La juez de Girona rectifica y retira el permiso al conductor ebrio que mató a un 'mosso'

La juez de Girona que dejó en libertad y no retiró el carnet al conductor ebrio que mató a un mosso d'esquadra el sábado rectificó ayer y ordenó la retirada cautelar del permiso de conducir al automovilista. La magistrada cumple así con la petición del fiscal, después de que su primera decisión provocara un alud de críticas del Gobierno catalán, de las autoridades de tráfico y de distintos colectivos policiales. La consejera de Justicia, Núria de Gispert, propuso ayer reformar el actual código penal para endurecer las penas de los conductores ebrios y temerarios.

La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Girona, Inmaculada Gil, modificó ayer su auto inicial tras comprobar que el conductor, Pere T., había sido condenado hace ocho años por conducir bebido, aunque aquella condena carece de efecto legal en la actualidad. Pere T., de 49 años, atropelló y mató al agente Àlex Arroyo, de 26, el sábado de madrugada en un control de alcoholemia en la N-II a su paso por Fornells de la Selva (Gironès).

El fiscal solicitó ayer la retirada cautelar del carnet al conductor, medida que también exigió el Departamento de Justicia. Éste se personará como acusación particular contra el conductor, que en la prueba de alcoholemia dio 0,67 (el máximo permitido es 0,25). De Gispert cree que en esta ocasión "ha habido más alarma social que en otras" y espera que a partir de ahora la retirada cautelar del permiso a conductores ebrios que provoquen accidentes se convierta en una medida habitual. En declaraciones al diario El Punt, el conductor afirmaba ayer que preferiría haber muerto él antes que el agente. Pere T. decía no recordar como ocurrió el siniestro y explicó que "había bebido cinco o seis cervezas, pero nada más".

Penas más duras

De Gispert también propuso ayer reformar los artículos 379 y 381 del código penal para endurecer las penas de los conductores ebrios y temerarios, porque cree que la actual redacción "es deficiente" y "lleva a una impunidad grave". En el primero de los artículos, la consejera propuso que se castigue a los conductores que circulen con una tasa de alcohol igual o superior a 0,8 gramos por litro de sangre (el límite está en 0,5, pero no es delito, sino falta administrativa) o a 0,4 miligramos por litro de aire espirado (el límite está en 0,25) con una pena de prisión de tres a seis meses y la retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años. En la actualidad, el artículo no fija ningún tipo de tasa y es el juez quien tiene la última palabra. La consejera afirmó que la aplicación de esta norma es "muy desigual" y "compleja", y que son excepcionales los casos en que se retira el permiso. Según ella, la prisión es "la última opción" y se podría sustituir por una pena alternativa.

Según la redacción actual del artículo 381, se imponen penas de prisión y retirada de carné cuando hay "temeridad manifiesta". De Gispert cree que en la mayoría de las ocasiones no existe esta voluntad y reclama que la pena se amplíe a quien cometa una "imprudencia grave" o sobrepase en más del 50% la velocidad máxima autorizada, aunque no haya peligro para la vida o la integridad de terceros.