La crisis de la Comunidad, lastre de la política municipal

La crisis institucional de la Comunidad de Madrid, que obliga a Alberto Ruiz-Gallardón a compaginar su cargo de alcalde con el de presidente en funciones del Gobierno regional, y que ha salpicado a su equipo con sospechas de su implicación en la supuesta trama inmobiliaria de Madrid, ha condenado la gestión municipal a un extraño impasse que denuncian los portavoces de la oposición.

"Ruiz-Gallardón tiene la cabeza en otro sitio. Pero el Ayuntamiento requiere dedicación exclusiva", advertía ya hace días Inés Sabanés, de IU. Desde el PP aseguran que si hay una cierta sensación de parálisis es sólo por la cercanía del verano y por el hecho de que el equipo de Ruiz-Gallardón, procedente casi al completo de la Comunidad, está aún de mudanza.

Lo cierto es que todavía no se ha cumplido ni un tercio de los cien días de cortesía que se le dan a cualquier gobierno para poner en marcha sus promesas electorales. Pero en el PSOE e IU subrayan la prisa que se ha dado Ruiz-Gallardón en aprobar decretos que restan poder a la oposición y refuerzan al gobierno municipal, y la comparan con la lentitud que, aparentemente, reina en el resto de su gestión.

Proyectos estrella

Los dos proyectos estrella de la campaña electoral del PP, el enterramiento parcial de la carretera de circunvalación M-30 y la reforma de la Policía Municipal para sacar más agentes a la calle, están aún en fase de "estudio". La primera se enfrenta a un obstáculo financiero: el gobierno municipal aún no sabe de dónde sacar los 2.000 millones de euros que cuesta el plan, y busca estos días la forma de crear una empresa pública que asuma la deuda y se ocupe de los trabajos.

El obstáculo para llevar a buen término la segunda gran promesa del alcalde es jurídico: la ley vigente impide a Ruiz-Gallardón liberar a la policía de las labores de regulación del tráfico y sustituirla en esas funciones por un cuerpo de funcionarios no policías. El regidor confía en que la futura Ley de Grandes Ciudades, que debe aprobarse antes de fin de año, sí reconozca esa posibilidad, lo que le permitiría poner a patrullar a 1.500 agentes más.

El tercer pilar del programa de Ruiz-Gallardón prometía crear en cuatro años 75.000 nuevas viviendas, 40.000 de ellas en la almendra central de la ciudad, fruto en su mayoría de la rehabilitación de edificios ruinosos, vacíos o infrautilizados. La Concejalía de Urbanismo ya sabe cómo va a hacerlo: ofrecerá a los dueños de esos pisos suelo en los nuevos barrios de la periferia a cambio de que cedan los edificios en ruina al Ayuntamiento para que los rehabilite. A día de hoy no hay todavía convenios o acuerdos firmados con ningún propietario.