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La Junta abre en Córdoba un nuevo centro de día de reforma juvenil

Los menores condenados acudirán a realizar talleres de reinserción

El delegado de Asuntos Sociales en Córdoba, Manuel Sánchez, presentó ayer el primer centro de día de reforma juvenil de la provincia, que no supone privación de libertad para los menores que cometan faltas o delitos menos graves. Este centro, con capacidad para 20 plazas y que ha costado 164.064 euros, responde a las directrices de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores que traslada a las comunidades autónomas l provisión de medios para la aplicación de las medidas que decidan los jueces de menores.

El nuevo centro de día El Aguilarejo, equipado con varias salas de trabajo y de atención directa, acogerá a menores de entre 14 y 18 años que residirán en su domicilio habitual y sólo estarán obligados a acudir al centro para realizar actividades o talleres socioeducativos entre las 09.00 hpras y las 17.00 horas. La derivación a un centro de día es una de las catorce medidas que establece la normativa en vigor desde enero de 2001. El grado mayor de la gravedad de las acciones de los menores acarrea su internamiento en centros cerrados o semiabiertos. Córdoba cuenta actualmente con uno de régimen cerrado, otro semiabierto y un centro cautelar, que incluye ambas.

Manuel Sánchez explicó que el objetivo de las instalaciones es crear un "ambiente estructurado que transmita pautas, valores y límites que sirvan para el desarrollo integral, ético y moral de los jóvenes" derivados a estos centros por medida judicial. En El Aguilarejo, donde ya acuden dos menores, los jóvenes realizan diferentes talleres: ocupacionales, apoyo escolar, técnicas de estudio, deportivos, culturales y de desarrollo personal. La Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores (ADSAM) se encarga de desarrollar este programa bajo convenio con Asuntos Sociales.

Otra de las medidas de reciente puesta en marcha por Asuntos Sociales en Córdoba es la mediación entre agresor y víctima, que realiza conjuntamente con la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH). Esta posibilidad que abre la Ley 5/2000 pretende resolver de forma previa a la acción judicial la falta o delito mediante acuerdo entre las partes. El juez y el fiscal de menores deben proponer a los sujetos susceptibles de esta medida, que deberá tener el visto bueno indispensable de la víctima y que prevé el reconocimiento del daño y el resarcimiento del menor a través de algún tipo de prestación pactada.

ADSAM y APDH acometen también las tareas socioeducativas. Estos trabajos comprenden talleres de habilidades sociales, educación sexual, prevención de conductas de riesgo, técnicas de autocontrol y afrontamiento del estrés.

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