La Convención y España
En Salónica, capital hasta la Segunda Guerra Mundial de la mayor comunidad de judíos sefardíes hispanohablantes, el Consejo Europeo tiene una cita importante: dar paso a la Constitución de la Unión, aceptando el trabajo de la Convención como base de la Conferencia Intergubernamental que ha de convocar. En esencia, definir qué queremos hacer juntos y cómo queremos hacerlo, ésa es la cuestión clave. A ella se añade otra, si España gana o pierde con esta Constitución.
Para responder a esta pregunta básica, conviene hacer un breve balance de la Convención a partir de una declaración de principios. Trabajé para que se convocara la Convención, la he apoyado, y haré todo lo posible para que sea un éxito. De momento, en su haber figura el hecho mismo de que exista un borrador de Constitución, ya que su mandato inicial se centraba en las reformas solicitadas tras la frustrante experiencia del Consejo de Niza.
Existe, pues, un texto único y relativamente breve en el que se reconoce la personalidad jurídica de la Unión, la inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales, la supresión de la estructura de pilares, el poder legislativo compartido por el Parlamento y el Consejo, la jerarquía normativa, con la definición de la ley comunitaria y la simplificación de los instrumentos jurídicos, la extensión del campo de aplicación de la mayoría cualificada y del procedimiento legislativo en general a 38 materias más, entre las que destacan Agricultura, Justicia e Interior, la creación de la figura del ministro de Asuntos Exteriores, y la elección del presidente de la Comisión teniendo en cuenta el resultado de las elecciones europeas.
Ciertamente, mucho es lo conseguido, pero mayor es aún la ambición no sólo de la mayoría de los miembros de la Convención, sino de aquellos que dentro y fuera de las Instituciones comunitarias o nacionales, consideramos que también necesitamos a un señor o señora Euro, un ministro de Asuntos Económicos y Sociales que gestione nuestro desarrollo económico, la defensa de los servicios públicos, un sistema fiscal por mayoría en el mercado interior y un triángulo interinstitucional respetuoso del método comunitario, equilibrado y contrapesado. En el estado actual del debate, este último es el punto más controvertido, con cuatro temas pendientes e interrelacionados entre sí: la Presidencia del Consejo Europeo, la composición de la Comisión, la mayoría cualificada en el Consejo de Ministros y la creación del señor/señora Euro. La Convención puede establecer en estos temas criterios orientadores básicos, como son: en la Presidencia del Consejo, asegurar fórmulas que garanticen la continuidad y la cohesión de su funcionamiento sobre la base de la igualdad entre Estados miembros sin crear un diunvirato inestable e ineficaz de los llamados "grandes"; en la Comisión, hacerla más responsable y eficaz, manteniendo su independencia y desnacionalizándola sin lesionar a los "más pequeños" y a los "nuevos"; para el señor/señora Euro, crearlo cuando haya dos tercios de los Estados que estén en la moneda única. La solución que se está imponiendo en estos temas es insertarlos en un marco evolutivo, como hicimos con el Título VIII de la Constitución Española, lo que se llama ahora la cláusula del "rendez vous" -la cita para el 2009- porque la próxima legislatura europea, que empieza el 2004, se hará todavía con las normas del Tratado de Niza. Lo esencial es ver cómo podemos convivir y compartir nuestro destino 480 millones de ciudadanos y 25 Estados diferentes decidiendo por mayorías democráticas normas que garanticen la igualdad de Estados y ciudadanos, no cómo podemos vetarnos y bloquearnos entre nosotros. El método más prudente para avanzar es que la Constitución abra posibilidades y no cierre puertas.
