El PP impide de nuevo que Aznar tenga que explicar en el Congreso su apoyo a la guerra

Las sesiones de la Diputación Permanente del Congreso se han convertido en este mes en la apoteosis del 'no'. 'No' del PP a la oposición, si bien ayer CiU y Coalición Canaria apoyaron algunas de sus negativas. El presidente del Gobierno no tendrá que comparecer en un pleno extraordinario para hablar de las armas de destrucción masiva en Irak, ni los ministros de Defensa y Exteriores en comisión para informar del despliegue de tropas españolas en territorio iraquí; ni habrá comisión de investigación sobre el accidente aéreo que costó la vida a 62 militares españoles.

Tanto CiU como el PNV -el representante de éste no asistió a la sesión de ayer- querían una sesión extraordinaria de la Comisión de Política Social y Empleo para que el ministro de Trabajo informase sobre el nuevo sistema de formación continua. Tampoco se celebrará.

Tampoco prosperó la pretensión de que el director general de RTVE acuda, de inmediato, ante la comisión de control para informar sobre las consecuencias de la sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado a TVE por manipular la información sobre la huelga general del 20 de junio de 2002.

El debate sobre las armas de destrucción masiva en Irak reprodujo argumentos anteriores, si bien Manuel Marín, portavoz socialista, insistió en que las tropas españolas no deberían estar en Irak para ayudar a las potencias ocupantes sino amparadas por Naciones Unidas y en calidad de fuerzas de pacificación, como cascos azules.

Frente a las tesis moderadas del portavoz del PP, Gustavo de Arístegui, Marín argumentó que la ministra de Exteriores, Ana Palacio, se ha alineado con las posiciones más duras del Pentágono (EE UU).

Marín reconoció que la misión española tiene cobertura legal con la resolución 1.483 del Consejo de Seguridad de la ONU pero reprochó al Gobierno y al Grupo Popular que carezcan de valentía para admitir que actúan en calidad de fuerzas cooperantes de la ocupación de Irak y no como fuerzas en misión humanitaria y de reconstrucción de aquél país.

La oposición quería también que la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, y el titular de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, acudieran en agosto para informar sobre la situación de los soldados españoles en territorio iraquí, y en este punto CiU ayudó al Gobierno: votó a favor de la comparecencia del presidente pero rechazó que Palacio y Trillo-Figueroa tengan que informar semanalmente en agosto.

Inseguridad en Madrid

María Teresa Fernández de la Vega, en nombre del PSOE, defendió sin éxito la necesidad de una reunión urgente de la Comisión de Justicia e Interior para debatir medidas extraordinarias ante el alarmante incremento de la criminalidad en la Comunidad de Madrid. Acusó al Gobierno de no tener un plan integral para combatir este fenómeno, le acusó de falta de previsión en cuanto a efectivos policiales y, al igual que Felipe Alcaraz (IU), recordó con sarcasmo que al delegado del Gobierno en Madrid le acaban de robar su coche oficial en el centro de la capital.

Ignacio Gil Lázaro, en nombre del PP, dedicó casi todo su tiempo a replicar la intervención de Alcaraz, acusó al PSOE e IU de desconocimiento y mala fe y hasta se remontó al "antiguo Ministerio de Justicia e Interior" -con mención expresa del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán- para negar a los socialistas legitimidad en sus críticas a la actuación del Gobierno.

La mayor novedad de la reunión de ayer de la Diputación Permanente la aportaron IU y el Grupo Mixto, representado por el diputado de Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, en su intento de que el director general de RTVE, José Antonio Sánchez, explique las consecuencias de la sentencia que la Audiencia Nacional ha dictado contra TVE por "manipulación, vulnerando los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical", en su información sobre la huelga general de junio de 2002. Presentación Urán (IU) recordó que es la primera vez en la historia que ocurre algo parecido y leyó las palabras del director general de RTVE durante una comparecencia en la que aseguró que el director de informativos de TVE cesaría en sus funciones si hubiese una condena judicial contra ese ente público por informaciones que ha difundido.

José Antonio Labordeta, de Chunta Aragonesista, concluyó que le daba lo mismo si José Antonio acudía al Congreso en agosto o en septiembre, pero que lo importante es un debate monográfico y extenso sobre la situación de los informativos en Televisión Española.

Diego López Garrido (PSOE) argumentó que la sentencia, por afectar a derechos fundamentales, debe ejecutarse de inmediato, aunque se recurra ante el Supremo. José Eugenio Azpiroz, en nombre del Partido Popular, rechazó el argumento basándose en la posibilidad de que el Tribunal Supremo absuelva, en un futuro próximo, a Televisión Española, si ésta eleva un recurso.