que la dirección del PSOE la apoyaba. Los dos ediles dieron marcha atrás, pero todavía estos días, una vez expulsada cautelarmente de la organización, quería hacerles creer que, al final, las aguas volverían a su cauce. Este fue el único motivo por el que ayer la gestora de Marbella convocó una conferencia de prensa para dar a conocer que se mantenía la expulsión provisional de García Marcos y del concejal José Antonio Jaén y que se había archivado el expediente disciplinario abierto a Silvestre Puertas y Diego Lara, los dos ediles que retiraron su firma a la moción.
Según fuentes del partido, en los últimos días García Marcos había hecho ver a estos dos ediles que se había entrevistado con dirigentes nacionales de la formación y que las medidas disciplinarias no iban a prosperar.
En la conferencia de prensa, el presidente de la gestora y del partido en la provincia, Juan Paniagua, leyó el requerimiento notarial que el pasado lunes envió la secretaria general, Marisa Bustinduy, a García Marcos en el que se le insta a que deje de utilizar los símbolos y las siglas del partido y la sede del grupo municipal. El pasado 5 de agosto, la dirección provincial del PSOE registró en el Ayuntamiento de Marbella un escrito en el que comunicaba que su grupo municipal quedaba constituido únicamente por los dos ediles que han acatado la disciplina de partido.
El PSOE de Andalucía, a través de la secretaría de Organización, ha pedido a los consejeros de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Gobernación, Alfonso Perales, que ordenen a "todos" los delegados de la Junta en Málaga que no contacten, ni quiera respondan llamadas de teléfono, de Isabel García Marcos, confirmó a este periódico el socialista Luis Pizarro. La única interlocución aceptada es la de la alcaldesa, Marisol Yagüe, por razones institucionales.
La dirección socialista pretende evitar que García Marcos pueda utilizar cualquier posible conversación con representantes del Gobierno autonómico o con sus ex compañeros de partido como un gesto de normalidad y de que éstos aceptan su posición en favor de la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz.
El delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, Luciano Alonso, negó ayer que se tratara de una orden sino una "reflexión" colectiva. "Lo que sí parece razonable", dijo, "es que ya no tengamos una interlocución como compañeros de partido, y esta es una reflexión que compartimos todos los delegados".
Pese a los reiterados requerimientos, García Marcos mantiene su actitud de rebeldía frente a los órganos de dirección. En el requerimiento notarial se le pide que entregue los "enseres materiales" que utilizaba por su condición de concejal del PSOE, pero respondió que no lo hará. "Son cosas nuestras, y no pienso entregarlas para nada, porque sería como dar las llaves de mi casa", dijo, y agregó que irá a la sede del partido "cuando tenga que ir, y no tengo intención de privarme", informa Europa Press. Dijo también que seguirá haciendo declaraciones en nombre del grupo socialista "porque no se puede confundir lo que es el grupo municipal y el partido y porque así lo han querido nuestros votantes."
![Diego Lara, Juan Paniagua y Silvestre Puertas, ayer, en Marbella.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/LN6YERWQIRP3U4XYKGESUV6HOQ.jpg?auth=e9a061647411be68984aa4967ad2e991282d6d6ac72e1fc6b0d1db0bf0c91f01&width=414)
Montaner intentó contactar con dirigentes socialistas sobre la moción
Jaime Montaner, ex consejero de la Junta de Andalucía en los gobiernos de José Rodríguez de la Borbolla (Política Territorial) y de Manuel Chaves (Economía), trató de hacer gestiones ante la dirección del PSOE en favor de la moción de censura en Marbella.
Según han confirmado distintas fuentes consultadas, Montaner llamó por teléfono la misma mañana en que se presentó la moción, el pasado 1 de agosto, al secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE de Andalucía, Salvador Pendón, y al delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano, aunque ninguno de los dos se le puso al teléfono. En los dos casos dejó dicho a la respectivas se secretarias que el motivo de la llamada era la moción de censura en Marbella.
Consultado por este diario, Jaime Montaner dijo ayer en una brevísima conversación: "No voy a entrar a confirmar ni a desmentir nada, no quiero que se ponga en mi boca nada".
Montaner se vió imputado en 1996 por la Fiscalía Anticorrupción en una querella por cohecho y prevaricación que finalmente fue archivada al considerar la Audiencia Provincial de Sevilla que los presuntos delitos estaban prescritos. La denuncia la puso el entonces alcalde de Marbella, Jesús Gil, quien aseguró que en 1985 pagó 85 millones de pesetas a familiares del ex consjero de la Presidencia José Miguel Salinas para conseguir mayor volumen de edificabilidad de lo que permitía el PGOU vigente en una de sus promociones en la ciudad cuando Montaner, como consejero de Política Territorial, era la autoridad que en última instancia tenía que autorizar la modificación. Montaner fue entonces suspendido temporalmente de militancia hasta que se archivó el caso.
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