¿Hacia dónde va EE UU?

El rechazo profundo al Protocolo de Kioto, al tratado antimisiles balísticos (ABM) y a la propuesta para la creación de un Tribunal Internacional de crímenes de guerra; la denominación de un "eje del mal" y la guerra de Irak; el cambio de nombre de las patatas fritas [en inglés french fries, o patatas francesas] y de las tostadas a la francesa como castigo por el hecho de que el servicio de espionaje militar francés era más preciso que el estadounidense en lo que se refiere a las armas de destrucción masiva de Sadam Husein; éstos y otros gestos realizados en los últimos dos años han puesto al mundo sobre aviso, debido a que la política exterior estadounidense ha adoptado un carácter unilateral totalmente diferente a la política que Estados Unidos venía siguiendo desde la guerra de 1914 a 1918 y hasta el final de la presidencia de Clinton. Al mismo tiempo, el Gobierno nacional de la república ha sufrido cambios igualmente significativos de los que los no estadounidenses tal vez no se hayan dado cuenta. En este artículo intentaré definir y comentar dichos cambios.

Desde principios del siglo XX, cuando el presidente republicano liberal Theodore Roosevelt comenzó a refrenar los delitos económicos de los robber barons [capitalistas enriquecidos por la explotación] y los nuevos monopolios industriales, hasta finales de esa centuria, Estados Unidos tuvo un sistema económico que bien podría describirse como un capitalismo moderado por un sentido de justicia social y de protección necesaria. Siguiendo la decisión de Theodore Roosevelt de disolver las compañías fiduciarias, Woodrow Wilson introdujo el impuesto gradual sobre la renta (cada uno realiza el pago según sus recursos económicos) y el sistema de reserva federal, con intención de estabilizar y proteger el valor de la moneda nacional. Con Franklin Roosevelt, y para hacer frente a la mayor depresión de la era moderna, se estableció el New Deal, una nueva política económica que reconocía los derechos de los sindicatos y que estableció un sistema de pensiones para la vejez que cubría a toda la población. Tanto Franklin Delano Roosevelt como Harry Truman tomaron medidas para acabar con la discriminación racial en las Fuerzas Armadas y para consolidar los derechos civiles de las mujeres y de las minorías raciales, programas que Lyndon Johnson amplió enormemente. Johnson también destinó todas sus energías y poder de persuasión a la creación del Medicare (cobertura parcial de gastos médicos para los jubilados) y Medicaid (cobertura de los gastos de clínicas y hospitales para los pobres). En 1965, Johnson llevó a cabo una nueva ley de inmigración que revocaba antiguas restricciones basadas en la procedencia racial y nacional de posibles inmigrantes. Todas estas leyes recibieron mucho más apoyo de los legisladores demócratas que de los republicanos, pero la gran mayoría de estadounidenses no sólo aceptó la justicia básica del New Deal, las leyes sobre los derechos civiles y la cobertura médica parcial para los que no pueden pagar las tarifas privadas, sino que las dieron por supuestas. Igualmente, y a lo largo del siglo, todos los presidentes, con la excepción parcial de Ronald Reagan, ampliaron las medidas de Theodore Roosevelt para proteger la naturaleza, la calidad del agua, los pantanos, los bosques y la tierra virgen.

El régimen del presidente George W. Bush está desafiando tenazmente toda esta herencia del "capitalismo con rostro humano". Para ello se están empleando principalmente dos medios. Uno es la política de reducción masiva de impuestos, acompañada de puras tergiversaciones de las verdaderas consecuencias de la bajada de impuestos. En menos de un año, y antes del 11-S, el nuevo presidente convirtió el legado de Clinton, que consiguió el primer superávit federal en cuatro décadas, en un panorama caracterizado por la llegada de nuevos y numerosos déficit que durarán décadas. El Partido Republicano era el mayor enemigo del déficit cuando una gran parte de los números rojos se podía atribuir a los crecientes gastos de los servicios sociales. Pero cuando la combinación de la reducción de impuestos para la gente adinerada y la ampliación de los programas militares causa el nuevo déficit, éste es beneficioso por dos razones: 1)obligará a reducir los servicios sociales, sobre la base de que no hay dinero para pagarlos; 2)el Gobierno tendrá que vender pagarés del Tesoro que produzcan altos intereses a los ciudadanos adinerados que ya se han beneficiado enormemente de la reducción de impuestos.

