El Parlamento creará un grupo de trabajo sobre el urbanismo en el litoral

El Parlamento de Andalucía aprobó ayer por unanimidad una propuesta de resolución del grupo socialista de creación de un grupo de trabajo para el estudio de la intensa actividad inmobiliaria en el litoral andaluz, "especialmente en la Costa del Sol". Los redactores de la iniciativa no hablan ni de especulación ni de crimen organizado, sino de "problemática" de la costa. Tampoco citan expresamente el reciente informe del Instituto Andaluz de Criminología que imputa al dinero negro el auge inmobiliario en la costa malagueña.

La propuesta dice así: "El Parlamento acuerda la constitución de un grupo de trabajo, en el seno de la comisión de Coordinación y Régimen de las Administraciones Públicas, para el estudio de la problemática del litoral andaluz, y especialmente de la Costa del Sol, que tenga en cuenta los estudios recientemente publicados de diversas entidades, así como el informe sobre capacidad de carga de la misma que elaborará el Consejo de Gobierno".

La resolución traducida a román paladino significa que la Cámara autonómica -a la que apenas le queda el último cuatrimestre del año de trabajo- estudiará la voraz construcción en la Costa del Sol, donde, según los expertos de cuatro universidades europeas, se construye un 60% más, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid.

La iniciativa alude implícitamente al informe del Instituto Andaluz de Criminología -realizado con expertos de las universidades de Málaga, Amsterdam (Holanda), Trento (Italia) y Cardiff (Reino Unido)-, conocido el pasado día 20, en el que se relaciona la actividad inmobiliaria en la Costa del Sol con el dinero negro y se alerta del interés del crimen organizado por "hacerse con el control político de los municipios" de la zona. La propuesta del grupo socialista fue una de las enviadas por fax por la diputada verde, Inmaculada Gálvez, quien ayer no acudió a las votaciones.

La iniciativa contó con el voto favorable de todos los grupos -PSOE, PP, IU, PA y mixto-. Los populares intentaron ir más allá de la creación de un grupo de trabajo y solicitaron la puesta en marcha de un comisión de investigación sobre "corrupción urbanística" en todo el litoral en la última década, que no fue admitida por la Mesa de la Cámara por un defecto de forma, ya que, según el reglamento parlamentario, este tipo de grupos se tienen que constituir por un procedimiento específico.

El PP intentó aprovechar políticamente tanto el rechazo como la inasistencia de la parlamentaria de Los Verdes. El portavoz popular, Antonio Sanz, lo calificó de "boicoteo", afirmó que el partido socialista "ampara a los corruptos y los corruptores" y que la negativa "da la razón" a Gálvez "ya que el PSOE no tiene una posición clara a la hora de rechazar la corrupción urbanística" en la comunidad.

"Ustedes prefieren la mentira, la calumnia y las cintas de vídeo en vez de abordar serenamente los problemas que afectan al litoral andaluz", le replicó el portavoz adjunto socialista, Manuel Gracia, quien acusó a los populares de actuar "a rebufo de un debate que han perdido estrepitosamente".

Como estaba previsto, el Parlamento, con el voto en contra del PSOE, aprobó por segundo año consecutivo cuatro resoluciones de PP, Izquierda Unida, PA -socio de coalición en el Gobierno- y Mixto en las que se piden que las elecciones andaluzas no coincidan con ninguna otra convocatoria electoral. A efectos prácticos, la propuesta no obliga al presidente de la Junta, Manuel Chaves, sobre quien recae la competencia legal exclusiva de convocar los comicios autonómicos "previa deliberación del Consejo de Gobierno". Otras dos iniciativas socialistas inspiradas por la diputada verde que salieron adelante se refieren a Canal Sur, a la que se insta a "potenciar los contenidos de calidad" y a evitar los impactos negativos de la ampliación de los puertos deportivos.

De las 175 propuestas de resolución presentadas por los cinco grupos se aprobaron 150, entre las que destacan un paquete de reclamaciones al Gobierno central -inversiones en la red de Autovías; la liquidación definitiva de la financiación autonómica que está pendiente; medidas sobre la Política Agraria Común; más financiación para aplicar el Pacto de Estado de la Justicia; y los compromisos sobre la alta velocidad en Andalucía-. En el capítulo de traspasos, la Cámara aprobó solicitar las competencias de las cuencas intracomunitarias del Sur, Guadalete-Barbate, Tinto, Odiel y Piedras, y Guadalquivir.

Entre las propuestas presentadas por el Partido Popular y aprobadas por el pleno destacan las que insta a un acuerdo entre la Junta y el Gobierno para el cierre de nueve transferencias y las que defienden el pleno empleo y la puesta en marcha de un plan de emprendedores.