La juez abre juicio oral contra el presidente de Baleària por estafa
Utor y 9 directivos están procesados por irregularidades para controlar la naviera
La titular del Juzgado número 2 de Dénia ha declarado apertura de juicio oral contra Adolfo Utor, presidente de la naviera Baleària, y nueve directivos más de la compañía por supuesta estafa. La magistrada, en base a los escritos del fiscal y las acusaciones particulares, imputa a Utor dos delitos de estafa, uno de apropiación indebida y otro societario, pide un total de 12 años de cárcel y fija una fianza 263.000 euros.
El sumario sobre supuestas irregularidades en la creación de Baleària se deriva de sendas querellas de dos ex trabajadores, Victoriano Sayalero, antiguo socio mayoritario de Flebasa, y dos accionistas generales.
En su escrito de calificación provisional, el fiscal acusa a Adolfo Utor, miembro de ejecutiva del PSPV, y otros siete integrantes del equipo directivo de la empresa de urdir una trama (indemnizaciones millonarias por despidos ficticios y cobro ilegal de prestaciones por desempleo) para controlar Baleària, que en 1998 sucedió en el negocio a Flebasa. El fiscal pide para Utor tres años cárcel por dos delitos, y penas de entre uno y tres para para el resto de imputados. Las acusaciones particulares amplían la imputación a otros dos directivos y a los supuestos delitos de apropiación indebida, societario y administración desleal por la venta de bienes inmuebles de Flebasa a precio inferior de mercado. Estas partes elevan la petición de cárcel hasta los 12 años.
En el auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado día 2, la juez se hace eco de las imputaciones de todas las partes. La magistrada mantiene la suspensión cautelar de la libre transmisión de las acciones de los procesados y acepta la petición de fianza para responder a posibles responsabilidades civiles.
La fianza global que han de depositar los diez imputados supera los 650.000 euros por la supuesta estafa relacionada con los despidos ficticios y por la prestación por desempleo que percibieron del INEM -78.131 euros- merced a los falsos despidos, cantidades que los acusados destinaron a la compra de acciones de Baleària.
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