El proceso contra 61 integrantes del entorno de ETA se celebrará en enero

El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina solicitó ayer a la Sección Tercera de lo Penal que confirme la conclusión del sumario y apertura de juicio oral contra 61 presuntos miembros del aparato político de ETA, es decir, KAS y la organización que le sucedió, Ekin; del entramado mediático, con el diario Egin, la emisora Egin Irratia y la revista Ardi Beltza; de la red internacional, con la estructura Xaki; y de la trama de desobediencia civil, con la Fundación Joxemi Zumalabe. El juicio, según fuentes de la Audiencia Nacional, se celebrará previsiblemente a partir de enero.

El tribunal deberá ahora valorar si juzga un macroproceso con 61 procesados, el más grande que se haya celebrado en la Audiencia Nacional, más incluso que el caso de la colza o el de la operación Nécora, o, por el contrario, desglosa la causa en tres juicios.

En el primer caso podrían incluirse las piezas relativas a KAS y su trama financiera; Egin y su editora, Orain, así como la revista Ardi Beltza y su director, Pepe Rei. En total, 25 procesados.

En la segunda vista, se juzgaría a los presuntos dirigentes de Ekin y el entramado de desobediencia civil: 27 procesados en total.

En el tercer juicio se incluiría únicamente a los nueve integrantes de Xaki, el aparato internacional de la banda.

Tanto por la vía del macroproceso como por desglose de piezas, fuentes de la Audiencia Nacional sostienen que la vista debería tener una duración de tres meses y nunca debería superar los cuatro meses.

Entre los procesados, acusados en su mayoría por delitos de pertenencia o colaboración con ETA, figuran el abogado Txema Matanzas, Xabier Alegria, Josean Etxeberria Arbelaitz, José Luis Elkoro, Pepe Rei, Javier Salutregi, Carlos Trenor, Pablo Gorostiaga, Elena Beloki, Miriam Campos, Ana Lizarralde, Mikel Egibar, Mikel Korta, Jokin Gorostidi y José María Olarra.

El tribunal también debe decidir si levanta la clausura de las instalaciones de Egin, que fueron precintadas hace cinco años. Hace dos, en agosto de 2001, el juez Baltasar Garzón autorizó la reanudación de actividades, pero no se llevó a cabo debido a que el magistrado, de acuerdo con un informe pericial, exigió que se aportasen 2.500 millones de pesetas (15.025.302 euros) para salvar la situación de quiebra. Ahora, si el tribunal decide levantar la clausura de las instalaciones, los accionistas podrán entrar en las instalaciones, pero no llevarse nada, pues el embargo se mantiene.

Cinco años de investigación

El macroproceso contra el entorno de ETA se inició en 1998 y abarca seis operaciones realizadas por Garzón entre 1998 y 2002. Se trata de las de la trama financiera de ETA-KAS y la ilegalización de la coordinadora; la del aparato de propaganda, con el cierre de Egin y Egin Irratia; la de la red de información, contra Pepe Rei y el equipo de investigación del citado diario y la revista Ardi Beltza; la del aparato de relaciones internacionales Xaki; la del aparato político Ekin, y la de desobediencia civil, con la fundación Joxemi Zumalabe.

Tanto el fiscal Molina como Garzón consideran que ETA no son sólo los comandos que asesinan y ponen bombas, sino que la organización terrorista es un entramado complejo del que forman parte los integrantes del frente político, cultural, de masas, etc, y que los que están en la clandestinidad son sólo un pequeño grupo.

Garzón tiene abiertos otros procesos contra el aparato de presos, con Gestoras pro Amnistía y Senideak; las juventudes del grupo, Jarrai-Haika-Segi, o el brazo financiero que suponen las Herriko Tabernas, en las que hay procesadas más de 45 personas, pero esta caso es fundamental para el desarrollo futuro de esos procesos, pues del resultado de este juicio dependerán los restantes.