Honrar a la Constitución

El 25º aniversario de la Constitución de 1978 es una buena ocasión para conmemorar su valor político y jurídico y el papel central que ha ocupado y va a seguir ocupando para organizar una sociedad española bien ordenada y un estatuto justo del ciudadano. Los poderes públicos y la sociedad, en sus organizaciones culturales, políticas y universitarias, están impulsando muchas iniciativas en este sentido, como seminarios, ciclos de conferencias, publicaciones, etcétera. Seguramente, de todos esos esfuerzos saldrán ideas de renovación y criterios políticos y jurídicos que impulsarán la crítica teórica y el análisis de la praxis constitucional. También pueden servir para reflexionar sobre algunas desviaciones serias, que desde que gobierna el Partido Popular se están convirtiendo en muchas ocasiones en mutaciones constitucionales. Si a los Gobiernos del Partido Socialista se les puede reprochar que no llevasen hasta sus últimas consecuencias las opciones más abiertas y progresivas -que es la mejor forma de honrar a la Constitución- en el ámbito social y en el desarrollo institucional del Estado aconfesional y laico, al PP se extiende el reproche hasta la desvirtuación de la Constitución en aspectos de principio muy esenciales. Es verdad que el desarrollo de los tres derechos sociales principales -a la educación, a la protección de la salud y a la Seguridad Social- los impulsó el PSOE hasta extremos nunca alcanzados, pero al tiempo no reguló con normas generales protectoras de lo público los procesos de privatización de empresas públicas, lo que ha permitido el patio de Monipodio en que se han convertido esos procesos bajo el Gobierno del PP, con una ingeniería que desvía o impide en la realidad la auténtica privatización.

Tampoco fue capaz de establecer unas relaciones estables con la Iglesia católica, sometiéndola a la Constitución y a la Ley española, en igualdad de condiciones con las demás Iglesias y confesiones, y superando desde una negociación eficaz ese insólito estatuto de internacionalización que entiende que el Estado Vaticano es el superior de la Iglesia católica española y que puede actuar en su nombre y regular en un Tratado Internacional sus derechos y obligaciones en España. La indecisión sobre el estatuto de la enseñanza de la religión en la escuela, aceptando la propuesta de que los profesores elegidos por la Iglesia y libremente destituidos por ella son pagados por el Estado con fondos públicos, ha tenido el último paso dado por el Gobierno del PP de incorporarla como asignatura obligatoria con efectos en las evaluaciones, con lo que se produce la más flagrante violación de la Constitución que se pueda concebir.

Todavía queda otro error de los Gobiernos del PSOE de mucha trascendencia, cuando permitió que no se llevase a efecto -toda vez que los acuerdos económicos lo fijaron y se llegó al plazo establecido- la renuncia de la Iglesia a financiarse con fondos públicos. Esta permisividad para el incumplimiento alienta los oscuros y profundos criterios de la Iglesia de estar por encima de la Constitución y de las leyes. Sorprende también la aplicación por la Iglesia de los dos raseros aceptando el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en esos acuerdos y exigiendo su cumplimiento en otros casos en que pudieran favorecerla.

Ninguna de estas situaciones honra a la Constitución, y en lo que hasta ahora he señalado hay una indudable culpa del anterior Gobierno, que, sin embargo, ha sido ampliamente desbordado en esos campos por las medidas del Gobierno del PP.

A partir de 1996, con relación a la Constitución, el Gobierno ha impulsado dos mensajes reiterados hasta la saciedad: el Gobierno y el Partido Popular son los únicos defensores y protectores reales de la Constitución; y el Gobierno, con el apoyo de la Constitución, mantiene la unidad de España frente a la aventura soberanista del Partido Nacionalista Vasco de Ibarretxe.

La primera idea es claramente falsa, porque esa tarea ha correspondido desde 1978 al Partido Socialista Obrero Español. Salvo que renuncien a la herencia de Alianza Popular, no pueden olvidarse ni el voto particular de Fraga a todo el Título Octavo, ni otras reticencias parciales como la regulación del derecho de huelga. Es verdad que hoy es un entusiasta defensor del Estado de las autonomías y presidente de la comunidad autónoma gallega, pero eso es un acierto que parte de la rectificación del criterio inicial.

