La Audiencia de Vitoria condena a ocho años por estafa a los dueños de la gestoría Erne

Cinco meses después del juicio, y en contra de la opinión de la Fiscalía, que no formuló acusación, la Audiencia de Vitoria ha dictado una severa sentencia condenatoria para los dos antiguos responsables de la gestora vitoriana de inversiones Erne por estafar a una veintena de clientes a finales de los años 80. Ambos deberán cumplir ocho años de prisión y a indemnizar a los denunciantes que perdieron sus inversiones.

El fallo, dado a conocer ayer, establece que José Javier López de Landache y José Ramón Sáenz de Maturana, socios de esta empresa dedicada a invertir fondos de sus clientes, son responsables de un delito continuado de apropiación indebida. A expensas de que los condenados presenten recurso, la sentencia culmina un largo y complicado proceso judicial iniciado hace once años, en el que no han faltado dilaciones, incidencias, cambios de juez e incluso la desaparición de varios tomos del sumario.

La resolución considera probado que los dos encausados se erigieron en socios únicos y responsables de Erne en el año 1988. La sociedad nació con el objeto de mediar, gestionar, tramitar e intervenir en operaciones financieras de todo tipo y en otras actividades la fabricación y compraventa de artículos de joyería, así como la intervención en actuaciones inmobiliarias. Sin embargo, Erne no tenía autorización del Banco de España para operar en la intermediación de mercados financieros, aunque de hecho funcionó como un chiringuito financiero. Cerca de 300 ahorradores, de los cuales 21 ejercieron la acusación en esta causa, entregaron distintas cantidades de dinero a la sociedad bajo el compromiso de que estos fondos se colocarían en activos financieros con un elevado rendimiento del 9%, superior al del mercado

Según el gallo judicial, estos activos, "sin previo aviso ni advertencia a los clientes, quienes confiaban en la seguridad de la inversión", fueron destinados a promociones inmobiliarias no registradas en la contabilidad de la empresa. Los dos condenados, a través de la empresa Vigama S.A., adquirieron en 1986 un solar urbano en Las Palmas de Gran Canarias con 268 millones de pesetas, procedentes en su mayoría de los fondos de Erne, y un préstamo bancario. La construcción de las viviendas previstas no llegó siquiera a iniciarse, lo que originó a partir de 1991 "graves cargas financieras" y la ejecución de una hipoteca por parte de una entidad bancaria.

La conclusión de este proceso fue la quiebra de Erne y la pérdida de las cantidades invertidas en la operación inmobiliaria. Al producirse el vencimiento de las inversiones, los clientes se encontraron con la falta de liquidez de la gestora, que no pudo hacer frente a los compromisos contraídos. La Audiencia recuerda que los inculpados ofrecieron a los perjudicados soluciones alternativas para cubrir las deudas, como la adquisición de inmuebles o joyas o la participación en otros negocios que tenían.

Mientras algunos de los inversores se acogieron a estas salidas, otros acudieron a la vía judicial para recuperar sus inversiones. Entre ellos se encuentran los 21 querellantes, que perdieron 91 millones de pesetas, según establece la sentencia.