Cuando explotó la burbuja del mercado de acciones (también antes del 11 de septiembre), el Gobierno de Bush atravesaba una situación embarazosa causada por las numerosas relaciones personales con los más destacados delincuentes administrativos involucrados en el escándalo de Enron y de otras empresas. Cito un ejemplo de la reacción presidencial, tomado de un artículo de Frank Rich publicado el 3 de marzo de 2002 en el periódico The New York Times y cuyo acertado título era "Freedom from the Press" ["Libres de la prensa"]. Poco antes del desmoronamiento de Enron, "la Administración anunció que su guardián de la moralidad, el abogado defensor de la Casa Blanca Alberto González, había declarado a Kart Rove [el consejero político de Bush más poderoso] inocente de cualquier conflicto de intereses, después de que se descubriera que Rove poseía miles de dólares en acciones de Enron, mientras se deliberaba sobre la política de energía nacional con ejecutivos de la empresa. Lo que no anunció la Casa Blanca fue que su propio moralista, González, había recibido una buena suma de dinero de una campaña que Enron realizó en Tejas. El presidente Bush ha hecho todo lo posible para quitarle importancia a cualquier otra revelación sobre… las relaciones de su equipo con su patrocinador más importante, depositando sus documentos gubernamentales no en la Biblioteca del Estado de Tejas…, donde estarían sometidos a la estricta ley de información pública del Estado, sino en la biblioteca presidencial de su padre, donde tal vez no estén".

El segundo medio empleado para hacer volver a Estados Unidos al capitalismo no regulado anterior al siglo XX es cultivar una psicología de guerra, de manera que cualquier crítica a la política republicana conservadora se condena por considerarse una deslealtad en época bélica. De hecho, mucha gente que sabe lo desastrosas que son las medidas de Bush ha permanecido en silencio, temiendo con razón enfrentarse a un nuevo brote de macartismo. En lo que se refiere a las libertades civiles, sin duda los lectores de EL PAÍS son conscientes de que a cientos de prisioneros, en su mayor parte prisioneros no estadounidenses capturados en Afganistán, se les está reteniendo indefinidamente en las prisiones militares estadounidenses situadas en la base naval de Guantánamo, negándoles el acceso a los abogados. En teoría, la base es territorio cubano arrendado a EE UU desde la guerra de 1898. Por lotanto, a los prisioneros se les niegan automáticamente los derechos legales mínimos de los que disfrutarían en los tribunales estadounidenses. En cuanto a la Convención de Ginebra, Estados Unidos afirma que a los prisioneros se les está tratando adecuadamente, y niega que haya motivo para la preocupación internacional.

No es necesario entrar en detalles legales para comprender la actitud hostil de la Administración de Bush hacia la libertad política tal y como la entendían John Stuart Mill, Franklin Roosevelt o Lyndon Johnson. Dick Cheney, escogido por Bush como vicepresidente, y John Ashcroft, su fiscal general, votaron en contra de la legislación sobre derechos civiles mientras prestaban sus servicios en el Congreso. El año pasado, un comité del Congreso presentó una demanda contra Cheney por negarse a presentar el acta resultante de las deliberaciones que llevó a cabo con varios ejecutivos del sector privado de la energía sobre la política de energía pública. Ashcroft constituye un verdadero salto atrás hasta los inquisidores de McCarthy, quienes pensaban que todos los ateos, agnósticos, gays y marxistas (ampliando la definición para incluir a todos los socialistas demócratas) deberían ser expulsados de la vida política y cultural de Estados Unidos.

Cuando se intenta predecir si Bush será reelegido en 2004, hay dos grandes elementos imponderables. Uno es el efecto de la psicología bélica y la credibilidad del constante lema de Bush de "estamos en guerra". El otro es hasta qué punto los votantes entenderán la determinación del régimen de Bush de que Estados Unidos vuelva a los días del capitalismo de los robber barons, del "todo para el vencedor" y de "cada minuto nace un memo". La gran mayoría de los estadounidenses cree tanto en la utilidad como en la justicia de la seguridad social y del sistema de cobertura de gastos médicos para jubilados y pobres. Están a favor de las leyes de protección de la naturaleza y creen en el principio de que las personas y las sociedades deberían pagar impuestos proporcionales a sus ingresos. Si se dan cuenta de que, a la larga, las consecuencias derivadas del plan de reducción de impuestos de Bush harán imposible el pago de las pensiones de la seguridad social, así como de los gastos médicos, y si comprenden que sus ataques contra la política de protección "degradarán" (por usar uno de los eufemismos militares preferidos por el régimen) la calidad física del continente americano, es muy probable que voten contra el partido que vende ese programa. Pero la gran mayoría de la gente no lee la sección de economía. Si se quedan sin trabajo o no pueden pagar sus facturas mensuales, puede que hagan responsable al gobierno federal, pero no se preocuparán por las verdaderas consecuencias que la reducción de impuestos puede traer a largo plazo a menos que se las explique un adversario democrático bien informado. En cuanto a las libertades civiles, su defensa dependerá en buena parte de si el Gobierno y los medios de comunicación permiten que disminuya la psicosis bélica.