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Fomento tacha de "abuso intolerable" la próxima huelga de controladores

Fernando J. Pérez

"Convocar una huelga para que no se cumpla una ley no es razonable y, de producirse, sería un abuso intolerable". Adolfo Menéndez, subsecretario del Ministerio de Fomento, rechazó ayer la convocatoria de 15 días de huelga este verano por parte de los controladores aéreos en contra la Ley de Seguridad Aérea, actualmente en trámite parlamentario en el Senado.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), mayoritario en este colectivo laboral, acordó el pasado 17 de junio llamar a un paro los días 1, 7, 15, 23 y 31 de los meses de julio y agosto, y para los días 1, 7, 15, 23 y 30 de septiembre, para protestar por una ley que, según ellos, "tiene muy poco que ver con la seguridad aérea". Para la USCA, la nueva norma -que sustituye a otra de 1960- conculca derechos constitucionales, ignora el proyecto de cielo único europeo y tiene un carácter "represivo" y "sancionador".

Menéndez afirmó que la seguridad es un objetivo "irrenunciable" y "no susceptible de negociación" y confió en que los controladores terminen por desconvocar una huelga "que va contra la voluntad de los ciudadanos expresada en las leyes".

No obstante el subsecretario de Fomento aseguró que su ministerio, en caso de tener que afrontar el paro, fijará en su momento unos servicios mínimos "que garanticen la seguridad de los ciudadanos".

El subsecretario expresó su sorpresa por el hecho de que la huelga no esté motivada por una razón laboral, y que se haya convocado tras el "amplio diálogo" mantenido con "todos" los sectores afectados por la nueva normativa, cuyas aportaciones fueron incorporadas al proyecto de ley. Menéndez atacó los argumentos esgrimidos por los controladores para convocar la huelga. Afirmó, asimismo, que la Ley de Seguridad Aérea va a favor del cielo único europeo al trasponer toda la normativa de la Unión Europea E. Rechazó que la nueva ley suponga la militarización del transporte aéreo.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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