Del transfuguismo y otros fenómenos

Los personajes Tamayo-Sáez, burlando el sentido de las elecciones democráticas de la Comunidad de Madrid, han descubierto una trama empresarial con intereses políticos no digerible en pleno siglo XXI. Al parecer, los Tamayo-Sáez forman parte de una escudería, integrada también por algunos concejales de Madrid, cuyos propietarios son unos empresarios de la construcción. Hasta ahora está admitido que éstos ofrecieron al PP la Alcaldía de Sevilla la Nueva (Madrid). Son negociantes acreditados en ese submundo, porque fueron recibidos, ni más ni menos, que por el secretario general del PP. En esta ocasión, el género no era del agrado de los presuntos compradores, u otras circunstancias no hicieron posible la operación. Parece evidente la ligazón de los Tamayo-Sáez con los patrones de esta escudería y el servicio que han hecho a quienes inquietaba la llegada del PSOE al gobierno de Madrid.

Los caminos están explorados y llueve sobre mojado. Perdone el lector la inmodestia de recordar que yo mismo fui en 1998 uno de los firmantes del Pacto contra el Transfuguismo, rubricado también entonces por el hoy vicepresidente Mariano Rajoy. La esencia de esta iniciativa aspiraba a situar un pacto de caballeros, de limpieza y de higiene democrática, como la gran barrera que debía obstaculizar cualquier operación diseñada para derribar a un alcalde. Los compromisos que el Gobierno asumió en aquel acuerdo no han prosperado con ninguna iniciativa de rango legal.

Otras experiencias negativas, aunque de mucha menor gravedad, también se han ofrecido después de las elecciones. Por ejemplo, en la ciudad de Jerez, el PP y el señor Pacheco han acordado repartirse la alcaldía a dos años cada uno. Han llegado a un acuerdo con nocturnidad, a espaldas de la opinión pública de su ciudad, que no habría aceptado, ni acepta este acuerdo entre quienes mayores descalificaciones se han cruzado en la campaña electoral. Han convertido la alcaldía de Jerez en la doble alcaldía. Era evidente el apoyo electoral y la simpatía que ha recogido la candidata del PSOE, Pilar Sánchez. Esta experiencia no es única, ni es la primera ocasión, ni es privativa de estas dos formaciones políticas; pero Jerez tiene mayor significación que ningún otro municipio de los que han adoptado esta práctica. Esta fórmula no debe seguir favoreciéndose; cualquier solución legal es preferible al reparto del mandato que la ley establece en cuatro años. En las elecciones de 1995, en Puerto Real, para desplazar al partido ganador, IU, los partidos PP y PSOE pactaron una medida similar. La diferencia fue que los concejales del PSOE fueron expedientados y sancionados y los del PP bendecidos.

Hace años que los partidos políticos venimos dando vueltas a un asunto que seguro encabeza ya la lista de temas pendientes: la Reforma de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG). El día 24 de noviembre de 1998, desde el Grupo Socialista registramos en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para propiciar la elección directa de los alcaldes. El PP nunca consideró esa posibilidad creyendo quizás que eran intereses electorales del PSOE los que nos movían a adoptar esa decisión. Todo lo contrario, esa fórmula o cualquier otra de parecida naturaleza debe considerarse, con seriedad.

La elección directa de alcalde quizás no sea la panacea pero sí es un antídoto para poner punto y final al espectáculo indeseable del transfuguismo y obliga a los partidos políticos a exponer pública y previamente sus acuerdos políticos. Un alcalde elegido de forma directa y a dos vueltas cuando no quede expresada con rotundidad la voluntad de los ciudadanos en la primera, tiene mayor garantía de limpieza y respeto a las reglas del juego. Es la fórmula para que el alcalde cuente con más legitimidad electoral directa y gane autonomía, quedando a salvo legalmente de las mociones de censura y del papel de los tránsfugas.

Hay que defender la democracia, poniendo coto también a ese reguero de grupos independientes, algunos de intereses dudosos, que afloran en los municipios costeros y cada vez más en aquéllos que conforman los cinturones de las capitales. Donde huele a dinero fácil y hay grandes proyectos inmobiliarios en juego surgen esos independientes, miembros de escuderías o grupos, propiedad de empresarios, ligados generalmente a la explotación del suelo.

La gran mayoría de los ayuntamientos, como primer estadio de la vida política y el más cercano a los ciudadanos, son el escaparate diario de una gestión honesta, prestigiada, que revalidan su mandato con el crédito de los ciudadanos.

La única trinchera que hemos de establecer es la de quienes consideran la política un ejercicio noble y limpio frente a quienes hacen de la política una mercadería, que se compra y se vende. Todos tenemos responsabilidad, pero quien gobierna en España, en este momento el PP, tiene la oportunidad de hacer un ejercicio de nobleza y de pedagogía adoptando posiciones políticas claras y acometiendo reformas legales que den seguridad frente a fenómenos despreciables como el transfuguismo u otros de parecida naturaleza.

Alfonso Perales Pizarro es consejero de Gobernación.