Condenado un inspector de policía por abusar de tres colombianas indocumentadas

La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de prisión y a 12 de inhabilitación para ejercer su trabajo a un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que abusó sexualmente de tres colombianas indocumentadas aprovechando su cargo de Jefe del Grupo Operativo de Extranjería. La sentencia de la sección cuarta dice que el acusado, E. J. R., de 51 años, realizó tocamientos y solicitó favores sexuales a las tres colombianas, a las que prometió a cambio acelerar la tramitación de su documentación en España y evitar su expulsión.

La primera víctima fue L. R. O., detenida por estancia ilegal en España en un club nocturno de Santiponce (Sevilla) el 15 de abril de 1998. Cuando fue conducida ante el citado inspector, éste le comunicó que "tenía la posibilidad de ejecutar o no la expulsión de España y que tomaría una decisión u otra según la actitud que ella tomase". El acusado se citó con ella días después en la misma sede de la brigada de Extranjería de Sevilla, donde le hizo tocamientos con los pantalones bajados "mientras insistía en su promesa de favores en el expediente de expulsión".

En la misma redada del club nocturno fue detenida Y. C. Z., a quien el acusado "le abrió la chaqueta e hizo comentarios sobre la dureza de sus pechos", al tiempo que le decía que "no se preocupara de su expulsión porque él iba a ayudarla si prometía verse con él en los próximos días".

Problemas de papeles

La tercera mujer víctima de abuso fue Y. K. R. R., detenida en julio de 1999 en la calle Sierpes, de Sevilla. Una vez en el despacho del inspector E. J. R., éste "le tocó los pechos, le cogió la mano y se la llevó a los genitales" al tiempo que le decía "tú sabes que conmigo no tienes problemas de papeles".

El fallo considera que el acusado incurrió en un delito de abuso en el ejercicio de su función, cometido por funcionario público, porque su "desleal actuación" al extralimitarse en sus funciones "no puede menos que traducirse en público desdoro y desprestigio tanto del funcionario como de la institución para la que actúa".

Durante el juicio, el inspector argumentó que su actuación no era decisiva para la expulsión de las colombianas de España, que ordenaba la Delegación del Gobierno, pero los jueces razonan que la detención y expediente sí que eran incoados por él, y además "era lógico que las testigos creyeran que el acusado podía ayudarlas o perjudicarlas porque participaba activamente en todo el proceso".

Si bien en el juicio no comparecieron dos de las denunciantes, la sentencia valora su testimonio en la instrucción.