Los populares acusan al alcalde socialista de Estepona de despedir por "motivos sectarios" a 200 empleados

El Partido Popular acusó ayer al alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, de proceder de forma "sectaria e indiscriminada" al despido de más de 200 trabajadores municipales, en lo que calificaron como "una operación sin precedentes". El propio concejal responsable de Personal del Ayuntamiento esteponero, David Valadez (PSOE), reconoció esta importante reducción de la plantilla, que achacó a la "situación de insostenibilidad económica producida por el anterior equipo de gobierno del PP". Valadez negó sin embargo que se hayan aplicado criterios partidistas.

Los empleados municipales comenzaron a recibir el martes las cartas de despido. La medida afecta principalmente a cargos de confianza y alta dirección y a trabajadores temporales de las empresas municipales, contratados por el anterior gobierno local. Los concejales del PP abandonaron ayer el salón de plenos ante la negativa de Barrientos a convocar un pleno extraordinario y urgente para tratar de forma monográfica este asunto.

Según la portavoz del Partido Popular, Rosa Díaz, los despidos "responden a una maniobra de dudosa legalidad, se han producido de forma irregular y se ha negado a los trabajadores su derecho a percibir ninguna indemnización, por motivos políticos". Díaz propuso al equipo de gobierno, formado por PSOE, PES (antiguos ediles del GIL) e IU, un expediente de regulación de empleo, y señaló que los tres partidos pretenden "reemplazar los puestos vacantes con personas afines".

Valadez aseguró que no se ha contratado a "ni una sola persona" e insistió en que el origen de los despidos hay que buscarlo en la herencia dejada por el PP en las arcas municipales. "Estamos ante una situación de insostenibilidad económica consecuencia de una política de contrataciones irresponsables efectuada por el equipo de gobierno anterior, del Partido Popular, sobre todo durante los últimos meses previos a las elecciones municipales", añadió el concejal socialista. Por el contrario, la ex alcaldesa Rosa Díaz explicó que el Partido Popular "dejó una liquidez en los bancos de 18 millones de euros, más las aportaciones no dinerarias de terrenos".

Por otra parte, el equipo de gobierno rechazó ayer el ejercicio de acciones de responsabilidad civil contra los administradores de las sociedades municipales creadas por Jesús Gil Marín, entre los que se encuentran el actual primer teniente de alcalde y ex edil del GIL, José Ignacio Crespo. Esta medida fue exigida por los liquidadores de las empresas Estepona XXI, después de que el Tribunal de Cuentas detectara 16 millones de euros sin justificar durante los cuatro años de gobierno de Gil Marín, entre 1995 y 1999. Según el asesor municipal, José Carlos Aguilera, corresponde al Tribunal exigir responsabilidades si procede una vez concluya la fiscalización.