El Gobierno catalán privatiza la gestión de la carretera de Sallent al túnel del Cadí
El Ejecutivo pagará a la empresa en función del número de coches que utilicen la C-16
Se llama peaje a la sombra y es el método elegido por el Gobierno catalán para la C-16, el Eix del Llobregat, entre Sallent y el túnel del Cadí. Una empresa construirá el tramo de la carretera que va de Puig-reig a Berga y se ocupará del mantenimiento del resto de la vía, ya existente, entre Sallent y Berga y desde esta ciudad hasta el túnel del Cadí. Esta empresa cobrará del erario público en función del número de coches que anualmente utilicen la vía.
El Gobierno catalán ha anunciado en el Diari Oficial de la Generalitat la licitación de una obra singular: la construcción del tramo de la C-16 que va desde Puig-reig a Berga y, a la vez, el mantenimiento de la vía tanto en lo que hace al trecho de nueva construcción como al que va por el sur hasta Sallent y por el norte hasta el inicio de la concesión del túnel del Cadí. El importe de la obra es de 188 millones de euros, pero el pago se hará por un sistema inédito hasta ahora en Cataluña: el peaje a la sombra.
Se trata de un sistema utilizado con frecuencia en el Reino Unido y que en España empleó la Comunidad de Madrid para la M-45. El peaje no lo pagan los conductores, sino el Gobierno, en función del número de coches que utilicen la vía. El pliego de condiciones de la empresa pública GISA lo especifica del siguiente modo: "La contraprestación de la Generalitat será el pago de un canon que vendrá determinado por el número de vehículos/kilómetro que utilicen la vía".
El precio del kilómetro queda a expensas de las ofertas que hagan las empresas que participen en el concurso. El precio del mantenimiento es, de partida, de 1,7 millones de euros al año, dividido en fracciones mensuales y por tramos, aunque las empresas puede modificar en sus ofertas estas cantidades.
El pliego establece que el periodo de construcción de la carretera de Puig-reig a Berga será de 24 meses a contar desde el momento en que sean adjudicada las obras.
La duración de la concesión será de 33 años, aunque cuando hayan transcurrido 20 años el Gobierno catalán podrá ejercer el retracto y rescatar la obra en determinadas condiciones.
La novedad, en este caso, es que no se licita una nueva vía, sino que sale a concurso el acondicionamiento de una carretera pública que ya existe y el mantenimiento de tramos en los que ni siquiera habrá que realizar obras.
El pliego de condiciones establece que para acudir al concurso será necesario crear una empresa nueva, salvo que se trate de firmas que ya se dediquen a la explotación de autopistas. Como sea que la experiencia es también un punto que tener en cuenta, las concesionarias parecen partir con cierta ventaja.
Demanda empresarial
El presidente de la asociación de empresas concesionarias de autopistas, José Luis Feito, ya sugirió hace unos meses que los gobiernos deberían empezar a pensar en sacar a concurso el mantenimiento de las carreteras y autovías libres de peaje. El Gobierno catalán ha sido el primero en apuntarse a esta tendencia, aunque sin transferir el pago a los usuarios directos y cargándolo a todos los contribuyentes.
El anuncio de la licitación de estas obras fue publicado por el DOGC el pasado miércoles, aunque el pliego completo de condiciones tiene que ser consultado en la página electrónica de GISA o en la sede de la empresa.
La oposición socialista reaccionó con perplejidad ante la noticia. "Es evidente que el déficit del Gobierno catalán hace que se dedique cada día a buscar inventos para no pagar lo que hace", afirmó el diputado Manel Nadal. "Este peaje a la sombra es un sistema que se ha buscado para traspasar el pago al actual Gobierno en la sombra", dijo, en referencia al gabinete formado por Pasqual Maragall para controlar al actual Ejecutivo.
"Esta carretera forma parte del eje europeo E-9", explicó Manel Nadal, quien añadió que la falta de financiación europea es una muestra más de la incapacidad negociadora del Gobierno de CiU.
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