El enigma de los dos tránsfugas

Uno de los pocos acuerdos a los que han llegado los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid -Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida- es la necesidad de que se abra una comisión de investigación para aclarar las circunstancias que puedan esconderse tras la crisis institucional generada por la deserción de dos diputados del PSOE -María Teresa Sáez y Eduardo Tamayo-. El mismo día 10 de junio, cuando se consumó la traición de los dos diputados electos, las sospechas de las filas socialistas apuntaron hacia una trama de corrupción inmobiliaria y urbanística que habría influido en la voluntad de Sáez y Tamayo.

El PP, por su parte, siempre ha sospechado que la posible causa de la deserción puede deberse a las presuntas divisiones internas en la Federación Socialista Madrileña, que los populares insisten en fijar como causa de la traición de los diputados Sáez y Tamayo.

Ni PP ni PSOE

Fuentes socialistas han confirmado que en la redacción del objeto conjunto de la comisión de investigación única (que se discutirá el próximo lunes) "se intentará que no se cite ni al PP ni al PSOE". Ese texto que, según ambos bandos se aprobará "casi con seguridad", será muy genérico e, incluirá, con toda probabilidad los nombres propios de Sáez y Tamayo con la intención de excluir a ambos de los trabajos de la comisión.

PSOE e Izquierda Unida solicitaron a la Mesa de la Cámara que se investigase para "determinar tanto las responsabilidades políticas como administrativas que pudieran derivarse de las actuaciones urbanísticas cuya tramitación o resolución haya podido corresponder a la Comunidad de Madrid y que estén en el origen de la trama urbanística que ha provocado el actual bloqueo institucional de la Asamblea de Madrid".

El PP también solicitó de la Mesa la apertura de una comisión de investigación. El objeto de pesquisas, en este caso, era más concreto, al menos en una parte: "los intereses inmobiliarios de destacados miembros de la Federación Socialista Madrileña (FSM), incluidos en las listas de diputados de la Asamblea de Madrid, y la relación de estos intereses con la crisis abierta en la Comunidad de Madrid". Pero el PP también pide, en ese texto, que se investiguen "los procesos urbanísticos de diversos municipios" durante el periodo 1991/2003. Fuentes próximas al PP afirman que estos municipios serían 11, entre los que se encuentran "Humanes, Arroyomolinos, Torrejón de la Calzada y Collado Villalba".

La nueva redacción del objeto de investigación conjunto suavizará, al menos sobre el papel, lo solicitado en los escritos de PP y PSOE e IU. Fuentes socialistas afirman que la voluntad de PSOE e IU en esta investigación es determinar "el qué, el cómo, el cuando, el cuánto y el por qué de esta trama". Para conseguirlo establecerán dos vías de examen. Por un lado, política y por otra una estrictamente urbanística e inmobiliaria. Según estas fuentes, la segunda vía de investigación supondrá la llamada a declarar "de todos las personas incluidas en la querella que presentó el PSOE", es decir: Eduardo Tamayo, María Teresa Sáez, José Luis Balbás, Francisco Bravo, Francisco Vázquez, Ricardo Romero de Tejada, así como José Esteban Verdes.

Además, quieren que se investiguen todos los "desarrollos urbanísticos en los que hayan estado relacionados de una u otra forma estas personas". Los socialistas hablan de los municipios de Alcorcón, Navalcarnero, Sevilla la Nueva, Villaviciosa de Odón y Arroyomolinos, entre otros. Lo que sí tienen claro es que quieren que se ponga el acento en "las adjudicaciones que se le dieron a la empresa Arpegio (Empresa de suelo de la Comunidad de Madrid)".

La reacción de Tamayo

Tras el acuerdo de PP, PSOE e IU de excluir de la comisión de investigación a los miembros del Grupo Mixto -los diputados traidores, Sáez y Tamayo-, la reacción del portavoz de este grupo, Eduardo Tamayo, ha sido solicitar a la Mesa de la Asamblea una comisión que se acumule a la ya solicitada. Tamayo quiere que se investigue a las empresas inmobiliarias en las que haya militantes de PSOE, IU y también del PP. El primer objetivo de la investigación requerida por Tamayo sería el de "investigar en profundidad todos los acuerdos urbanísticos suscritos entre" Rafael Simancas "con la Asociación Nacional de Empresarios Gestores de Cooperativas y Comunidades de Viviendas o cualesquiera otras" mediante la fórmula de gestión de cooperativas "afines al PSOE e Izquierda Unida". "Especialmente y de modo prioritario que se investigue la participación de las empresas en las que figuren militantes del PP, PSOE y de IU, con especial atención a las vinculadas a la persona de don Enrique Benedicto Mamblona", marido de la diputada socialista Ruth Porta.