Las constructoras investigan si hay mafias en la seguridad de las obras

Aecom, la patronal de las constructoras de Madrid, reunirá la próxima semana a su junta directiva para investigar los casos de las coacciones que realizan mafias para conseguir la vigilancia de obras en la región. El presidente de la asociación, José Escribano, informó ayer de esta decisión y aseguró que la noticia publicada ayer por EL PAÍS le cogió "totalmente por sorpresa". Varias compañías de seguridad privada se sumaron a las denuncias y confirmaron que conocen que estas prácticas se realizan de forma habitual en la región. No obstante, las víctimas no suelen denunciarlo ante la policía.

La denuncia realizada por algunos jefes de obra, aparejadores y constructores, así como el reconocimiento por parte del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil de la existencia de mafias dedicadas a sabotear obras para quedarse así con su vigilancia han llevado a la patronal de la construcción en Madrid a convocar con urgencia a su órgano directivo.

El presidente de la organización, José Escribano, expresó ayer su confianza en que tendrá la "información suficiente" para valorar las denuncias a comienzos de la semana próxima. Antes, las 24 empresas que forman la junta directiva de Aecom se reunirán para poner en común su conocimiento de los hechos.

Escribano se siente "sorprendido" por la existencia de mafias de extorsionadores y aseguró que hasta ahora desconocía estos hechos. "Creía que eso era más propio de tiempos del franquismo, pero habrá que ver qué nos dicen en la junta", señaló.

Vigilancia

Por contra, el conocimiento de las coacciones es común en otro sector afectado: las compañías de seguridad privada. Aunque prefirieron reservar el anonimato, este periódico habló ayer con representantes de estas empresas, que reconocen que se trata de una práctica "muy extendida y conocida perfectamente en el mundillo".

Un directivo de una compañía con sede en Madrid explicó: "Todo el mundo lo comenta, pero nadie quiere problemas. Es evidente que nos afecta muchísimo, eso no se puede negar".

Otro representante de una compañía madrileña que también prefiere no dar su nombre amplía la explicación de su colega: "Su influencia no es sólo indirecta, sino que también nos toca directamente, porque algunas veces han amenazado a nuestros propios vigilantes para que dejaran de proteger las obras".

El marroquí Ahmed trabaja en la seguridad de un edificio en construcción en el nuevo barrio de Sanchinarro, en el norte de Madrid. Su turno es de las siete de la tarde a las siete de la mañana y, aunque las noches suelen discurrir con tranquilidad, se las ha tenido que ver en más de una ocasión con ladrones que merodean por los alrededores. "Muchas veces se trata de gente que está encargada de vigilar obras vecinas. Todavía no he sufrido grandes robos, pero es curioso ver cómo empleados de empresas privadas tenemos que vigilar edificios junto a gente que no tiene ningún tipo de contrato y vete tú a saber cómo han conseguido la vigilancia", cuenta.

Uno de los directivos de las compañías de seguridad añade: "Nosotros hacemos contratos, no tratos, con las constructoras".

Ahmed es marroquí, como muchos de sus compañeros en las empresas de seguridad privada. Una de estas compañías asegura que el número de inmigrantes dentro de su plantilla de vigilantes asciende a casi el 40%. En el barrio de Sanchinarro -el nuevo desarrollo más grande que se construye actualmente en la ciudad de Madrid, con 10.801 viviendas-, la mitad de las obras están controladas por ciudadanos de etnia gitana, que no pertenecen a ninguna empresa de seguridad; la otra mitad son vigiladas por empleados de compañías privadas, en su gran mayoría magrebíes y suramericanos.

Construcciones privadas

La presencia de las mafias extorsionadoras se produce sobre todo en los municipios del norte de la región, como Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, y en los nuevos barrios de Madrid. Según explicaron fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, las coacciones llegan siempre en construcciones privadas, ya que la vigilancia en las obras públicas son adjudicadas a través de concursos.

En Sanchinarro, EL PAÍS habló con dos hermanos de etnia gitana que habitualmente hacen guardia en una furgoneta junto a un edificio en el que acaban de entrar a vivir los primeras ocupantes. "Nuestra familia se ha hecho cargo de la protección de diversas construcciones en Sanchinarro desde que éstas comenzaron a levantarse hace más o menos tres años". No visten uniforme y su caseta es el camión con el que patrullan la zona.

No muy lejos de allí pasea el ecuatoriano Alejandro, un guarda que también ha sufrido el acoso de extorsionadores. "Pasaban por delante, amenazando, pero nunca me hicieron nada. Al final te acostumbras y hasta te pones a hablar con ellos. No te queda más remedio, porque la noche es muy larga y es mejor tenerlos a tu favor", relató.