CiU bloquea el plan integral del delta del Ebro y escenifica su ruptura con el PP sobre el trasvase

Los representantes de la Generalitat oficializaron ayer su ruptura con el PP en el seno del Consorcio para la Protección del Delta del Ebro (CPIDE) al rechazar el debate del proyecto técnico del Plan Integral del Delta y abandoinar la reunión de este organismo que se celebraba en Amposta (Montsià). La razón es que el plan no incluye un caudal ecológico mínimo y pretende convertir el consorcio en una sociedad mercantil que gestione las inversiones por 560 millones de euros que recibirá el tramo final del río.

Los representantes del Gobierno central, por su parte, consideran que la espantada de los convergentes en la comisión ejecutiva del CPIDE obedece a la proximidad de las elecciones autonómicas y se muestran dispuestos a forzar la aprobación del plan, bien en el propio consorcio, bien en Consejo de Ministros. La Generalitat amenaza con paralizarlo en los tribunales.

El delegado de Ejecutivo catalán en las comarcas del Ebro y presidente del consorcio, Francesc Sancho (CiU), adoptó ayer un lenguaje más propio de los militantes antitrasvase al asegurar que el CPIDE "no puede servir para el mercadeo del agua" y que "las relaciones entre administraciones no pueden ser un paseo militar". Tras tildar de "cutre" la propuesta de plan integral, Sancho aseguró que su contenido dista mucho del borrador inicial. "Nos dijeron que no estaba acabado porque faltaba el régimen hídrico. Pues bien, en éste también falta el régimen hídrico", aseguró. El presidente del consorcio considera que la propuesta de instalar indicadores que recojan datos durante cuatro años para poder fijar un caudal mínimo "es una confesión, una muestra de que no tienen ni idea de cuánta agua hay en el río o de cuánta sobra". "Mientras esperamos cuatro años, las obras del trasvase se harán", añadió.

Medio centenar de militantes de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) se concentraron ayer en Amposta durante la reunión del CPIDE para expresar su disconformidad con los caudales mínimos que proponen CiU y el PP, y para pedir la disolución del consorcio "por estar ligado a un trasvase".El delegado de la Generalitat Francesc Sancho aseguró que el plan presentado ayer por el Gobierno del PP conculca competencias municipales y de la Generalitat, y apuntó la posibilidad de informar a la Unión Europea de "cómo se quiere aprobar este plan". El Ejecutivo de CiU pedirá un estudio jurídico para determinar si la propuesta "reúne los mínimos legales para ser debatida".

Joaquim Fabra (PP), director del órgano de gestión, recordó a los convergentes que, como integrantes de la comisión ejecutiva del consorcio, también habían contratado a los redactores del plan. "No han escuchado a unos técnicos que ellos mismos habían contratado", indicó. Fabra exigió la convocatoria del consejo general para discutir y aprobar el plan, lo que puede sumir al consorcio en un marasmo legal: el consejo general se puede reunir de forma extraordinaria por convocatoria de su presidente, a lo que Sancho se opone, o por petición de un tercio de los consejeros. Mientras que el PP asegura que dispone de ellos, CiU lo niega y promete impedirlo.

El plan no fija por el momento el régimen hídrico del río y los caudales mínimos que permitirían trasvasar agua, a falta de un estudio detallado del comportamiento fluvial mediante la instalación de medidores que recojan datos durante cuatro años. Sí fija como "segura" la cifra de 100 metros cúbicos por segundo, bendecida en el plan de cuenca. CiU había condicionado la aprobación del plan a 135 metros cúbicos por segundo.

El segundo aspecto que CiU rechaza de forma frontal es la conversión del consorcio en una sociedad mercantil que dependería exclusivamente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). "La CHE, día sí y día no, incumple el plan de cuenca", afirmó Sancho.