El PP impide la investigación a sus altos cargos

La investigación sobre la trama de los tránsfugas de la Asamblea de Madrid tiene las alas cortadas de antemano. El PP aprovechará su "mayoría de calidad" en la comisión de investigación que arrancará el próximo martes para vetar comparecencias que tanto el PSOE como IU consideran cruciales para aclarar si detrás de la fuga de Eduardo Tamayo y Teresa Sáez se esconde el PP. El hecho de que el voto del Grupo Mixto no compute por estar inhabilitado para la indagación por su supuesta participación en los hechos investigados, hace que el PP tenga los mismos votos que suman IU y PSOE y, en caso de empate, imponga el voto de calidad.

Los populares han manifestado públicamente su intención de proteger a toda costa de la lupa parlamentaria al secretario general del PP-Madrid, Ricardo Romero de Tejada. Éste recibió en su despacho sólo unas horas después de que estallara el escándalo en la Asamblea de Madrid a un constructor, Francisco Bravo, que había reservado y pagado las habitaciones de hotel donde se escondieron por unas horas los tránsfugas Tamayo y Sáez.

Los populares quieren citar al secretario regional de organización del PSOE

Rafael Simancas, portavoz socialista, denuncia el escándalo. "Romero de Tejada está en el centro mismo de la trama, es el interlocutor de Tamayo a través de Verdes. Recibe en la sede del PP al constructor que ha escondido a Tamayo. Es una pieza clave. Si no comparece en la comisión, ésta pierde buena parte de su capacidad para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Nos parece un escándalo. Nosotros no vamos a vetar la presencia de nadie. Lo admitiremos sin ninguna dificultad. Tienen miedo a las respuestas que pueda dar Romero de Tejada".

El PSOE quiere saber si Romero de Tejada supo de la espantada que se preparaba y la amparó. El dirigente del PP ya explicó en su día que había recibido en la sede central del partido a Bravo como intermediario de una operación política que fracasó: se trataba de impulsar un pacto entre concejales independientes (expulsados por el PP dos años antes) y ediles del PP de Sevilla La Nueva para formar Gobierno. Bravo tiene numerosos intereses urbanísticos en ese municipio a través de Euroholding, la empresa cuya propiedad comparte con su tío, Francisco Vázquez. El secretario general del PP-Madrid, según sospechan los socialistas, también tuvo otra fuente de información privilegiada para conocer de las andanzas del tránsfuga socialista. José Esteban Verdes, abogado, afiliado y ex compañero de banco de Ricardo Romero de Tejada le llamó por teléfono en las horas cruciales de la espantada. Casi a la vez que Tamayo estaba llamando a Verdes, amigo de hace cuatro años, para buscar asesoramiento jurídico en esos momentos previos a su espantada en compañía de Teresa Sáez.

La tesis de Simancas, que esperaba ser investido presidente de la Comunidad de Madrid y que se quedó a las puertas por culpa de los tránsfugas, sostiene que la traición está impulsada por sectores del mundo inmobiliario madrileño que veían peligrar sus negocios con un Gobierno de izquierdas.

Basándose en esa creencia, los socialistas reivindicarán la necesidad de que comparezcan ante la comisión de investigación los actores políticos y empresariales de grandes operaciones urbanísticas en Alcorcón, Sevilla La Nueva, Villaviciosa de Odón y Navalcarnero. En estos municipios se han aprobado planes urbanísticos donde Euroholding, la empresa de los Bravo-Vázquez, tiene múltiples intereses.

Al PP, según indicaron ayer sus responsables, le interesa más la trama de la Federación Socialista Madrileña. Por eso tienen interés en que comparezcan, además de Tamayo y Sáez, el jefe de los renovadores por la base, José Luis Balbás, propietario de numerosas empresas del sector inmobiliario que ha dado trabajo a uno de los tránsfugas. El PP también cita a Antonio Romero, secretario de organización de la Federación Socialista Madrileña (cargo homologable al que ocupa Romero de Tejada en el PP). "No tiene nada que ver con todo lo ocurrido, pero no pondremos ningún veto a su presencia", contestó ayer Rafael Simancas.

El próximo martes, la comisión de investigación empezará a dilucidar qué personas son citadas a declarar. Al PP le incomoda la petición de comparecencias a sus alcaldes y ex alcaldes. Incluso está dispuesto a rechazar la presencia en la comisión de altos cargos regionales. El PSOE lo argumenta así:

- Sevilla la Nueva. El ex alcalde Ángel Batanero fue expulsado del PP en 2001. Está imputado por la Fiscalía en relación con supuestas anomalías urbanísticas en su municipio. Su empresa vende las viviendas que construye Euroholding en Sevilla la Nueva. Una de esas viviendas fue comprada por Fernando Bastarreche, director general de Madrid Excelente, que otorgó el sello de calidad a la empresa Euroholding y que ha sido destituido por el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, por mentir al usar al constructor para hacer un favor a su jefa, la viceconsejera de Presidencia, Paloma García Romero. Otro ex alcalde de Sevilla la Nueva, Juan Antonio Teresa, también expulsado en 2001 del PP y ahora concejal independiente, también debe ser investigado, según el PSOE. Negoció con Ricardo Romero de Tejada un pacto con los ediles del PP para formar un Gobierno de coalición que evitase que el PSOE se hiciera con la alcaldía. Imputado en el caso de la Fiscalía sobre supuestas irregularidades urbanísticas en Sevilla la Nueva. Amigo de Francisco Bravo, que le llevó a la sede central del PP para negociar con Ricardo Romero de Tejada.

- Villaviciosa de Odón. Nieves García, del PP, gobierna el municipio donde tiene su sede social Euroholding, la empresa de Francisco Bravo y de su tío Francisco Vázquez. El año pasado, unos meses antes de celebrarse el congreso local del PP en Villaviciosa, los constructores, sus familiares y sus empleados se afiliaron por sorpresa al PP. El Congreso local lo ganó la actual alcaldesa pese a las impugnaciones presentadas por Pilar Martínez, la anterior regidora, ante la dirección de su partido. Ricardo Romero de Tejada no hizo caso de las impugnaciones.

- Navalcarnero. La corporación municipal, con los votos del PP, adjudicó a Euroholding en agosto por el procedimiento negociado (sin publicidad ni concurso) una parcela de 275.000 metros cuadrados para un hotel y un centro comercial. En el mismo municipio, la empresa autonómica Arpegio adjudicó dos parcelas para viviendas unifamiliares a los Bravo-Vázquez.

- Alcorcón. El ex alcalde Pablo Zúñiga, del PP, intentó recalificar todo el norte del municipio para levantar 33.000 viviendas, la mayoría de precio libre. El fiscal le imputa delitos de prevaricación y tráfico de influencias y ha presentado una querella que se ha admitido a trámite. Una pequeña parcela de las propuestas para recalificar era propiedad de los Bravo-Vázquez.