La segunda es fundamentalmente cierta, pero no sólo del PP, sino del PSOE. Los dos partidos se apoyan en ese tema, y sus militantes y cargos públicos sufren las consecuencias en sus bienes y en su integridad física, e incluso en sus vidas. Los grandes impulsores de la Constitución, el núcleo central del consenso, fueron UCD y PSOE, y, desaparecida aquélla, el PSOE ha representado en solitario ese papel, con el apoyo en muchos casos de la Convergència Democràtica de Catalunya de Miquel Roca y la Izquierda Unida de Llamazares. En ambos casos, sectores de esos dos grupos en Cataluña y en el País Vasco han hecho propuestas que obligan a dudar de la homogeneidad de sus opiniones constitucionales. El PSOE mantiene la lealtad y no puede ser expropiado de esa legitimidad. Lo cierto es que en la Constitución, si se analiza con rigor, se constata que dentro de su carácter abierto tiene un fuerte componente progresivo con dimensiones liberales y sociales muy equilibradas, y con una raíz iluminista que se detecta por doquier, desde unos valores y procedimientos moderados y su rechazo de los extremismos. Son los rasgos de sociedades abiertas y pluralistas. Por eso no basta con llenarse la boca de afirmaciones voluntaristas de defensa de la Constitución si no se ha entendido lo que Häberle llama la Constitución cultural, como el conjunto de ideas y de concepciones filosóficas que la inspiran. La dignidad humana, el contractualismo, la soberanía popular, el principio de las mayorías, la limitación del poder, el sometimiento de los gobernantes a la Ley, la laicidad y la tolerancia constituyen los elementos centrales del depósito de la cultura política y jurídica de la modernidad.

Si vemos el tema desde el punto de vista subjetivo, estamos ante el talante, el espíritu con que cada persona y cada grupo afrontan la convivencia, y la actitud con que aplican, respetan y obedecen las normas de la Constitución. Para que este proceso se traslade a esa dimensión subjetiva esnecesaria la educación, esa pedagogía de la libertad que debe ser acompañada por el cumplimiento fiel del espíritu y no sólo de la letra de la Constitución. Así, estaremos en la Constitución como vida en común, donde los ciudadanos, los grupos que éstos forman y los operadores públicos se sienten integrados por los valores y por las reglas del juego constitucional. Se expresa por la adhesión y por la lealtad y se actúa desde la amistad cívica y desde la cooperación. Con la Constitución como vida se vislumbra la idea de patriotismo constitucional, y estamos en el aspecto visible del pacto social, dinámico y abierto que se plantea históricamente en cada tiempo por la expresión práctica de ese sentimiento y de esa voluntad constitucional.

Tengo muchas dudas de que cuando el presidente Aznar y sus compañeros hablan de su respeto y de su apoyo monopolístico a la Constitución tengan en su mente esas ideas de la Constitución como cultura y como vida. Probablemente están pensando en ideas más simples y desde una perspectiva más instrumental. Seguramente la formación cultural de muchos dirigentes del PP tenga poco contacto con el pensamiento ilustrado, y mucho más con el liberalismo mínimo de Noziek, con los teóricos conservadores que asesoran al presidente Bush y con el trasfondo del pensamiento de Bonald, De Maistre o de nuestro Donoso Cortés, tan admirado por Carl Schmitt. Para éstos, la Constitución es como un orden natural e histórico. Esos bagajes intelectuales no son el mejor equipaje para comprender y asumir la Constitución con sus principios y valores y como forma de vida. Quizás eso explique la posición de desconfianza ante la Constitución que expresó Aznar en aquellos primeros años de la transición.

