¿Qué esconden el PSOE y el PA?

El pasado 13 de agosto, Andalucía ha vivido uno de sus episodios políticos más lamentables. Los ciudadanos han tenido que asistir a una bochornosa moción de censura en Marbella dos meses después de que se constituyera el Ayuntamiento. Esta moción de censura no ha sido una moción cualquiera por varios motivos. Primero, se vulnera la voluntad popular que decidió que el alcalde fuera del GIL, nos guste o no. Segundo, no se han explicado las razones que han llevado a presentar esta moción. Tercero, se sustenta en un pacto entre tránsfugas del GIL, PSOE y PA. Cuarto, se carece de programa de gobierno. Y quinto, el PSOE conocía desde un primer momento la estrategia de sus concejales de unirse a una moción junto a la línea más dura del GIL, que lidera el propio Jesús Gil.

Estos días, hemos tenido que ver cómo el escándalo causaba estupor en los ciudadanos mientras los máximos responsables del PSOE, con Chaves a la cabeza, permanecían escondidos sin tener nada que decir o sin querer decir nada.

Ahora que la moción ya se ha consumado, el PSOE habla de la necesidad de disolver el Ayuntamiento. Una decisión tan grave no se puede tomar a la ligera ya que no puede ser un atajo para solventar los problemas internos de los partidos que tienen muy difícil explicación para la opinión pública.

Cuando se habla de disolución, lo primero que se tiene que hacer es justificar con razones de peso los motivos que llevan a tomar esa decisión que, no olvidemos, nunca ha sido tomada en ningún municipio de España.

No se puede actuar alegremente con el fin de distraer la atención, que es lo único que pretende el PSOE. La Constitución recoge que para disolver un Ayuntamiento debe de producirse una situación "muy excepcional" y que, en caso de llevarse a cabo debe de ser el Gobierno de la nación quien la haga efectiva aunque puede ser solicitada por la Junta. Parece lógico que Chaves argumente cuáles son las razones que se producen para que se viva una situación muy excepcional diferente a la de hace dos meses o dos años.

Así, el artículo 61 de la Ley Básica de Régimen Local (LBRL) recoge el ejercicio de una de las posibles medidas excepcionales por parte del Estado respecto de las entidades locales. Las causas que justificarían esta intervención coinciden con el supuesto de hecho que el artículo 155 de la Constitución contempla respecto a las Comunidades Autónomas, es decir, la gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Pero esa gestión gravemente dañosa ha de constituir una situación continuada, pues si se trata de actos o acuerdos aislados que atenten gravemente el interés general de España, el artículo 67 de la misma LBRL recoge otro mecanismo: el requerimiento previo del delegado del Gobierno al presidente de la Corporación y si no fuera atendido, la suspensión del acto y la ulterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Para que proceda la disolución, por tanto, es necesario que los actos dañosos del interés general sean reiterados. Además, se requeriría un daño a los intereses generales, entendiendo por tales aquellos que trascienden a los propios de la entidad, intereses cuya garantía corresponde al Estado y cuya concreción hay que ponerla en conexión con el incumplimiento de las obligaciones que la Constitución impone a la entidad.

Marbella lleva gobernada por el GIL desde 1991. Al PP nunca nos ha gustado la manera de gobernar de este partido, ni con Julián Muñoz ni con Jesús Gil, pero los electores decidieron que gobernasen y que el resto de partidos ejerciéramos en la oposición. Sin embargo, nos encontramos con que la mitad del GIL ha pactado con el PSOE y el PA. Porque, por mucho que ahora se empeñen Chaves y el PSOE, Isabel García Marcos ha sido durante todos estos años la número uno del PSOE en esta ciudad y, desde luego, nosotros no hemos sido los que la hemos puesto en las listas. Es más, cuando saltó la noticia de la moción de censura se supo que el PSOE la conocía, como reconoció en su momento el secretario de Política Municipal del PSOE-A, Salvador Pendón.

Al PP no le sorprende la actuación del PSOE. Son ya muchas los escándalos que salpican a los socialistas. Basta recordar cómo Chaves ha consentido que su partido pacte con tránsfugas en Algeciras y en Écija. Pero si estos casos son llamativos, aún más es el de Estepona, donde el PSOE gobierna junto al GIL y donde, casualmente defiende a sus socios de gobierno para que no sean investigados por el Tribunal de Cuentas. Son ya demasiadas casualidades. Allá donde salta el escándalo está el PSOE implicado y allá donde está el GIL siempre aparece el PSOE. Está cada vez más claro que el PSOE se ha convertido en el sustento del GIL.

Las razones que mueven al PSOE a actuar de esta manera habría que buscarlas en Zapatero y Chaves. Basta ya de que el PSOE culpe a todos de todo lo que le pasa ya que, casualmente, el PSOE es siempre el epicentro de todas estas crisis. Ha llegado la hora de que asuman responsabilidades y de que den claras explicaciones de todo lo que está ocurriendo. García Marcos, al igual que Tamayo y Sáez, han ido en las listas socialistas porque fue el propio PSOE el que los puso ahí ya que durante muchos años han gozado del apoyo de la dirección socialista.

Chaves tiene que dar muchas explicaciones en el Parlamento. No es posible que el PSOE se erija en defensor de la legalidad urbanística en Marbella y, a su vez, rechace la puesta en marcha de una comisión de investigación que sirva para aclarar lo que está ocurriendo en el litoral.

Hay muchas dudas sobre lo que ha pasado y está pasando. El PSOE gobierna con el GIL en Estepona, ahora también en Marbella, y, mientras tanto, Chaves se niega a dar explicaciones. Detrás de todo lo que está sucediendo parece estar la especulación urbanística por lo que desde el PP nos preguntamos, ¿qué esconde el PSOE debajo del ladrillo?

Antonio Sanz Cabello es secretario general del Partido Popular-Andalucía.