Móviles para todos

Los inmigrantes, que ya superan los dos millones en España, son buenos clientes de los operadores de telefonía móvil porque generalmente no disponen de un teléfono fijo al vivir en domicilios de alquiler. Sin embargo, casi todos ellos tienen que optar por un móvil de prepago, debido a que tiene muchas dificultades para conseguir que las compañías les hagan un contrato, con mejores tarifas, según han venido denunciado diversas asociaciones.

No obstante, todas las compañías de móviles coinciden en afirmar oficialmente que a la hora de formalizar un contrato no se hace ninguna distinción por la nacionalidad del futuro abonado, y que los requisitos que se exigen son los mismos que para un ciudadano español o para inmigrante, puesto que van únicamente encaminados a asegurarse frente a posible impagos.

Las compañías afirman que no hacen distinción por la nacionalidad del abonado

En algunos casos a los inmigrantes se les pide fianzas que van de los 300 a los 1.000 euros

En Vodafone señalan que su máxima prioridad es asegurar la veracidad de la identidad del abonado y que, para ese menester, es independiente el pasaporte o el DNI, y que no influye que aporte la tarjeta de residencia o no. Sólo en casos excepcionales se exige una fianza (cuyo importe es variable), y cifran esos casos en el 0,018% del total de abonados de contrato, que ascienden a más de cuatro millones.

En Telefónica Móviles aseguran que tampoco aplican ningún criterio de nacionalidad a la hora de seleccionar sus clientes de postpago. Si el cliente es extranjero y tiene tarjeta de residencia, sólo se le exige el pasaporte o la cuenta bancaria, es decir, como si fuera un ciudadano español. Si no dispone de tarjeta de residencia, se precisa el pasaporte y algún documento que acredite que se vive en España, como la factura del gas o de la luz o un recibo de contribución urbana. Solo si el inmigrante no acredita esta residencia, se le exige una fianza que puede variar entre 300 y 600 euros y. si no se computa ningún impagado, se le devuelve a los seis meses.

De las misma forma se pronuncia Amena, quien se remite a las condiciones del contrato, que se pueden obtener en su página web. En dichas condiciones no se menciona en ningún momento el requisito de la nacionalidad del contratante. Tan sólo se hace referencia para pedir una fianza a los clientes con antecedentes por morosidad o impago.

Frente a esta versión, están numerosas quejas de extranjeros, generalmente no comunitarios, por las trabas que les ponen para hacer un contrato. Así al menos se constató en varias denuncias recibidas en este periódico por inmigrantes a los que les había sido negada la solicitud un móvil con contrato. Tras estas denuncias, tres redactores de EL PAIS de países no comunitarios salieron a la calle a consultar en catorce distribuidores de Amena, Vodafone y Telefónica Móviles ubicados en distintas zonas céntricas de Madrid y elegidos de forma aleatoria, cuáles eran los requisitos que se pedían a los inmigrantes.

Las respuestas fueron disímiles, pero todas apuntaban a una misma dirección: la desconfianza de que los ciudadanos extranjeros no pagaran sus recibos mensuales y dejaran un elevado impagado. Por ello, la primera diferencia de que el contrato lo realice un inmigrante está en la documentación requerida: no basta con presentar el pasaporte y la cuenta bancaria, sino que en la mayor parte de los casos se exige la tarjeta de residencia.

La segunda diferencia es que, aunque se aporte dicha documentación, al inmigrante se le suele pedir una garantía o fianza que se le devuelve en unos meses si no hay impagos y, en, algunos casos, se rechaza su solicitud.

El procedimiento de autorización, según explicaron los distribuidores consultados depende exclusivamente de la operadora del servicio móvil. Tras recibir la documentación, en un periodo que va desde dos a cinco días se tiene la respuesta de la compañía, en función de los antecedentes enviados. Para los inmigrantes que no aportan la tarjeta de residencia, su solicitud es rechazada en la mayor parte de las ocasiones, según señalaron los empleados de las tiendas consultadas.

En el caso de los distribuidores de Vodafone se señaló que es muy difícil que incluso con tarjeta de residente en vigor se autorizara el contrato y que en la mayoría de las ocasiones se solicitaba una fianza que iba desde los 300 euros en un local The Phone House de la plaza de Callao, hasta los 900 euros que solicitaban en otro locales ubicados en Ciudad Lineal, o los 1.000 euros que solicitaban como mínimo en el Corte Inglés de Nuevos Ministerios.

En el caso de Amena, tres distribuidores consultados (uno en Paseo de las Delicias, otro en plaza de Callao y el último en la glorieta de Bilbao) aceptan la tarjeta de residencia como documento acreditativo, pero se aseguran de que esta tenga una fecha de vencimiento cercana al fin del contrato que se va a suscribir, que siempre es por un año. Un cuarto distribuidor de la misma marca (El Corte Inglés de la Puerta del Sol) indicó que era complicado obtener el contrato si se era extranjero, y sugirió acudir a la compañía. Del mismo modo, ninguno aceptó sólo el pasaporte extracomunitario y la cuenta bancaria con el argumento de que los inmigrantes sin tarjetas de residencia "son clientes de más riesgo que muchas veces han dejado cuentas enormes sin pagar".

De la misma forma, los distribuidores de Telefónica Móviles aceptaron sin aparentes problemas la tarjeta de residencia en vigor y una copia de la cuenta bancaria, pero al consultar sobre si era posible realizar el trámite si no se disponía de residencia , la respuesta en los cuatro locales consultados (Ciudad Lineal, Gran Vía y los dos centros de El Corte Inglés ya mencionados) siempre fue la misma: "No es posible de ninguna manera, incluso si se presenta nómina u otro documento". En un quinto local, ubicado en la glorieta de Legazpi, la respuesta fue distinta: "Estamos intentando hacer el trámite con extranjeros sin tarjeta, pero hace poco tiempo que han comenzado a aceptarlo". Claro que para que te acepten hacer un contrato sólo con el pasaporte se debe adjuntar un certificado del banco (que tiene un valor aproximado de seis euros) con una validez no superior a treinta días y en que quede constancia del saldo actual de la cuenta, el saldo medio y que acredite un mínimo de seis meses de antigüedad. Procedimiento un tanto engorroso que según la dependienta, tampoco es garantía de éxito y estaría además sujeto a una fianza de 300 euros. De hecho, en otro distribuidor situado en la Plaza de San Pol se rechazó la solicitud incluso con una nómina alegando que debía ser residente o ciudadana comunitaria para el trámite o depositar una fianza. La dependienta relató que hay veces que se le ha dado la línea a extranjeros residentes y a los 15 días cortan el servicio, como forma de asegurarse que la cuanta la van a pagar, informa Úrsula O´Kuinghttons.

Los distribuidores señalan que estas exigencias son de las compañías de móviles que, en último caso, son las que firman el contrato con el cliente. Sin embargo, cuando el redactor llamó a los números de atención al cliente de las operadoras no se reconocieron ninguna de estas trabas y se desvió la responsabilidad a los distribuidores, señalando que son éstos los que exigen los documentos que estiman convenientes.