Más allá del tráfico pesado
El barrio Pérez Cubillas, donde residían los detenidos por atacar a tres marroquíes, languidece por el abandono público
Cada vez que la abuela de Luisa López Albendiz tenía que ir al centro decía "vámonos a Huelva" aunque su barrio no diste más allá de un cuarto de hora de paseo del cogollo urbano. Sin embargo, el barrio de Pérez Cubillas, donde vivía la abuela de Luisa y donde sigue residiendo su nieta y actual presidenta de la asociación de vecinos Nuestra Señora de la Salud, es una especie de islote cercado por las marismas y una carretera que conduce al Polo Químico bautizada con un nombre certero e infame: la carretera de Tráfico Pesado.
Raro es que a Pérez Cubillas acudan quiénes no viven allí (cerca de 4.000 personas), pero tampoco el movimiento inverso es masivo. Luisa López pone el ejemplo del centro social, construido al otro lado de la carretera, al que calcula que acudirá alrededor del 10% de la población. "La carretera es una barrera física que crea una sensación de aislamiento", expone Francisco Cerezo, presidente de la asociación Un nuevo horizonte para mi barrio, fundada por los Hermanos Maristas hace ocho años con el objetivo primordial de prevenir las drogodependencias entre los menores del núcleo. Sus programas se dirigen especialmente a niños de entre 7 y 14 años, aunque también desarrollan iniciativas para los adultos.
Se asocia a la venta de droga, pero muchos vecinos dejan sus puertas abiertas
Pérez Cubillas se asocia al tráfico de drogas, a los robos y al vandalismo, pero en su interior es una barriada de apariencia tranquila donde muchos vecinos siguen dejando las puertas abiertas de sus casas. "Aquí hay puntos de venta pero no existe conflictividad", dice la presidenta vecinal, que habla con naturalidad de la tradicional convivencia entre unos y otros.
Todos saben quién es quién en este barrio donde las viviendas han ido creciendo en escalones verticales desde que se construyó la primera hilera de casas bajas hace unos cuarenta años, a la que se sumaron bloques sociales aún marcados por las flechas y el nombre de Francisco Franco y después unas torres altas que miran hacia la carretera.
Las detenciones practicadas en relación con el apaleamiento de inmigrantes en la estación de autobuses de Huelva, que provocó la muerte de Mohamed Zoubir, de 60 años, ha puesto el barrio en el punto de mira en los últimos días. Los cinco detenidos vivían o han vivido allí, pero en las características de este núcleo no se aprecian signos que podrían explicar por qué cinco personas encapuchadas atacan con bates de béisbol a tres seres que duermen en el suelo.
El vecindario incluye varias familias de extranjeros que no han sufrido rechazo alguno y los hijos de inmigrantes, que acuden al colegio Juan Ramón Jiménez, están "totalmente integrados", según el director, Lázaro Mangas. Tampoco en los campamentos de verano organizados varios años entre Huelva Acoge y Un nuevo horizonte para mi barrio se registraron incidentes de corte racista.
Lo que sí predomina entre los habitantes es la sensación de abandono. En la última campaña electoral ningún político se paseó por la zona. La aplicación del plan Urban, un proyecto de la Unión Europea, tampoco ha contribuido a resolver carencias. "Desaprovecharon la oportunidad", lamenta Luisa López. Los vecinos pidieron que se destinaran los fondos a programas sociales y a la dotación de infraestructuras como sedes para las asociaciones, pero buena parte de los fondos se dedicó a pintar los edificios de amarillo, a reparar tejados y aceras, aparte de la construcción de la plaza Juan XXIII.
El olvido salpica también el colegio, que no se ha beneficiado de una reforma notable desde que se construyó hace más de 30 años. "No se pueden abrir las ventanas de hierro para que los niños no se den con el filo", se queja Juana María García Moreno, la jefa de estudios. Al centro acuden 115 alumnos de infantil y primaria. El absentismo es bajo en estos niveles, pero pocos aguantan luego el salto de secundaria. "La mayoría se pierden", indica Mangas. Los embarazos a edades tempranas son frecuentes. También el vandalismo contra el escaso mobiliario urbano que se observa.