Pero mejor que las conjeturas sobre la formación intelectual de los miembros del PP, que pueden ser infundadas, podemos ir a los hechos, que son más seguros. Hay en las formas y en las actitudes políticas del Gobierno y del Partido Popular comportamientos que chocan frontalmente con la cultura constitucional y que ponen de relieve que, por desgracia, no viven la Constitución como vida.

Quizás el más significativo y el más relevante de esos rasgos sea el desprecio con el que tratan a la oposición, la falta de aceptación y de reconocimiento de la alternativa que supone la oposición. El tratamiento agresivo, despectivo y la falta de respeto que presentó el presidente del Gobierno ante José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo talante es exactamente el contrario, en el debate sobre el estado de la nación, es un signo de que no concibe al líder de la oposición en el Gobierno, y que su metodología es la dialéctica del amigo-enemigo, que está en las antípodas del comportamiento político de un demócrata. Reconozco que fue para mí una auténtica sorpresa en el debate de investidura en la Asamblea de Madrid ver a doña Esperanza Aguirre con el mismo talante, descalificando y considerando deshonestos a todos y cada uno de los militantes de la Federación Socialista Madrileña, entre los que me encuentro. Fue una buena aprendiz de esa dialéctica del odio que es rotundamente incompatible con nuestra Constitución.

Al mismo nivel se encuentra el apoyo del Gobierno del PP a una guerra de invasión inmoral e injusta como la de Irak, y que ha producido en los Gobiernos aliados unas técnicas de envilecimiento y de engaño a sus ciudadanos y a sus Parlamentos igualmente incompatibles con los valores constitucionales.

Debemos añadir el déficit democrático, que no cabe en la Constitución, de negar a las Cortes Generales intervención en un asunto tan trascendental no sólo negando que deban autorizar, sino incluso negando que deban conocer. Por la prensa, como los demás ciudadanos, los parlamentarios se han enterado de que 1.300 soldados españoles formarán parte, con el amparo de las potencias ocupantes, de las fuerzas de ocupación de Irak ¿Es ésa la forma de honrar a la Constitución?

Por fin, en un puesto clave para impulsar y defender la Constitución, hay un funcionario, el fiscal general del Estado, con aspecto de ancianito bondadoso como las ancianas de Arsénico por Compasión, cuya principal tarea es arbitraria y descaradamente proteger al Gobierno y al PP. Responde desigualmente ante transfuguismos, según afecten al PSOE o al PP, con un descaro y con una seguridad que sólo puede producir estupor. No es un modelo como el que concebimos para la Constitución. Representa más bien el antimodelo, y supone un comportamiento permanente de jurista sumiso. Si Aznar y el PP creyeran realmente en la Constitución, no mantendrían ni un día más al señor Cardenal en su puesto.

Recientemente ha dicho Aznar que el proceso de su sucesión es transparente, y se ve que se lo cree y está muy orgulloso de ello. Puede estarlo respecto al dominio, al control y a la sumisión de su partido. Sus dirigentes y militantes son como esclavos felices que aceptan su veredicto sobre su sucesor, naturalmente sin un congreso que lo designe. Sólo será la mano de Aznar la que en última instancia decidirá. No se comprende el entusiasmo del PP cuando el procedimiento, si es que puede recibir ese nombre, es sólo la voluntad de Aznar y no responde a las exigencias democráticas ni a los principios que se desprenden del artículo sexto de la Constitución: "... Los partidos políticos expresan el pluralismo político (...). Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". En este tema es donde se ve que Aznar se vuelca más personalmente y donde se refleja mejor su talante político, desnuda su pensamiento, que es autoritario, arrogante y protagonista, pero de ninguna manera democrático. ¿Son compatibles todos estos hechos que hemos narrado con la Constitución? ¿Permiten honrarla y conmemorar decentemente su 25º aniversario? Parece que no, y no será desmesurado afirmar que estos señores conmemorarán, que no honrarán, el 25º aniversario de la Constitución desde un espíritu muy alejado de la misma, desde la hipocresía que es ese homenaje que el vicio rinde a la virtud.

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho y rector de la Universidad Carlos III de Madrid.