"Han otorgado un poder omnímodo al fiscal general del Estado"

El despacho de Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935), en el número 147 del madrileño paseo de la Castellana, es igual de austero que el resto de las dependencias de la Fiscalía Anticorrupción, un órgano especial que durante los últimos siete años y medio ha perseguido y sentado en el banquillo a los protagonistas de los principales casos de corrupción. Desde su creación, en 1995, ninguno de los cuatro ministros de Justicia, socialistas y populares, ha dotado a esta fiscalía de una sede definitiva que la desahogue de los miles de expedientes que inundan sus estrechos pasillos. Jiménez Villarejo se verá obligado a cesar en las próximas semanas tras la aprobación del nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal.

"No interesa que se investigue con la libertad, amplitud y dedicación que hasta ahora. La nueva ley favorecerá la impunidad de los grandes delincuentes"

"No tiene sentido que exista el plazo de seis meses para las diligencias preju- diciales. ¿Cómo vamos a investigar bajo el control de los investigados?"

Pregunta. ¿La limitación a seis meses del periodo de diligencias de investigación, recogida en el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, beneficia a la delincuencia de cuello blanco?

Respuesta. Con independiencia de la prórroga posterior, representa un duro golpe a la capacidad investigadora del ministerio fiscal. ¿Qué investigan los fiscales? Investigan los delitos a los que no llegan otros cuerpos del Estado, como, por ejemplo, las fuerzas de seguridad. Delitos económicos en el ámbito del sector financiero, fraudes masivos en el marco bursátil o delitos de corrupción. Desde el estatuto de 1981, producto de la transición democrática y generado por consenso, esa capacidad investigadora del fiscal ha estado reconocida e indiscutida por todos los jueces y tribunales. Ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional jamás han puesto en duda su legitimidad. Uno se pregunta a cuento de qué viene ahora fijar un límite de seis meses. Se está intentando coartar la investigación de los delitos de naturaleza económica o relacionados con el ejercicio de la función pública que por su complejidad son competencia de la fiscalía, y que parece que no interesa que se practiquen con la libertad, con la amplitud y con la dedicación que se hacía hasta ahora.

P. Usted asegura que esta limitación neutraliza al ministerio fiscal. ¿No es una afirmación exagerada?

R. No. Creo que es exacta. El solo hecho de establecer unas restricciones a la facultad investigadora del fiscal ya genera una actitud de límite al fiscal. Se está encorsetando su facultad investigadora, y la facultad de prórroga en manos del fiscal general del Estado tiene un carácter excepcional porque, además, la tiene que autorizar él mismo en cada caso. Seis meses representa para una investigación media de cualquier fiscal y en cualquier fiscalía, y no digamos en ésta, un plazo insuficiente. He oído a algún diputado que es un plazo no arbitrario. Eso es rotundamente falso. Aquí conocemos denuncias formuladas por órganos diversos, desde el Tribunal de Cuentas, la CNMV, hasta la Intervención del Estado. En seis meses difícilmente podemos empezar a entender cuáles son los hechos denunciados. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas aportó 30.000 folios sobre el Ayuntamiento de Marbella que culminaron en una querella. No entiendo como se puede pensar que una denuncia de esta envergadura se tramita en ese plazo.

P. Pero, en ocasiones, hay diligencias informativas que duran más de dos años sin conocimiento del investigado. ¿No parece razonable establecer un plazo?

R. No tiene sentido que exista ni el plazo de seis meses ni ningún plazo. Los fiscales ejercemos nuestras funciones dentro del marco de los principios constitucionales, del principio de legalidad, de objetividad, de independencia, de respeto a los derechos de los ciudadanos y a la ley. Ese plazo de seis meses representa una desconfianza hacia la capacidad investigadora del fiscal. Por tanto, sí que hay una neutralización objetiva del fiscal, más allá de las intenciones que se persigan por quienes han promovido estas reformas.

P. Los promotores de esta ley aseguran que garantiza los derechos del ciudadano investigado en la fase prejudicial.

R. El sospechoso, acompañado de su abogado, tendrá derecho a conocer todas las diligencias. Hay un consenso generalizado de que las diligencias del fiscal por su naturaleza son prejudiciales. Hasta el momento que se inicia el proceso, el fiscal puede hacer acopio de algunos elementos de prueba con objeto de hacer viable la presentación de una denuncia o formular una querella. Si nos limitan el periodo de investigación y si tenemos que hacerla bajo el control de la persona investigada nos vemos en una situación absurda. En definitiva, esa investigación será inviable. ¿Por qué? Por la misma razón que las Fuerzas de Seguridad del Estado no notifican a los investigados que han empezado la investigación contra ellos, que le van a seguir los pasos y mirar sus cuentas. Si fuera así se frustraría cualquier intento de perseguir la delincuencia organizada.

P. Si hablamos de delitos de especial complejidad, esta fiscalía sería la más afectada.

R. Tenemos competencia sobre delitos muy graves cometidos por redes criminales que en estos momentos están extendidas por toda Europa, que defraudan el IVA de forma masiva y elevadísima. ¿Cómo vamos a investigar todo eso en este contexto de control por parte de los investigados? Los escasos elementos de prueba que podamos conseguir desaparecerán o se evaporarán impidiendo ejercer la acción penal. En definitiva, favorecerán la impunidad de los grandes delincuentes.

