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La Junta Electoral propone sancionar a Blasco por desobedecer sus órdenes

El consejero difundió en un acto del PP el libro '150 razones sociales'

El consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, puede ser sancionado con 450 euros por difundir durante la campaña electoral el libro Balance de gestión de la Conselleria de Bienestar Social 1995-2003. 150 razones sociales a pesar de haber sido advertido de que no podía hacerlo. El instructor del expediente abierto por la Junta Electoral tras una denuncia de los socialistas ha propuesto al órgano jurisdiccional que sancione a Blasco.

La propuesta de sanción es consecuencia del expediente incoado a Blasco por la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana, que se inició el 16 de mayo, al considerar que el consejero era el responsable de la difusión, durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 25 de mayo, de la publicación 150 razones sociales.

Los socialistas habían presentado el 9 de mayo, el día en que comenzó la campaña electoral, un recurso contra la difusión de esa publicación. Cuatro días después, la Junta Electoral acordó suspender su distribución hasta pasadas las elecciones. Pero no impuso sanción alguna debido a que no se había "presentado el más mínimo elemento de prueba" de que la publicación hubiera sido distribuida durante la campaña electoral. El PSPV presentó entonces un nuevo recurso, en el que se explicaba que el mismo día en que se dictó esa resolución, en un acto electoral del PP celebrado en el Museu de les Ciències Príncipe Felipe en el que participaron dirigentes y candidatos del PP, entre ellos Rafael Blasco, se habían "repartido y puesto a disposición de los asistentes" ejemplares de esa obra. Los socialistas adjuntaron vídeos y fotocopias de prensa que acreditaban su denuncia.

La Junta Electoral decidió entonces abrir un expediente sancionador por una posible infracción electoral y nombró un instructor, que reclamó a las partes implicadas las pruebas que estimaran oportunas. El instructor ha concluido que la difusión del libro el 13 de mayo "constituye infracción tipificada" y considera a Blasco responsable de la entrega de los ejemplares al PP y de su distribución en el Museu de les Ciències. Blasco asistió al acto y tuvo una "intervención activa y consintió la distribución del libro sufragado con fondos públicos y del que se hizo un uso partidista".

En su escrito a la Junta Electoral, dado a conocer ayer, el instructor del expediente sancionador abierto al consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, considera que el contenido del libro no se puede considerar campaña institucional, pues se dedicaba a "hacer ostentación de logros y realizaciones del Gobierno", e "influía, al menos de modo directo, en el voto" de los electores al aludir a la gestión del Gobierno del PP. Entre otras cuestiones, el instructor pone de relieve que el libro contenía "alusiones a logros obtenidos en materia de bienestar social en los últimos ocho años por el poder público que había convocado el proceso electoral, incidiendo asimismo en los que conseguirán en los próximos cuatro años". Todo ello con cuadros comparativos entre la gestión del PP y la anterior del PSPV.

El instructor, que pone de manifiesto la falta de colaboración del PP para esclarecer los hechos durante la fase probatoria, propone a la Junta Electoral que sancione a Blasco con 450 euros, como responsable de una infracción tipificada en la legislación electoral. El expediente será elevado el lunes a la Junta Electoral. Hasta las 14 horas de ese día los implicados pueden presentar al instructor los documentos e informaciones que estimen pertinentes.

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La secretaria de Asuntos Sociales del PSPV-PSOE, Núria Espí, aseguró ayer que la iniciativa de la Junta Electoral corrobora que el consejero Rafael Blasco "abusa" de las instituciones para hacer propaganda "con fines partidistas y como instrumento para falsear la realidad". "Blasco ha demostrado que no tiene escrúpulo alguno a la hora de conseguir sus objetivos", añadió Espí. Ésta subrayó que la multa impuesta por el órgano arbitral, la primera que se impondrá a un consejero del Gobierno valenciano desde la llegada de la democracia, constata que los socialistas estaban en lo cierto cuando denunciaron el reparto de la publicación a pesar de la advertencia de la Junta Electoral que prohibió su distribución.

Por su parte, el diputado electo de l'Entesa Joan Antoni Oltra no mostró sorpresa alguna por la sanción propuesta. "Hemos asistido a la manipulación y al espectáculo por parte del PP y sus dirigentes presos del nerviosismo durante toda la campaña electoral", prosiguió Oltra, "y ha habido numerosas anulaciones por parte de la Junta Electoral que han obligado a Zaplana y otros cargos a convertir inauguraciones en visitas". "Es lógico que se adopten este tipo de medidas para no crear sensación de impunidad. Creo que con su currículo, Blasco no debería estar al frente de responsabilidades de gobierno y que la sanción no debería pagarla la Administración".

Distribución masiva

La publicación editada por la Consejería de Bienestar Social tuvo en plena campaña electoral una amplia distribución tanto en actos propiamente electorales, como en aquellos de carácter institucional. El consejero Rafael Blasco organizó la presentación de la publicación 150 razones sociales en un acto multitudinario celebrado en plena campaña electoral con presencia del entonces candidato Francisco Camps y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Para entonces ya existía una resolución de la Junta Electoral en la que se ordenaba la paralización de la distribución y difusión de la publicación, que había sido editada en el mes de abril antes del inicio oficial de la campaña electoral.

En ese mismo acto, los dirigentes del PP evitaron pronunciarse sobre la directriz de la Junta Electoral, aunque hicieron caso omiso de la misma, ya que a los asistentes se les facilitó un ejemplar de la edición. Publicación que se remitió por correo en las mismas fechas y que sólo unos días más tarde también se distribuyó en la Feria de Valencia, en un certamen con patrocinio de la Generalitat.

El reparto de esta publicación tuvo lugar en un momento en el que las juntas electorales estaban saturadas por docenas de recursos -la mayoría interpuestos contra actos organizados por los responsables institucionales del PP-. Recursos que en ocasiones llegaron cuando los actos ya se habían realizado y que en otras obligaron a modificar las convocatorias.

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