Debates y querellas
LA CANDIDATURA de Rafael Simancas a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha sido un nuevo capítulo del culebrón político iniciado el 10 de junio cuando dos diputados elegidos en las listas del PSOE -Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez- se ausentaron de la sesión constitutiva de la Asamblea y regalaron al PP la presidencia y el control de la Mesa de la Cámara. Sólo el desenlace de la sesión de investidura -que se producirá después de que este artículo haya sido impreso- permitirá confirmar o desmentir las rotundas afirmaciones del presidente Aznar y de la plana mayor del PP, que daban por descontado el apoyo de los tránsfugas al candidato socialista y la aceptación por Simancas de esos votos, en contradicción con su compromiso de no tomar posesión de la presidencia mediante esa envenenada ayuda.
La crisis en la Comunidad de Madrid prueba la necesidad de que la vida parlamentaria recupere el espacio democrático que la abusiva judicialización de la política trata de arrebatarle
Simancas afirmó, por el contrario, que su decisión de presentarse a la investidura pretendía únicamente desbaratar las jugarretas de los populares para disolver la Asamblea antes del plazo legalmente establecido y llevar a la sede parlamentaria la trama político-inmobiliaria del escándalo. Abstracción hecha de las hipotéticas responsabilidades institucionales del PP -pendientes de ser probadas- como muñidor de la deserción de los tránsfugas, el PSOE reprocha a los populares el aprovechamiento -primero- de la fuga de Tamayo y Sáez para arramblar con la presidencia de la Asamblea y la utilización -después- de sus votos para imponer una Diputación Permanente que instaló a los dos desleales en el Grupo Mixto y les entregó las llaves de la Cámara. El PP también abusó de su mayoría provisional al reducir a seis días el primer periodo de sesiones, artificiosamente concluido el 23 de junio; la presumible intención de ese fraude de ley fue posibilitar una inconstitucional convocatoria de elecciones anticipadas por el presidente en funciones sin respetar el plazo reglamentario de dos meses -a contar desde la primera sesión de investidura- requerido para la disolución automática de la Asamblea.
La presentación de la candidatura de Simancas cortó de raíz esa maniobra, destinada tal vez a privar a los socialistas del tiempo necesario para avanzar en la investigación del escándalo. Pero la principal justificación de esa iniciativa fue su capacidad para abrir un debate parlamentario sobre la trama político-inmobiliaria denunciada por el PSOE. El recurso a los tribunales para resolver las luchas por el poder, bajo pretexto de investigar las derivaciones delictivas de tales conflictos, perjudica al sistema democrático en su conjunto: el reverso de la abusiva judicialización de la política es una deslegitimadora politización de la justicia. Las querellas interpuestas por el PSOE y por el PP en torno a este caso de transfuguismo desplazaron indebidamente al ámbito penal cuestiones que deberían ser discutidas por la Asamblea de Madrid.
Sin duda, las oscuras colusiones entre el poder y los negocios aludidas por la imprecisa querella presentada por los socialistas forman una combinación inextricable de comportamientos políticos y de conductas delictivas: la depuración de esas eventuales responsabilidades penales, sin embargo, no puede hurtar a los ciudadanos el conocimiento de su trasfondo político por medio de los correspondientes debates parlamentarios. La peregrina querella del PP contra Simancas por los presuntos delitos de injurias, calumnias, coacciones y amenazas perpetrados en una entrevista televisiva es un despropósito jurídico. Tal y como confirma una sostenida doctrina jurisprudencial española y europea, la inviolabilidad de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y los amplios márgenes concedidos a la crítica política son una exigencia de la sociedad democrática; mientras estuvieron en la oposición, los dirigentes del PP aprovecharon a tope los altos parapetos que protegen a las controversias públicas de las querellas criminales durante su atroz campaña contra el Gobierno socialista.
