Comisión irrelevante

Después de una semana de sesiones de la comisión que investiga en la Asamblea de Madrid el bloqueo institucional causado por la defección de los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez se acrecientan las dudas sobre su utilidad. No sólo se trata de una comisión dominada por el PP, que tiene nulo interés en aclarar una situación de la que saca provecho político, sino que, encima, está ofreciendo un penoso espectáculo sobre la política y la vida interna de los partidos. Los madrileños merecen una explicación creíble de lo sucedido el 10 de junio en su Asamblea y no la tomadura de pelo de una comisión convertida en un mero trámite, obligado de cara a la galería pero absolutamente irrelevante.

De momento, es el Partido Socialista el que sufre el mayor desgaste en un escenario en el que juega en desventaja, no sólo porque los causantes del desastre están en su campo y sospecha que el móvil hay que buscarlo en el campo del PP, sino porque este partido marca las reglas de la investigación y restringe los medios de prueba. El PSOE ha conseguido al menos poner en entredicho los motivos alegados por los tránsfugas para justificar su espantada -supuestos acuerdos internos de reparto de poder y "pactos secretos" sobre la entrega del posible Gobierno PSOE-IU de la Comunidad a "los comunistas"-, pero a cambio de poner al descubierto miserias políticas y luchas internas en el seno de la Federación Socialista Madrileña.

Tamayo ha sido impelido a admitir que, como miembro de la Ejecutiva socialista de Madrid, estuvo al corriente de las listas y de la elaboración del programa electoral y que no se interesó demasiado por las negociaciones iniciadas tras el 25 de mayo para la formación del posible Gobierno PSOE-IU. Su coartada para justificar su incalificable actuación ha quedado gravemente desvirtuada. Y el supuesto altruismo de sus móviles se ha revelado como una pantalla tras la que poder ocultar motivaciones no tan inocentes.

La pregunta que queda en el aire tras su comparecencia es la siguiente: ¿Cómo un partido puede tener en su seno, e incluso en puestos de relevancia, a quien sólo parece interesar la política como trampolín para medrar? Cabe hacerla también en el caso de la diputada Sáez y adquiere todo su sentido en el de José Luis Balbás, supuesto jefe del grupo Renovadores por la Base al que pertenecían Tamayo y Sáez. ¿Cómo los socialistas de Madrid han podido convivir durante años con alguien que actúa dentro del partido como jefe de un grupo configurado como oficina de tráfico de influencias, que hace de árbitro en las situaciones de crisis y se pone al servicio del mejor postor? El PSOE no puede mirar hacia otro lado o permanecer mudo ante la disección de sus interioridades que han hecho personajes a los que ha cobijado durante años bajo sus siglas.

Pero la comisión ha dejado entrever, a pesar del rechazo del PP a las comparecencias más comprometedoras, que los intereses urbanísticos están sobre todo en su campo. Las conexiones fluidas de Tamayo con el constructor del PP Francisco Bravo, y con el abogado próximo a este partido José Esteban Verdes, no han demostrado la existencia de la trama urbanística origen de la crisis según el PSOE. Pero sigue siendo verosímil la hipótesis de que esa conexión político-inmobiliaria, transversal entre gentes del PSOE -Balbás y Tamayo- y del PP -Bravo, Verdes, Romero de Tejada-, estuviera interesada en mantener su statu quo frente al riesgo de un Gobierno PSOE-IU en la Comunidad de Madrid.

El silencio de los constructores Bravo y Vázquez ante la comisión, a los que el portavoz del PP tuvo el gesto de muy dudoso gusto de pagarles el desaire con una felicitación, y el veto del PP a comparecencias relacionadas con el ámbito inmobiliario, la última de ellas la de Sigfrido Herráez, concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Madrid, son pruebas del escaso interés de este partido en aclarar aspectos que le atañen y forman parte del núcleo de la investigación.