El Consistorio adjudicará varias parcelas a los afectados de CPV

El edil de Urbanismo, Sigfrido Herráez, se reunió ayer con los afectados del caso CPV (Comercializadora Peninsular de Viviendas) la promotora que ofrecía pisos en Sanchinarro, pero que no puso ni un ladrillo, para comunicarles que el Ayuntamiento agilizará la adjudicación de varias parcelas en el Ensanche de Vallecas a fin de construir 416 viviendas de precio tasado destinadas a los damnificados por esta presunta estafa. Así lo aseguró, tras el encuentro, la vicepresidenta de la asociación de afectados, Dominga Niso. Esta portavoz indicó que el Consistorio se ha comprometido a llevar al pleno, y por consenso, una propuesta para que las viviendas se ubiquen en varias parcelas, "ya que una no es suficiente para los 416 pisos previstos para los afectados que reunían los requisitos de acceso a este tipo de vivienda pública".

Otros 300 damnificados quedan fuera del acuerdo con el Consistorio por no cumplir los requisitos económicos exigidos para optar a un piso de precio tasado: (ganar menos de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional) y no poseer un piso en propiedad.

"Nos han prometido que ayudarán en todo lo posible para agilizar el tema de licencias", añade Niso, "y aunque esperemos a septiembre para la firma de los papeles, se va a intentar adelantar el trabajo en lo que se pueda". Pero los afectados no están tan satisfechos con la marcha de las gestiones a nivel judicial. Aseguran que después de que el juez Baltasar Garzón descartara instruir el caso en la Audiencia Nacional, "el tema está muy parado".

La juez que investiga esta supuesta estafa ha citado para mañana a los abogados de los afectados para proponerles, a petición del fiscal, que actúen judicialmente con un solo letrado y procurador, según fuentes judiciales. El representante del ministerio público considera que así "se simplificaría muchísimo la tramitación".

La instrucción de este caso, ya compleja de por sí, cuenta con la personación de más de 80 perjudicados, lo que la complica más. Fuentes de las defensas aseguraron ayer que se van a negar a que haya una única representación y añadieron que obligar a todos los afectados a llevar el mismo abogado "es inconstitucional".

Negativa de Garzón

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón rechazó la competencia para investigar este caso y a principios de este mes devolvió las actuaciones al Juzgado número 34 de Madrid.

Cuatro imputados en este caso -los hermanos Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez y Miguel Ángel Morillo del Pozo, y el director general de la promotora, Francisco García Moreno- están en libertad provisional sin fianza desde el pasado 20 de diciembre. En noviembre habían ingresado en la cárcel por una supuesta estafa a más de mil familias que habían dejado una señal para la compra de una vivienda en los llamados nuevos barrios del norte de Madrid.