España recurre la ley británica que regula las elecciones europeas en Gibraltar

El vaivén del contencioso hispano-británico sobre Gibraltar sigue dando noticias de todos los colores. La última acaba de producirse en Bruselas. España denunció el pasado lunes al Reino Unido ante la Comisión Europea, con vistas a presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la legislación electoral aprobada en mayo para las próximas elecciones al Parlamento Europeo. La ley considera a Gibraltar como una circunscripción electoral británica y el Gobierno español sostiene que con ello atenta contra el concepto de ciudadanía europea.

"Se acabó la luna de miel", comentaban ayer diversas fuentes diplomáticas en Bruselas. Y no es para menos, porque apenas existen media docena de casos en la jurisprudencia europea en los que un Estado miembro decide llevar directamente a otro ante el Tribunal de Justicia de la UE. El intenso diálogo mantenido desde 2001 entre el Gobierno español y el británico sobre este asunto, en el ámbito del contencioso bilateral sobre la soberanía del Peñón, no ha dado resultados positivos y, como indicaron las fuentes, España se ha visto "obligada" a actuar ante las instituciones comunitarias una vez promulgada la nueva ley electoral británica, el pasado 8 de mayo.

El asunto se elevó el lunes ante la Comisión Europea mediante una carta notificada en su secretaría general. La acción de Madrid se sustenta en el artículo 227 del Tratado de la UE, por el que cualquier país de la UE puede recurrir ante la Corte de Luxemburgo si considera que otro de los socios "ha incumplido una de las obligaciones que le incumben como Estado miembro". A partir de ahí el Ejecutivo español considera que la ley electoral británica diseñada con vistas a las próximas elecciones al Parlamento Europeo es contraria al derecho comunitario. La denuncia se apoya en tres argumentos jurídicos.

En primer lugar, desde el Gobierno español se advierte que en los próximos comicios a la Eurocámara podrían participar personas que no son ciudadanos de la UE. La ley electoral en cuestión reconoce de hecho la capacidad de los gibraltareños a decidir el censo en función de su propia normativa, según la cual puede adquirir la ciudadanía gibraltareña cualquier nacional de los países que integran la Commonwealth. La duda jurídica que plantea este extremo es que cualquier ciudadano podría votar en dichos comicios por el mero hecho de ser residente en Gibraltar.

El censo del Peñón

Los juristas españoles ponen en evidencia que los ciudadanos de la Commonwealth no son considerados por el propio Reino Unido como ciudadanos europeos. El otro temor que plantea Madrid, derivado de esta situación, es que las autoridades gibraltareñas manejen el censo en el Peñón en función de sus propios intereses, inflando o reduciendo el número de residentes en la colonia británica.

En segundo lugar, la nueva ley electoral británica al Parlamento Europeo "afecta al concepto mismo de ciudadanía europea", según explicaron fuentes diplomáticas en Bruselas. Los expertos jurídicos consideran que se están "dividiendo los derechos" de que gozan los ciudadanos europeos y se están creando "diferentes tipos de ciudadanos" a efectos electorales, pero también a efectos de la libre circulación.

El tercer y último reproche del Gobierno español se centra en el mecanismo utilizado por Londres para definir el ámbito de aplicación de la citada ley electoral, que plantea "serias dudas". Para los juristas, se está "combinando" el territorio de Gibraltar con una circunscripción electoral británica. Madrid considera este hecho una "vulneración" del acta de 1976 relativa a la elección de los representantes al Parlamento Europeo.

"Todo esto nos ha llevado a interponer un recurso contra el Reino Unido", indicaron las citadas fuentes. El Ejecutivo español deja claro que su intención no es la de "impedir" que los ciudadanos europeos que residen en Gibraltar voten o sean elegidos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Es más, se recuerda que ha sido el propio Reino Unido el que ha estado impidiendo el ejercicio de este derecho a los gibraltareños, como pone de manifiesto una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de febrero de 1994.

Esa sentencia obligó al Gobierno británico a modificar su legislación interna para reconocer el derecho de los gibraltareños a aparecer en las listas electorales por Gibraltar en las elecciones al Parlamento Europeo. Es el conocido como caso Matthews. "Sólo tras una condena se han visto obligados a cambiar su legislación interna", indicaron las fuentes consultadas.

La ley electoral británica de 1976 que reguló las elecciones al Parlamento Europeo limitó su ámbito de aplicación al territorio del Reino Unido, y excluyó, por tanto, a Gibraltar. La sentencia de la Corte de Estrasburgo obligó a Londres a extender el voto a los gibraltareños. En un principio, el Gobierno británico optó por incorporar a la colonia como una circunscripción electoral británica más con derecho a un eurodiputado. A España no le gustó la idea y el Reino Unido aceptó modificar su ley electoral.

El Gobierno español dejó claro en todo momento que cualquier cambio debía producirse respetando los límites obvios que enfrentan a los dos países en el contencioso bilateral sobre la soberanía del Peñón.

La Comisión Europea deberá emitir un dictamen con su opinión sobre este asunto en un plazo de tres meses, después de haber escuchado las alegaciones de las partes en litigio. Si el Ejecutivo comunitario opta por no pronunciarse sobre la ley electoral británica, esto no impedirá que el Gobierno español pueda acudir directamente ante el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo. De momento, Madrid no ha pedido la anulación de la ley como medida cautelar y tampoco descarta que Londres modifique la normativa antes de conocerse la opinión de Bruselas.