La televisión del PP de Roquetas

De un tiempo a esta parte, me es imposible ver la televisión en Aguadulce por la gran cantidad de interferencias de otras emisoras, ante tal problema intente sintonizar mis aparatos encontrándome un canal nuevo denominado Faro Televisión.

Me informan que el titular de dicho canal es el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Por tanto, lo pagamos todos los sufridos contribuyentes; después de observar su programación se puede afirmar que no es una televisión local sino una televisión del Partido Popular, y si es así ¿por qué no lo pagan ellos? Únicamente se ve al señor Amat y correligionarios, entrevistan a un concejal del PP y después a otro, las únicas noticias que aparecen son los logros del PP en Roquetas y en España, eso sí nada más que desde su visión. ¡Viva la libertad de expresión!

Me dirigí al organismo encargado de conceder la concesión de televisiones locales en Andalucía y velar para que no se emita en frecuencias que puedan interferir el resto de las emisiones (Junta de Andalucía) y me confirman que no han autorizado al Ayuntamiento de Roquetas ninguna televisión local y, por tanto, está emitiendo ilegalmente, informándome que a través del Decreto 414/2000 de 7 de noviembre se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres (BOJA, 2 de diciembre del 2000) con la Orden de 6 de febrero del 2001 (BOJA, 20 de febrero) se abrió la convocatoria para solicitar la concesión de televisiones locales, en ella se especifica que después de la fase de solicitud existe la reserva de frecuencia (para no emitir interfiriendo a otras emisiones), posteriormente la fase de adjudicación, luego adjudicación provisional y, finalmente, adjudicación definitiva; todos estos pasos son necesarios para emitir legalmente y el Ayuntamiento roquetero únicamente ha realizado la primera fase es decir ha solicitado la concesión, emitiendo de forma irregular.

No entiendo cómo en el caso de la televisión, que un poder público que debería velar por el respeto a la legalidad vigente no cumpla la ley, como es el caso del Ayuntamiento, aunque viendo las actuaciones recientes todo es posible: Construcción de centro comercial declarado por un juez ilegal; cierre de la entrada al Paraje Natural Punta Entinas Sabinal con el correspondiente arranque de mojones de vía pecuaria, vertido de aguas fecales directamente al mar a pesar de que las normativas lo prohíben y un largo etcétera. Pero es todavía menos entendible que el organismo encargado de que se cumpla la ley en casi todos los asuntos, la Junta de Andalucía, mire para otro sitio, dejando hacer al Ayuntamiento lo que le viene en gana en perjuicio de todos los ciudadanos.