Ecologistas en Acción denuncia vertidos ilegales en Getafe

Ecologistas en Acción denunció ayer que grandes empresas de la construcción de la Comunidad de Madrid están eliminando parte de los escombros y residuos que generan en el vertedero clandestino La Aldehuela, en el término municipal de Getafe y dentro de los terrenos del Parque Regional del Sureste.

Los ecologistas aseguran que los vertidos se están produciendo con el beneplácito de la Consejería de Medio Ambiente, ante la cual fueron denunciados los hechos en 2002. En ese año, la consejería anunció su intención de iniciar un expediente para controlar los vertidos.

Este paraje, autorizado por la Junta Rectora del Parque del Sureste para recibir tierras limpias procedentes "únicamente" de las obras de Metrosur, habría recibido, según datos de la organización ecologista, más de 20 millones de metros cúbicos de "toda clase de residuos y escombros" en una superficie aproximada de 200 hectáreas entre el verano de 2001 y diciembre de 2002.

Ecologistas en Acción aseguró que, en base al seguimiento de camiones que se llevó a cabo por varios colectivos locales, la mayor parte de los vertidos proceden de obras de la capital y de grandes compañías constructoras. Los miembros de la organización afirmaron que los escombros "no tienen nada que ver con la obra de las infraestructuras de Metrosur".

Al amparo de estas obras, esta zona verde de 24.000 hectáreas que discurre por los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama ha recibido volquetes de escombros, de ladrillos, de asfalto troceado y arrojado en pegotes.

Las miles de toneladas de vertidos arrojados a este paisaje forestal, convertido en un descampado lunar, han amenazado en los últimos años a varias especies protegidas que anidan en este parque, como el cernícalo primilla, un ave en peligro de extinción.

Sin medidas

Asimismo, los ecologistas criticaron que "durante todo este tiempo no se ha practicado ningún control serio en el acceso a la zona" y denunciaron que "la empresa que gestiona el recinto ha convertido un plan de restauración minero en un basurero comercial del que se benefician especialmente algunas grandes empresas de la región".

En esta misma línea, los ecologistas señalaron que en el periodo comprendido entre el mes de junio de 2001 y diciembre de 2002 (fecha en que se hizo pública la intervención de la Fiscalía de Madrid y se ordenó tapar los vertidos con una capa de tierra), los responsables de la Consejería de Medio Ambiente "negaron incluso la existencia de los vertidos".

Por último, aseguraron que, además, se informó en dos ocasiones al Ayuntamiento de Getafe "sin que nos conste ninguna intervención por su parte".