P. La facultad de prórroga de seis meses por el fiscal general del Estado supone que la decisión sobre el futuro de miles de diligencias de investigación quedará en las manos de una sola persona.

R. Esta facultad del fiscal general del Estado se introduce a última hora en la tramitación parlamentaria como elemento corrector de la primera propuesta, que era un plazo cerrado de seis meses, puro y duro. Creo que se advirtió desde algún sector parlamentario que esto representaba un atentado grave y se corrigió. En esta fiscalía, el fiscal general del Estado tiene la facultad reconocida de otorgar su conformidad al inicio de cualquier investigación. Y así lo cumplimos con todo rigor y lealtad al fiscal general del Estado. Al mismo tiempo le damos cuenta periódicamente del estado de las diligencias de investigación. Dicho esto nos parece razonable que se mantenga un control por el fiscal general del Estado sobre las diligencias de investigación de esta fiscalía o de cualquier otra. Para eso está la estructura jerárquica del ministerio fiscal. Otra cosa es que cualquier diligencia de investigación de cualquier fiscalía, incluida ésta, tenga que ser autorizada su continuidad por el fiscal general transcurridos seis meses. Esto representa una limitación a la autonomía del fiscal. Supone otorgar al fiscal general un poder omnímodo y exasperado sobre el ministerio fiscal y sobre su facultad investigadora. Esto no se corresponde con que el principio jerárquico, que nadie discute y que todos aceptamos, sea regulado dentro de un espíritu democrático.

P. ¿Usted no cuestiona el principio jerárquico?

R. Yo no lo he discutido jamás. Eso forma parte del sistema constitucional y me parece no sólo correcto, sino necesario. Pero creo que ese principio de jerarquía, a medida que se consolida y se desarrolla un Estado democrático, debería estar sometido a ciertas matizaciones para no exasperarlo, para hacerlo más flexible. Una vez establecidos estos plazos se podía haber incluido una intervención complementaria de asesoramiento del fiscal general por los fiscales de sala, Consejo Fiscal, etcétera. Se han frustrado los intentos de haber potenciado el Consejo Fiscal. Se ha atribuido en exclusiva al fiscal general, de forma personal y directa, esta función de control y de autorización de las prórrogas.

P. Parece evidente que su postura demuestra una desconfianza hacia el criterio que adopte el fiscal general del Estado en la prórroga de estas investigaciones.

R. En plena transición democrática conseguimos un estatus del fiscal general del Estado que entonces era satisfactorio. Significaba la ruptura con el modelo franquista y con el modelo nacido del estatuto de Primo de Rivera. El fiscal general del Estado no puede recibir órdenes o instrucciones del Gobierno, como ocurría en el régimen anterior. Y se establecen una serie de normas escritas que, en principio, parecían suficientes para ejercer con autonomía su función respecto del Gobierno que lo nombró. ¿Qué ha ocurrido? Esa expectativa generada respecto a la figura del fiscal general del Estado ha ido deteriorándose progresivamente. Cada vez es más discutible que el fiscal general goce de una auténtica independencia respecto del poder ejecutivo. Lo hemos visto en muchos supuestos, y concretamente en esta fiscalía especial.

P. ¿Cree que el Gobierno se quiere blindar con esta medida?

R. Tenemos una sospecha fundada de que no se está garantizando plenamente la autonomía y la independencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno.

R. Sí. La había, y consistía en fijar un plazo al mandato del fiscal general del Estado, al igual que los fiscales jefes. De forma que el Gobierno que ha de nombrarlo le fijara un plazo para el ejercicio de su cargo. Eso introducía un elemento de autonomía y de distanciamiento del poder ejecutivo. Pero no se ha atendido ninguna de estas sugerencias.

P. ¿Cuántas diligencias le ha paralizado Jesús Cardenal, fiscal general del Estado?

R. Son casos muy limitados. Solamente se nos privó de la competencia para el ejercicio de acciones penales respecto de Pilar Ramírez, la ex decana de Marbella. Luego ha habido diferencias de criterio que se han traducido en controles muy intensos sobre la actividad de esta fiscalía en el caso Ertoil [investigación sobre el destino real de los fondos de la venta de esa compañía por la que se pidió y rechazó la imputación del ministro Josep Piqué]. También hubo diferencias, finalmente superadas, en el caso de la presunta maquinación para alterar el precio de las cosas de las grandes petroleras. El último desacuerdo ha sido el del caso Alierta, aunque el fiscal general nos ha autorizado a adherirnos al recurso de reforma y de apelación de la asociación querellante. Pero se nos ha negado mantener la iniciativa de la querella y a interponer recursos ante los autos del juez. Esto ha hecho que el fiscal tenga una posición subalterna de los querellantes que no se acomoda con la dignidad que debe mantener el fiscal en el proceso.

P. Son casos relevantes, pero numéricamente menos de los que aparenta la tensa relación entre esta fiscalía y el fiscal general.