¿Perjudica a España este borrador constitucional? Así lo ha afirmado el Gobierno, echando un órdago para que no se tocara Niza, so pretexto que con la doble mayoría cualificada (la de Estados y ciudadanos) como norma, España perdería peso. Peso que perdió ya en la pésima negociación de Niza, en la que frente a la propuesta de la doble mayoría, al empeñarse Chirac en mantener la paridad con Alemania en el Consejo, la cedió en el Parlamento, en donde los alemanes consiguieron 99 diputados de 700; Aznar cedió aún más, el admitir una rebaja de 14 escaños, el 20% del número de eurodiputados españoles, a cambio de la ilusión de una minoría de bloqueo. Aparte de que este cerrojo, la llamada minoría de bloqueo del aceite de oliva o de la pesca son prácticamente imposibles de lograr entre 25, los ensayos de vetos y enmiendas epistolares en que se está especializando nuestro Gobierno no sólo son flor de un día, sino que permiten a los que ponen una firma de apoyo acrecentar su capacidad de negociación en lo que les interesa. Más sensata es la propuesta de Gabriel Cisneros al presentar un documento de trabajo a la Convención en el que propone una nueva distribución de escaños en el Parlamento Europeo, que compensaría en parte la rebaja Aznar. Pero la cuestión central es la lógica de funcionamiento de la Unión Europea, si es la federal, la ley es la de las mayorías democráticas para legislar y decidir juntos, si es la intergubernamental, entonces, la unanimidad es la regla y el veto su seguro. Con todo, el sistema europeo es más ponderado, ya que si se toma como ejemplo el admirado Estado de Tejas, aun siendo uno de los más grandes y poblados de los EE UU, tiene dos senadores, los mismos que el minúsculo Estado de Rhode Island e iguales derechos.
Este órdago responde a la línea seguida por el Gobierno actual en todos los frentes en relación con la construcción europea: propuesta Aznar en Oxford de reemplazar el método comunitario por un presidente de un Directorio; alineamiento sistemático con posturas intergubernamentales en lo fiscal, lo social, silencio clamoroso en las políticas de solidaridad, ruptura abierta de las obligaciones de consulta y lealtad en la política exterior en el caso de Irak. De ser posible, se produce el alineamiento con las posiciones británicas, tratando de configurar un eje alternativo, con un planteamiento trasatlántico teorizado en estas páginas por Emilio Lamo de Espinosa, responsable del Instituto Elcano, una de esas instituciones que está surgiendo al calor del Presupuesto con pretensión de ser un think-tank, aunque en realidad sea más bien lo que los británicos llaman un Quango, organización cuasigubernamental. De puertas para dentro de la Unión, lo más concreto son las declaraciones conjuntas de buenos propósitos en las cumbres Aznar-Blair, porque el Reino Unido no está en el euro, Gordon Brown no renuncia al cheque británico y propone la renacionalización de las acciones estructurales y cuando hay que hablar de defensa lo hacen con Francia y Alemania, de Gibraltar ya ha dicho mi estimado McShane que mejor no hablar. En cualquier caso, se trata de una línea alternativa a la integracionista seguida hasta ahora, que no fue sólo la de los Gobiernos socialistas, sino la de toda la generación política que hizo la transición. El europeísmo es desde entonces uno de los pilares básicos de la política exterior de la democracia española, como la adhesión al multilateralismo; por eso, todos los pasos decisivos desde la integración en el Consejo de Europa y la adhesión a la Comunidad Europea, seguida de las ratificaciones del Acta Única, los Tratados de Maastricht, Amsterdam, y Niza, fueron aprobados por unanimidad en las Cortes, caso infrecuente en la construcción europea. Además, en cada cita europea, España aportó propuestas e ideas que se han ido integrando en el acervo comunitario: la ciudadanía europea y la cohesión económica y social en Maastricht, las dos cumbres de Madrid en las que se decidió la moneda única, la nueva Declaración Trasatlántica de Madrid de 1995 con los EE UU, la dimensión euromediterránea y latinoamericana, amén de la dotación presupuestaria de la solidaridad comunitaria. Trabajo éste de "pedigüeños" del que nos seguimos beneficiando en época de vacas flacas como la actual, y que desde luego no resiste la comparación con las promesas de Jeff Bush de traernos el cuerno de la abundancia. Porque no conviene olvidar que nuestro Plan Marshall vino y sigue viniendo de una Comunidad con la que tenemos que renegociar las perspectivas financieras en el 2006 en situación muy diferente a la de nuestro ingreso, no sólo porque hayan entrado otros más pobres, sino fundamentalmente porque hemos invertido de modo acertado y nos hemos desarrollado.
El debate que necesita España en estos momentos es saber si queremos seguir por la vía integracionista, actualizándola en un contexto distinto o si, por el contrario, estamos de acuerdo en convertirnos en un apéndice de un eje trasatlántico dominado por los EE UU. De la respuesta que demos dependerá nuestra posición de cara a la próxima Conferencia Intergubernamental y nuestra valoración de la futura Constitución Europea. Plantear abiertamente la cuestión es mejor que la política de desplantes y enrocamientos numantinos que nos aíslan en un momento decisivo para reforzar la Unión Europea de modo democrático y eficaz.
Enrique Barón Crespo es presidente del Grupo del Partido Socialista Europeo en el Parlamento Europeo.
