Un juez cree que la Ley Financiera y la norma autonómica son inconstitucionales

Cada vez está mas claro que será el Tribunal Constitucional el que decida sobre el conflicto entre la Junta y el Gobierno a cuenta de Cajasur, la entidad controlada por la Iglesia y presidida por el sacerdote Miguel Castillejo. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, Pedro-José Vela, en un auto de la pasada semana, ha decidido elevar una cuestión de constitucionalidad sobre la Ley Financiera de noviembre de 2002, norma con la que el Gobierno sustrajo el control administrativo de Cajasur a la Junta. El juez también quiere que el Tribunal se pronuncie sobre la modificación de la Ley andaluza de Cajas que impulsó la Junta para dificultar la adhesión de la caja a la norma estatal.

En ambos casos, el juez cree que se trata de normas contrarias a la Constitución. El magistrado debía decidir sobre la legalidad del acuerdo del Consejo de Administración de Cajasur para adherirse a la Ley Financiera, acuerdo impugnado por la Junta y la Diputación de Córdoba. Cajasur aprobó en ese Consejo el estatus especial que la nueva norma establece para las cajas fundadas directamente por la Iglesia, requisito que sólo cumple la entidad cordobesa. Sobre esa disposición de la Ley Financiera, que reserva el control administrativo de Cajasur del Gobierno en detrimento de la Junta, el juez estima que puede vulnerar el Estatuto de Autonomía y que el acuerdo con la Santa Sede no justifica el cambio normativo.

Pacto PSOE-IU

Tambien duda el juez de la constitucionalidad de la modificación legal que introdujo la Junta en la Ley andaluza de Cajas, aprovechando en diciembre la tramitación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. El cambio autonómico suponía que para que Cajasur pudiese solicitar el estatuto especial de la Ley Financiera, debía conseguir el visto bueno de la Diputación, una mayoría holgada en la Asamblea y un informe positivo de la Junta. El magistrado cree que el cambio en la norma autonómica vulnera los principios constitucionales de "irreprocidad" y "seguridad jurídica", al tratar de aplicarse a un hecho "consumado" -el Ministerio de Economía había ya aprobado la solicitud de Cajasur- y utilizar una Ley (la de Acompañamiento) con "un objeto completamente distinto".

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, el socialista Francisco Pulido, dijo ayer que el pacto que su partido suscribió con IU para designar la representación de la institución provincial en Cajasur no esta roto. Pulido se refirió así a la asistencia de Francisco Cárdenas (IU) al Consejo de Administración de la entidad a pesar de que había rehusado a su designación por la Asamblea, que rechazó como primera opción de ambas formaciones al candidato Antonio Fernández Poyato.

Pulido aseguró que la representante de la Diputación para la comisión de control, la socialista María Porcel, dimitirá por escrito, para que ocupe su puesto la suplente Francisca Lozano de IU. La "necesidad" de la renuncia escrita de Porcel fue el principal argumento de Cárdenas para asistir al Consejo.