Las 'embajadas' de muchas Españas

No hay sólo una España en el mundo. Las 17 autonomías españolas han puesto una pica en Bruselas. Todas ellas poseen una delegación institucional ante la Unión Europea. Cataluña cuenta con 50 oficinas comerciales y culturales repartidas por todo el mundo, además de dos embajadas, dos centros catalanes y una oficina de asesoramiento laboral en Varsovia. Euskadi tiene cuatro delegaciones gubernamentales en Latinoamérica. La Xunta de Galicia, dos: una en Buenos Aires y otra en Brasil. La Junta de Andalucia ha desplegado 12 oficinas comerciales en el extranjero, y la Generalitat Valenciana otras 24. Incluso la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) han abierto despacho en Bruselas.

El Gobierno de la Generalitat ha situado al frente de su oficina de Casablanca (Marruecos) a un declarado independentista, Àngel Colom

Desde el inicio de sus respectivas legislaturas, Pujol ha viajado 67 veces al extranjero; el 'lehendakari' Ibarretxe, 27; el andaluz Chaves, 16, y Fraga, 4

La presencia in situ ha ido acompañada por numerosos desplazamientos institucionales. Desde el inicio de sus respectivas legislaturas, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha viajado 67 veces al extranjero; el lehendakari Juan José Ibarretxe, 27; el andaluz Manuel Chaves, 16, y Manuel Fraga, 4.

Política de hechos consumados

Desde que en 1994 una sentencia del Tribunal Constitucional reconoció al Gobierno vasco su potestad para abrir una delegación en Bruselas, las distintas comunidades autónomas, al amparo de sus competencias, iniciaron una carrera sin freno por estar presentes en el mundo. A veces con la aquiescencia del Gobierno central, la mayoría pese a su oposición y en otras, como en el caso de Cataluña, provocando un abierto enfrentamiento institucional a partir de la política de hechos consumados.

Lejos quedan los años ochenta, cuando el consejero de Comercio y Turismo catalán, Francesc Sanuy, tuvo que pagar con su propia tarjeta de crédito los gastos de organización en Londres de un seminario empresarial y comercial, porque la Dirección General de Transacciones Exteriores no autorizó la transferencia bancaria. O cuando La Moncloa elevó una protesta formal ante el Gobierno checoslovaco porque Jordi Pujol fue recibido con honores de jefe de Estado.

Ahora, el Ejecutivo del PP contempla este despliegue internacional con recelo y procurando sobre todo que las autonomías no interfieran en los designios de su tablero diplomático. Y cuando está disconforme con alguna actuación, sencillamente impide al embajador respectivo acudir a los actos organizados por las autonomías. Poco más puede hacer, porque la mayoría de estas delegaciones limitan su campo de actuación a sus competencias en cultura, comercio, turismo, lengua o industria.

Pero lo cierto es que muchos gobiernos, como el socialista, fracasaron en su intento de poner orden a este "descontrol", como lo calificó en 1993 el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray. En la actualidad, España carece de una ley reguladora. Pero tampoco la posee Canadá, donde el Gobierno federal respalda y fomenta este tipo de representaciones de sus provincias. Por ejemplo, la francófona Quebec cuenta con alguna de sus delegaciones dentro de las propias embajadas canadienses. Extremo inconcebible en el caso español.

"El Gobierno no nos puede impedir esta acción exterior, porque sería negarnos el pan y la sal y Cataluña necesita estar presente en el mundo de forma eficaz para que nuestro proyecto de futuro no quede cojo", manifiesta desafiante el conseller en cap del Gobierno catalán, Artur Mas, que hoy finaliza un periplo por cuatro países latinoamericanos. Mas anunció esta semana la apertura de cuatro consulados cívicos, en México, Chile, Buenos Aires y Paraguay, y dos embajadas, en Nueva York y Singapur. Y el secretario general de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran Lleida, remachó: "Lo vamos a hacer caiga quien caiga". El Gobierno de la Generalitat quiere además dar rango de departamento al actual secretariado de Relaciones Exteriores a partir de la próxima legislatura, siempre y cuando CiU gane las elecciones autonómicas de otoño.

A pesar de la carga electoral de las palabras de Mas y Duran, el conseller en cap no se ha prodigado en diplomacia en sus salidas al extranjero. En raras ocasiones Jordi Pujol mantuvo un conflicto diplomático con las autoridades españolas. Pero al delfín de Pujol ya le han boicoteado dos embajadores, en noviembre en Varsovia en la inauguración de la oficina de trabajo, y en marzo en Casablanca, en la apertura de la embajada catalana.

La Generalitat no publicó hasta principios de este mes un decreto que regula este tipo de oficinas internacionales. Siempre había practicado la política de hechos consumados, hasta que en marzo el Ministerio de Asuntos Exteriores le preguntó con qué base legal abría su delegación en Marruecos. El incidente es de los más duros que se recuerdan. El Gobierno de la Generalitat situó al frente de su oficina de Casablanca a un declarado independentista, Àngel Colom, y publicó además un reportaje publicitario de 16 páginas en el rotativo Aujourd'hui, controlado por el Ministerio del Interior y el periódico más beligerante con el Gobierno español durante la crisis diplomática con Marruecos por el islote Perejil.

Cierta envidia

Los gobiernos español y catalán ya han reorientado el conflicto. Nadie se entromete en el trabajo del otro. Tampoco cuando la Cámara de Comercio de Barcelona organizó una misión empresarial a Marruecos con el apoyo de la Embajada española y obviando a la delegación de la Generalitat. No hay intromisión, pero sí cierta envidia.

La Generalitat no es la única administración que carece de legislación sobre la apertura de oficinas en el extranjero. La Xunta de Galicia tampoco lo ha hecho, pero ésta se apoya sobre todo en la extensa red de centros de emigrantes repartidos por casi toda Suramérica, pues la gallega es la diáspora española más numerosa. La delegación en Floria-nópolis (Brasil) es compartida con la Cámara de Comercio de Pontevedra y tiene firmados convenios con la totalidad de estados del sur de Brasil.

Sólo el Gobierno vasco ha legislado sobre la cuestión y hace un decreto cada vez que abre una nueva delegación. Euskadi posee representaciones gubernamentales en México, Venezuela, Chile y Argentina, y practica una política de transparencia presupuestaria. Este año gastará 20.819.000 euros en su actividad internacional.

En cambio, la oposición parlamentaria en Cataluña choca repetidamente con la opacidad del Gobierno de CiU, que se niega a ofrecer datos sobre el coste de los viajes internacionales de sus consejeros. En algunos, como el de junio del año 2002 a Cuba, el séquito de Artur Mas estaba compuesto por casi una veintena de personas.