Monteseirín pide que el Estado compense la supresión del IAE

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, aseguró ayer que el Gobierno y el Parlamento "han disparado con pólvora ajena" en el proyecto de Ley de Modernización del Gobierno Local. Tras analizar su contenido con el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, y con el secretario de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, el alcalde subrayó que la norma es un "buen punto de partida", pero que "sigue pendiente" la necesidad de compensar económicamente a los ayuntamientos por el dinero que van a dejar de ingresar debido a las exenciones de algunos tributos locales que plantea la ley.

"El Gobierno y el Parlamento han tomado medidas tributarias de reducción de algunos impuestos que van a tener que ser sufragadas por las arcas municipales", insistió Monteseirín, quien asegura que los ayuntamientos ya han notado los efectos económicos negativos de estas exenciones. Según el alcalde, los fondos del Estado deberían hacerse cargo de la merma de ingresos de los municipios.

Monteseirín criticó también la Ley estatal del Suelo, que dijo, ha reducido también las competencias de los ayuntamientos en materia de vivienda. "Con un planteamiento de liberalización han hipotecado las posibilidades para poder hacer una política social en relación con la vivienda", subrayó.

Elección directa de alcalde

Para Monteserín, otra de las carencias del proyecto es que no contempla nada acerca de la reforma del sistema electoral para que, como piden algunos dirigentes municipales, se abriera la puerta a la elección directa de alcalde.

No obstante, Sánchez Monteseirín alabó que el proyecto de Ley favorezca la organización interna de los ayuntamientos, así como una "gestión más ágil, sin que se merme en absoluto el control político que los grupos municipales en el pleno deben hacer de la labor del Gobierno local".

Elorriaga recordó que el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias alcanzaron el año pasado año un acuerdo en el que se contempla la compensación económica a los ayuntamientos por la supresión del IAE.