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La juez Palacios prorroga otros dos años la prisión preventiva de Camacho

El propietario de Gescartera deberá pagar una fianza de 3 millones para salir de prisión

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha decidido prorrogar durante otros dos años la situación de prisión eludible con fianza de 3 millones de euros para el propietario de Gescartera, Antonio Camacho, tal y como le había solicitado el fiscal, Vicente González Mota.

Camacho cumplirá el próximo día 17 dos años en prisión preventiva y por eso la juez decidió estudiar si podía prorrogar la medida cautelar o si, por el contrario, tenía que dejarle automáticamente en libertad.

La juez ha concluido que la conducta de Camacho puede constituir un delito de estafa o de apropiación indebida agravado, ya que los fondos desaparecidos en Gescartera ascienden a "miles de millones" [de pesetas] que pertenecían a múltiples perjudicados, "inversores que más allá de querer obtener cuantiosos intereses dejaron en manos, y confiados en su buena fe, de la entidad Gescartera lo que sencillamente fueron sus ahorros". Por ello, la magistrada concluye que la pena que puede corresponder a Camacho es superior a la de prisión menor (seis años), lo que le habilita para mantener la prisión preventiva.

Además, la juez considera que Camacho puede fugarse, y así lo recoge en su auto al precisar que por su juventud, su falta de arraigo patrimonial transparente y conocido del que dependan varias personas, puede tener la tentación de no cumplir la pena y marcharse "a pesar de las más que inconveniencias de lo que debe de ser una huida por la continua persecución a la que se sabe sometido cualquiera en esas circunstancias y hasta miedo a ser reconocido". Y agrega la juez que frente a la alegación de su defensa de que carece de bienes con los que fugarse, hay que pensar que quizá los bienes que posee se encuentran en el extranjero.

La magistrada, que rechaza que Camacho haya colaborado con la Justicia, menciona que en el informe de los peritos del Banco de España, que obra en la causa, se atribuye a Camacho la distracción en su propio beneficio de más de 1.000 millones [de pesetas] a través de sus cuentas o cuentas vinculadas, al tiempo que disponía de fondos en beneficio de otros, "siempre contra los mismos ingresos que no eran sino los de los inversores de Gescartera".

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