Anticorrupción quiere que Hacienda investigue a cada miembro de la trama

La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer autorización al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para iniciar de inmediato una serie de diligencias, entre las que destaca la petición de datos a la Agencia Tributaria sobre cada uno de los presuntos implicados en la trama político-inmobiliaria de la Comunidad de Madrid. El fiscal jefe Carlos Jiménez Villarejo le envió también la denuncia presentada por los socialistas después de que el Tribunal Superior de Justica de Madrid desestimara su querella. Cardenal advirtió ayer de que, si se trata de los mismos hechos ya inadmitidos, no autorizará la nueva investigación.

La Fiscalía Anticorrupción envió a primera hora de la mañana de ayer un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que expresa por segunda vez la necesidad de investigar la presunta trama político inmobiliaria. En su escrito, el fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, recoge el contenido del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado jueves, que dejaba abierta la puerta para reconsiderar el asunto si la Fiscalía Anticorrupción apreciaba nuevos indicios delictivos, y también el voto particular del magistrado Antonio Pedreira, partidario de admitir la querella.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, declaró ayer a la cadena Cope que, una vez desaparecidos los obstáculos legales, Anticorrupción tendrá vía libre para investigar, "salvo que los hechos hayan sido ya valorados por la sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Cardenal agregó que no anunciará su decisión hasta la semana próxima, ya que "hay que mirar con cierto detenimiento los razonamientos de la Sala en el auto, porque si los hechos no revisten en absoluto caracteres de delito hat que pensárselo dos veces abtes de dedicarse a investigar".

Junto con el escrito, la Fiscalía Anticorrupción ha enviado a Cardenal la denuncia que el mismo jueves le presentó el PSOE. En dicha denuncia, el abogado José Manuel Gómez Benitez dejaba constancia de que la instrucción cursada por el fiscal general del Estado el pasado 27 de junio a Anticorrupción, en la que le prohibía iniciar diligencias ante la existencia de una querella que se tramitaba ante el TSJM, "es manifiestamente ilegal, es decir, es arbitraria por cuanto él mismo reconoce que no existe un procedimiento judicial en marcha, único supuesto en el que el artículo 773 de la ley de Enjuiciamiento Criminal prevé el cese del fiscal en sus diligencias".

La denuncia agregaba que "las órdenes manifiestamente ilegales de los funcionarios públicos no tienen que ser obedecidas por sus subordinados".

Villarejo, en su escrito a Cardenal, señala que estas afirmaciones están fuera de lugar e informa de que ha deducido testimonio de las mismas y las ha enviado al Consejo General de la Abogacía por si constituyeran infracción.