Tiempos de política

La espantada de dos diputados socialistas en la Asamblea de Madrid ya ha desembocado en los tribunales, que deberán dilucidar si hay o no materia criminal en una conducta que aparece cada vez más enredada en intereses inmobiliarios. Pero el lento paso de la justicia no puede marcar el ritmo de la respuesta política: tanto en el orden institucional como en la depuración interna de responsabilidades en el partido socialista. El episodio en cuestión ha hecho aflorar graves disfunciones en el funcionamiento de las agrupaciones socialistas, especialmente en la Federación Madrileña, donde pequeños grupos de presión pueden secuestrar la voluntad del partido y del electorado.

El problema institucional, aunque complejo, podrá resolverse en el límite de acuerdo con las previsones legales. Y la posible actuación delictiva de los dos diputados felones quedará en manos de los jueces. Pero al PSOE -a sus máximos dirigentes- corresponde asumir sus propias responsablidades por lo sucedido en el seno del partido, que deben ir más allá de las obligadas disculpas a los electores. Los ciudadanos, y especialmente los votantes del PSOE, esperan medidas políticas.

El cruce de querellas -Zapatero anunció ayer la intención del PSOE de acudir a los tribunales, mientras el PP trataba de intimidar con lo propio a quien le le contamine- no se dilucidará en años. Pero dentro de 13 días se celebra el debate sobre el estado de la nación. ¿Está en condiciones Zapatero de exigir al presidente del Gobierno la responsabilidad, o incluso la dimisión, de alguno de sus ministros, con razones más que sobradas en algún caso? Mientras no tome medidas drásticas en su propio seno, el PSOE estará desarmado. La presión política del calendario, con las elecciones generales de marzo ya en el horizonte inmediato, no admite demoras.

Ha habido novedades: la confirmación de la hipótesis de la corrupción, que sitúa a Tamayo y Sáez en una trama de intereses inmobiliarios; la aparición de contactos entre el secretario general del PP madrileño, Romero de Tejada, con los promotores que se perfilan detrás de los dos tránsfugas. Pero la justicia no puede servir de coartada para retrasar la asunción de responsabilidades políticas. El PSOE las tiene en primer lugar, porque en sus listas figuraban los dos tránsfugas. Seguramente sus votantes esperan que alguien responda de ello.

La repetición de elecciones en Madrid empieza a parecer cada día más inevitable, aunque ello alterará inevitablemente el reciente veredicto de las urnas. Sería deseable que cuando se convoquen se haya desentrañado al máximo esta red de corrupción, de manera que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre las responsabilidades de cada partido. El hecho de que unos constructores estén presuntamente dispuestos a recurrir al cohecho para evitar que la izquierda gobierne en Madrid no es la mejor tarjeta de presentación del PP. Estamos ante un grave problema que afecta a las bases de la democracia y que exige una respuesta enérgica de todos los partidos.