El Gobierno vasco homologa nueve empresas que reinsertan a excluidos

Las empresas de inserción, firmas que emplean a personas marginadas o en riesgo de exclusión social a las que firmas ordinarias no contratan, existen hace tiempo, pero sin una normativa específica. El Gobierno vasco ha regulado ahora este sector, al que subvencionará con tres millones de euros este año. Son "empresas puente entre la exclusión y el mundo laboral normalizado", en palabras del viceconsejero de Inserción Social, Manuel Vigo.

La decisión de homologar las empresas de inserción pretende, por un lado, contribuir mediante subvenciones al mantenimiento de las existentes, y, por otro, promover la creación de nuevas firmas. Dentro del proceso de homologación, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, del que depende la Viceconsejería de Inserción Social, ha creado un registro oficial de empresas de estas características. Nueve firmas, algunas de las cuales llevan varios años trabajando con estos colectivos en Euskadi, han cumplidos los requisitos y han sido ya registradas.

Entre los requisitos destacan varios: las empresas deben tener como fin la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de desventaja social o exclusión, realizar un proceso de inserción individualizado que incluya formación social y laboral (supervisado por un técnico de acompañamiento) y los empleados en situación de marginación deben suponer al menos el 40% de la plantilla y el 75% como máximo. Los beneficios deben reinvertirse en la compañía.

Las nueve firmas homologadas en Euskadi hasta ahora emplean en total a 63 trabajadores, de los cuales más de la mitad está en proceso de reinserción, según los datos facilitados por la Dirección de Inserción Social. El viceconsejero admite que es "una gota en un mar de exclusión". Recalca, no obstante, que este programa pretende preparar a estas personas en unos plazos razonables para que puedan acceder a trabajar en empresas ordinarias. El Ejecutivo quiere que los empleos subvencionados dirigidos a la inserción sociolaboral sumen entre 80 y 100, afirma Vigo.

Entre uno y tres años

Los empleados de estas compañías, cuyo denominador común suele ser que llevan un largo periodo sin trabajar, deberán permanecer en ellas entre uno y tres años. Durante ese tiempo, deben cobrar al menos lo establecido en los diversos convenios de los ámbitos en los que trabajan. Estar empleado en estas compañías es, además, incompatible con el cobro de la renta básica.

Las subvenciones para crear empresas alcanzarán hasta el 50% de la inversión, con un límite de 6.000 euros. Cada puesto de trabajo, nuevo o existente, recibirá una ayuda que cubra hasta el 85% de su coste o 12.000 euros. También habrá, entre otras, ayudas a la contratación de técnicos.

El departamento hará un seguimiento de la labor de las empresas para asegurarse de que la inserción sociolaboral es efectiva. Como recuerda Vigo, el Gobierno vasco considera que los procesos de inserción social se deben asentar en dos pilares fundamentales: el derecho a una renta suficiente -por eso existen pagos como el salario social o las ayudas de emergencia- y el derecho a trabajar.

Empleo ya tenía en marcha otros programas de reinserción sociolaboral. El problema era que el más prolongado de ellos, denominado Auzolan, está limitado a seis meses, un periodo insuficiente para muchos de sus usuarios.

El viceconsejero Vigo recuerda que existen 30 programas de inserción. "Atacando la exclusión desde distintos ámbitos estamos logrando que no se cronifique", asegura. Para confirmarlo ofrece un dato: el 80% de los perceptores de la renta básica "entra y sale" del programa.