El alumnado del colegio retrata, según la jefa de estudios, el perfil del barrio: "Paro, trabajo en economía sumergida y muchas separaciones. El director apuntilla: "Muchos niños tienen la autoestima por los suelos y eso incide en el bajo rendimiento escolar".
"A mis hijos los pueden acusar de robar, no de eso"
"Vamos a pagar por lo que no es". Carmen Reyes habla con contundencia. Ha tenido nueve hijos, uno de ellos, Carmelo R. R., de 19 años, está encarcelado por el homicidio y las lesiones que sufrieron los tres inmigrantes que dormían en la estación de autobuses de Huelva la noche del Jueves Santo cuando fueron atacados por encapuchados. Nadie en la familia describe a Carmelo como un angelote, pero todos se aferran a su inocencia en este caso: "Tiene antecedentes por robo de aparatos, radiocasetes y cosas así, robaba para comprarse ropa".
La casa de Carmen se va llenando poco a poco de nuevos familiares que vienen a apoyar a la madre de la saga, también entra un vecino marroquí a hacer una chapuza en la cocina. Las hermanas y la madre insisten en lo mismo, una cosa es robar y otra asesinar a alguien por racismo. "Un asesino no se entrega a la policía", remacha Toñi, una de las hermanas del acusado.
Carmelo acudió el pasado el lunes 2 de forma voluntaria al Juzgado de instrucción número 2 de Huelva al saberse buscado por la policía por el apaleamiento de los tres inmigrantes. Carmelo se presentó acompañado de Francisco R. L., también de 19 años y también buscado por la policía por el mismo suceso. El juez ordenó su ingreso en la prisión de Huelva acusados de un delito de homicidio y dos delitos de lesiones, al igual que dictaminó en el caso de Jaime R. M., de 19, y Teodoro F. R., de 26. El quinto acusado es A. R. L., un menor de 16 años, hermano de Francisco, que está internado en un centro de reforma de Almería.
Con las cinco detenciones, la Subdelegación del Gobierno de Huelva da por concluida la investigación policial por la agresión que ocasionó la muerte de Mohamed Zouibir, de 60 años, y lesiones a Bensfia Abdesader y Ech.Charrka Boutkeur, de 25 y 34, respectivamente.
Sin embargo, las familias de algunos de los acusados no están dispuestos a aceptar que se zanje el asunto a la ligera. "Si lo han hecho que lo paguen, pero yo sé positivamente que mis hijos no han sido y sólo pido que investiguen", apela Ana Vázquez. Su marido Francisco acompañó a su hijo menor durante la declaración ante la policía: "Se hartó de llorar, agarrado a mis piernas, decía que no sabía nada". Durante la comparecencia ante el juzgado Francisco se enteró de que también otro de sus hijos, de 19 años, estaba acusado y buscado por la policía. "A mis hijos los pueden acusar de robar, pero no de eso", dice el padre.
La piedra angular que dirige las indagaciones policiales hacia los jóvenes de Pérez Cubillas es la confesión de Teodoro F. R., que señala a los otros cuatro como autores de la agresión. A él, a su vez, lo identifica uno de los inmigrantes. "Lo tienen sin abogado un tiempo prolongado a mi parecer en comisaría, le enseñan unas fotos y reconoce a los cuatro", señala Salvador Marfil, que lleva la defensa de los hermanos detenidos. En su última comparencia, sin embargo, Teodoro introduce nuevos comentarios que no coinciden con sus acusaciones anteriores. El juzgado ha pedido a médicos forenses informes sobre el estado psíquico de Teodoro.
La madre de los dos hermanos A. y F. acentúa ciertas contradicciones. "Están en la cárcel por la acusación de una persona, pero ¿por qué no se le echa cuenta a otras que dicen que a esa hora estaban en otro sitio?", se pregunta. Entre los testigos que proclaman la inocencia de ambos hermanos figura Y., la novia del más pequeño, que asegura que estuvieron juntos toda la noche del Jueves Santo viendo procesiones en el centro: "Desde las dos y media hasta las cinco y media o seis de la madrugada estuvimos en el estadio jugando y viendo pasos, luego nos fuimos en dos coches a Pérez Cubillas".
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