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OPINIÓN

Ayudantes y LOU

Ha pasado ya más de un año desde que la controvertida Ley Orgánica de Universidades (LOU) se impusiera a la comunidad universitaria. Aunque los vientos de protesta se han apaciguado, es necesario seguir reflexionando hoy sobre el sentido y las consecuencias de los cambios que establece. La LOU ha supuesto la introducción en la universidad pública de prácticas y discursos neoliberales. Por ello, no es de extrañar que uno de sus efectos más evidentes haya sido aumentar la precariedad laboral del profesorado en formación. Utilizando un léxico incontestable ("flexibilidad", "movilidad", "competitividad") la nueva ley ha conseguido erosionar el concepto de "carrera docente". Los procesos de estabilización laboral se han convertido en una dilatada e imprevisible carrera de obstáculos en la que las reglas del juego nunca se acaban de conocer. La ausencia de una carrera profesional definida y coherente dibuja una situación confusa y contradictoria que, por un lado, alimenta el conflicto entre colectivos y por otro, obliga al profesorado en formación a trabajar (y a vivir) en un estado de incertidumbre que favorece actitudes de dependencia tanto en el plano laboral como intelectual. En un escenario que endurece las jerarquías que ya de por sí definen el funcionamiento universitario (es intolerable, por citar sólo un ejemplo, la distribución desigual de porcentajes de representación), no sólo la excelencia sino el capital social dentro del propio departamento o del área de conocimiento siguen siendo un elemento determinante en la vida académica. Ejemplos no faltan. La LOU disfraza pero, sin duda, no soluciona el clientelismo presente en la antigua Ley de Reforma Universitaria (LRU).

En este marco, uno de los colectivos directamente afectados es el constituido por los profesores ayudantes que hemos visto alterada la carrera docente que iniciamos en el anterior marco legislativo. Un colectivo para el que la LOU, por expreso deseo de sus autores, no contempla ninguna transitoriedad real. Ya no estamos en 1983 y quizá por eso cuando los profesores en formación reivindicamos derechos elementales como la necesidad de estabilidad laboral después de años de dedicación exclusiva a tareas docentes e investigadoras, nuestro discurso es, a menudo, (des)calificado de mera defensa corporativa. Las políticas neoliberales tienen la habilidad de presentar las regresiones y los retrocesos que imponen como reformas progresistas. De modo que combatir dicha política es arriesgarse a parecer arcaico. Esto se ve claramente analizando el modo en el que se justifican las medidas que tienden a desarticular el Estado de Bienestar y devastar adquisiciones democráticas en materia de legislación del trabajo, sanidad, protección social o enseñanza y la dificultad para cuestionarlas.

Ante las nuevas racionalidades políticas, el discurso crítico y las prácticas de resistencia necesitan reconstruirse y relanzarse en espacios diversos. En nuestro ámbito, de la fuerte oposición inicial a la LOU se ha pasado a una posición resignada, indiferente o incluso mimética... Sin embargo, la Universidad pública no puede renunciar a la crítica constante porque en ello se juega su propia autonomía. Y especialmente, ahora, cuando los nuevos Estatutos están en proceso de elaboración. En ellos, las reivindicaciones del profesorado en formación deberían ser interpretadas y asumidas no únicamente como un problema particular de una parte del profesorado, sino como un problema de la Universidad porque remiten a la concepción misma del sistema universitario.

Los futuros Estatutos -si existe voluntad política- y el próximo convenio colectivo pueden constituir herramientas de oposición a los efectos de precariedad que establece la LOU. Herramientas que permiten regular la situación de determinados colectivos insistiendo en algo tan cínicamente desacreditado como las expectativas de consolidación laboral y estableciendo trayectorias diferenciadas y claras que eviten conflictos entre ellos. No existe otra forma de dotar a los trabajadores de una libertad relativa con respecto a sujeciones arbitrarias. Afortunadamente, algunas universidades han dado ya, en este punto, un ejemplo de coraje político desafiando o minimizando en sus Estatutos los efectos de una ley impuesta en lugar de obedecerla sin más. Confiemos en que este movimiento se extienda a las universidades valencianas. Mientras tanto, algunas y algunos hemos comprendido la importancia del trabajo colectivo y sabemos que la defensa de determinados derechos es algo más que un asunto privado, es también un modo de resistir a una lógica que rechazamos.

Continuará...

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Lucía Gómez y Manoli Pardo son profesoras de la Universitat de València y forman parte de la Plataforma de Ayudantes de esta institución

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 16 de junio de 2003