Regeneracionismo

DURANTE SU INTERVENCIÓN en el áspero debate sobre el estado de la nación celebrado esta semana, José Luis Rodríguez Zapatero criticó las deficiencias y carencias del sistema político español, considerablemente agravadas bajo el Gobierno del PP. El incumplimiento por Aznar de los planes de regeneración democrática anunciados antes de alcanzar el poder sirvió de estribo al PSOE para presentar ante el pleno del Congreso, al concluir el debate, un conjunto de propuestas -todas serían rechazadas- orientadas a enmendar esos fallos y colmar tales lagunas. El contrato ofrecido por Zapatero a los electores para su ejecución futura no sólo trae a la memoria los compromisos programáticos traicionados por Aznar a partir de 1996; ese género de promesas mantiene un cierto aire de familia con la corriente político-doctrinaria alumbrada a finales del siglo XIX por los escritores regeneracionistas.

Rechazadas todas las propuestas de resolución presentadas por el PSOE en el debate sobre el estado de la nación para introducir reformas en la vida parlamentaria, el ministerio fiscal y las normas electorales

Sería injusto despachar de un plumazo la fiabilidad o la viabilidad de las propuestas del PSOE en función de sus precedentes o de sus fuentes inspiradoras. La cínica desenvoltura con que Aznar renunció como gobernante a sus proyectos democratizadores como opositor no prefigura necesariamente un comportamiento idéntico de Zapatero. Las proclamas regeneracionistas de la Restauración oscilaron entre el recetario arbitrista de una farmacopea taumatúrgica capaz de curar las enfermedades públicas y el energuménico llamamiento a la acción quirúrgica de un cirujano de hierro dispuesto a extirpar el cáncer de la política, el liberalismo y parlamentarismo. Nunca cabe descartar el riesgo de que los ecos de esa retórica decimonónica seduzcan con sus encantos demagógicos a los auditorios más incautos; para conjurar ese peligro bastaría, sin embargo, con que los socialistas no crearan desmesuradas expectativas sobre la eficacia milagrosa de los planes ideados para elevar la baja calidad de la democracia española.

El caso de transfuguismo producido en Madrid, que privó al PSOE de alcanzar un poder legítimamente ganado en las urnas, explica la atención prestada a los asuntos electorales por las mociones socialistas. Aunque las listas abiertas, el porcentaje mínimo de mujeres en las candidaturas, los debates obligatorios en la televisión pública y la reducción de los gastos de la campaña no sean ideas nuevas, la propuesta de encomendar a órganos jurisdiccionales la decisión de desposeer del escaño a los tránsfugas en determinadas condiciones es una iniciativa original. El proyecto de resolución del PSOE fue rechazado a bote pronto por el Gobierno: sin embargo, ese planteamiento merecería en el futuro una respuesta del PP mas reflexiva.La moción socialista de reformar el reglamento del Congreso aspira a devolver al parlamento su centralidad perdida: la agilización de los debates, la creación de la figura del diputado no adscrito, el estatuto de imparcialidad de la presidencia de la Cámara y la flexibilización de las condiciones exigidas a las comisiones de investigación figuran en ese previsible catálogo.

Las medidas orientadas a prevenir las colusiones entre política y negocios incluyen la publicidad de las declaraciones de actividades y de bienes de representantes y altos cargos, así como el reforzamiento de su régimen de incompatibilidades. El escándalo de la Comunidad de Madrid también se halla en el trasfondo de las mociones que aspiran a garantizar la desfalleciente imparcialidad de la jefatura del ministerio público: la limitación temporal del mandato del fiscal general (y su deber de abstenerse en las causas penales que impliquen a miembros del Gobierno) y el reforzamiento de las competencias y los medios de la Fiscalía Anticorrupción sirven a ese propósito. Tampoco podían faltar las propuestas de reforma de la Televisión Pública y las medidas dirigidas a frenar su gubernamentalización y garantizar el pluralismo. El ocultamiento o la escasa fiabilidad de las estadísticas públicas desde que el PP ocupa el Gobierno constituye igualmente una violación de las reglas democráticas de juego limpio: una comisión de estudio creada por el Congreso se encargaría de controlar su difusión y sus métodos de elaboración.