El fiscal de Madrid implica a cargos del PP en una trama inmobiliaria

La Fiscalía de Madrid presentó ayer una querella por prevaricación, asociación ilícita para cometer delitos relativos al mercado y a las consumidores, cohecho y blanqueo de capitales contra ocho personas que integraban supuestamente una red de especulación urbanística cuyo negocio podía alcanzar los 6.000 millones de euros (un billón de pesetas).

Entre los querellados figura el ex alcalde de Alcorcón Pablo Zúñiga, del PP, su edil de Hacienda, y a los constructores Francisco Vázquez y Francisco Bravo, que ayudaron al diputado socialista tránsfuga Eduardo Tamayo cuando decidió ausentarse del pleno de la Asamblea de Madrid y dejó a la izquierda sin mayoría absoluta.

El fiscal denuncia que Zúñiga decidió, en connivencia con propietarios de suelo y promotores inmobiliarios, recalificar los terrenos rústicos del norte del municipio para levantar 33.000 viviendas. Y que para hacerlo prescindió de los funcionarios del Ayuntamiento de Alcorcón y contrató a un arquitecto, Leopoldo Arnaiz, contra el que también va la querella, que a su vez estaba contratado por los propietarios privados del suelo rústico. La Comunidad de Madrid desbarató estos planes especulativos al rechazar en cuatro ocasiones la revisión del Plan General de Alcorcón.