Hasta la próxima reforma de la PAC

Acaba de concluir una nueva reforma de la PAC (la tercera en los últimos 10 años). Como ocurre siempre en estas ocasiones, la valoración del impacto será motivo de controversia, pero los rasgos esenciales de la realidad de nuestra agricultura nos permiten realizar un primer balance social de los resultados esperados: la mayor parte de nuestros agricultores puede ver cuestionada seriamente su continuidad a medio plazo. Veamos por qué.

Con carácter general, lo que se ha aprobado es fundamentalmente un cambio del modelo de apoyo a la agricultura europea. Se pasará de un sistema basado mayoritariamente en unas ayudas directas proporcionales al volumen de producción de las explotaciones agrarias, al establecimiento de un pago único anual por explotación según los derechos históricos adquiridos (entre 2000-2002), "desacoplado" de la producción y "condicionado" al cumplimiento de unas normas agrarias, alimentarias y medioambientales. En este punto las opiniones coinciden en afirmar que la reforma era obligada y necesaria, tanto por razones internas como, sobre todo, externas a la UE (la sombra de la OMC ha pesado decisivamente).

Para los ciudadanos europeos, como contribuyentes, lo que cambia es la justificación por la cual la PAC va a seguir reteniendo cerca del 50% del presupuesto de la UE, y como consumidores, la posibilidad menos cierta de acceder a una alimentación más barata y más segura: todo el mundo sabe que los precios alimenticios dependen básicamente de la distribución y que las crisis de seguridad alimentaria están especialmente emparentadas con la agroindustria. Pero para los agricultores europeos lo que está en juego es la legitimidad de las ayudas y, sobre todo, su continuidad en el futuro. Porque, ¿por cuánto tiempo podrá mantenerse este nuevo tipo de cobro (verdadero "fondo de comercio" negociable) sin que se ponga en cuestión ante otras políticas económicas y sociales más prioritarias en la nueva Europa?

La respuesta tiene que ver con la segunda gran medida de esta reforma: la "modulación" de las ayudas. Cuando hay países, como España, donde apenas el 9% de los agricultores recibe más del 60% de los pagos directos, y se decide reducir débilmente las ayudas (en un 3%-5% para los perceptores de más de 5.000 euros al año, que cobran sin limite de cantidad), se comprende la escasa voluntad política de los gobiernos para considerar la redistribución de estas ayudas. Éste es el verdadero "talón de Aquiles" de la reforma: la PAC sigue siendo una política que provoca pérdidas de cohesión social dentro de la Unión. No existe legitimidad posible para seguir subvencionando innecesariamente explotaciones que acaparan resultados económicos millonarios.

El efecto sobre los agricultores de esta reforma se irá concretando en los próximos meses y años, singularmente en las sucesivas revisiones de las organizaciones comunes de mercado de los diferentes sectores (el aceite de oliva, el tabaco y el algodón serán los primeros el próximo otoño). Con todo, parece evidente que la reforma relanzará el proceso de ajuste (de reducción de activos) en curso en la agricultura europea. En el caso español, con una estructura productiva tan dual (el 76% de las explotaciones carecen de viabilidad económica, un 11% tienen un dudoso futuro y el 13% concentran el 70% de los resultados económicos, ayudas incluidas), los efectos no se harán esperar.

En síntesis, el impacto más negativo lo soportarán aquellos agricultores más dependientes de las ayudas (se incrementará más aún la agricultura familiar a tiempo parcial, que ya supera el 75% en nuestro país) y aquellos territorios más dependientes de la agricultura (económicamente menos diversificados y más necesitados de desarrollo rural), conforme los nuevos pagos no permitan compensar su limitada producción y sus menores rendimientos. La evolución de los mercados agrarios y la letra de los reglamentos comunitarios marcarán el ritmo de este nuevo proceso de ajuste (y también reestructuración) de la agricultura, en particular en España: en 2002 los activos agrarios se redujeron en un 5%, el doble que la media europea.

Ante esta perspectiva, el verdadero debate no está en establecer simples balances de lo que seguirá recibiendo nuestro país por la PAC, como hace el ministro de Agricultura con datos agregados trucados (el aumento anual en los pagos para España declarado por él equivale al margen presupuestario anual con que cuenta toda la UE), sino en valorar cuántos, con qué tipo de agricultores y en qué territorios podrá mantenerse esta actividad en el futuro. Sin duda la PAC se tendrá que volver a reformar en unos años y la verdadera tarea es asegurar que los actuales agricultores puedan sobrevivir a la reforma actual, hasta la próxima reforma.

Jesús G. Regidor es profesor de Economía Agraria y Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma de Madrid.