R. Se lo digo con franqueza. Creo que he ejercido mis funciones como jefe de esta fiscalía con una enorme dosis de autonomía. Y debo reconoce que la relación con el fiscal general del Estado ha sido siempre muy abierta, muy clara y muy leal en todo caso, aunque haya habido diferencias de criterio.

P. ¿Cuál es su relación personal con el señor Cardenal?

R. Correcta. Yo planteo un problema más de fondo. La situación va a variar sustancialmente con la reforma del estatuto del ministerio fiscal. Antes teníamos una capacidad de acción que a partir de ahora experimentará un serio retroceso.

P. Sus detractores y los que cuestionan la necesidad de esta fiscalía aseguran que se ha convertido en un reino de taifas.

R. Algunos medios de comunicación afines al Gobierno han reclamado más de una vez la disolución de la fiscalía y, por supuesto, mi destitución. Esos intentos han fracasado rotundamente. De lo cual me alegro, sobre todo por la fiscalía. Está a punto de entrar en vigor la nueva reforma del estatuto del ministerio fiscal en la que esta fiscalía se reconoce y se consolida plenamente como un órgano más del ministerio fiscal. Las voces que reclamaban la disolución de la fiscalía van a ser acalladas definitivamente.

P. Esa batalla, si la tenían algunos, ¿cree que la han perdido?

R. La han perdido definitivamente. Además, esta fiscalía no es un islote al margen del ministerio fiscal. Es justo lo contrario. No hay fiscalía más sometida al control del fiscal general del Estado que ésta. Ninguna. Aquí no abrimos una sola investigación sin que previamente el fiscal general del Estado la haya autorizado. Ni una. Ya sea para iniciar una acción penal, formular una denuncia o una querella. Esa es una prueba de que esas afirmaciones carecen de fundamento. Están inspiradas en la ignorancia o en la mala fe. Esta fiscalía tiene una excelente relación con las fiscalías del resto de España. Llevamos asuntos en muchas capitales con extraordinario espíritu de colaboración. Los casos de inspectores de Hacienda implicados en una trama descubierta en Barcelona, o el de Intelhorce, en Málaga, son un ejemplo de excelentes investigaciones. Bajo nuestra dirección, fiscales de Jaén, de Córdoba o de Sevilla han intervenido en fraudes comunitarios en los que ya hay sentencias condenatorias.

P. ¿Por qué no les dan los fiscales delegados que reclama?

P. Con el nuevo estatuto cesarán en las próximas semanas los fiscales jefes que lleven más de cinco años en el cargo. Un cese que le afectará a usted y a otros 38 fiscales. Algunas voces de la oposición han calificado esta medida como una depuración ideológica.

R. Establecer un mandato temporal para cargos públicos me parece razonable y se acomoda a criterios democráticos. Todos los fiscales hemos estado de acuerdo. No es razonable que algunos fiscales lleven en el mismo cargo 15 o 16 años. Eso son formas del ejercicio de la función pública que ya están superadas. Ahora bien, en el Pacto de la Justicia se habló con toda claridad que esa limitación tenía que estar asociada a la fijación de criterios objetivos. Uno de los que se planteó fue la posibilidad de que, en el caso del cese, el Consejo Fiscal, elegido por todos los miembros del ministerio fiscal, incidiera en esa decisión con un voto cualificado. Era una ocasión para que en un momento tan decisivo el Consejo Fiscal tuviera la oportunidad de influir en un proceso tan delicado. Pero se ha rechazado. Se le priva de significación y se convierte en un aditamento casi decorativo del fiscal general, puesto que sus votos no van a incidir para nada en el nombramiento y cese de los fiscales jefes.

P. ¿Volverá a presentarse a la plaza?

R. Cuando llegue el momento lo decidiré. En principio, mi voluntad es continuar, pero en el momento en que se plantee tomaré la decisión definitiva.

R. No me considero incómodo para nadie. Luché por la Constitución democrática durante muchos años junto a otros muchos jueces, fiscales y secretarios judiciales. Creo en esa Constitución, la aplico con estusiasmo y pienso que la misma exige de los fiscales determinados niveles de compromiso. En esa defensa de nuestra democracia es un elemento definitorio del fiscal la persecución del delito, económico o de corrupción, cometido desde el poder. Ese tipo de delincuencia hace mucho daño al sistema democrático y a la convivencia. Por más que determinados sectores de la sociedad o de los medios de comunicación sean más o menos complacientes o miren a otro lado. Pero uno tiene la impresión de que cuando el Código Penal se aproxima a determinados sectores sociales, éstos reaccionan de forma desproporcionada, como si estuvieran fuera del ámbito de la aplicación de la ley. Como si no fuera con ellos el Código Penal. Y eso es inaceptable. En ese proceso de igualar a todos los ciudadanos ante la ley penal, el fiscal debe tener una actitud comprometida.

P. A juzgar por las declaraciones de parlamentarios del PP como Andrés Ollero, esta fiscalía y su persona no son de su agrado. ¿Usted sería igual de incómodo con un Gobierno socialista?

R. No tengo conciencia de ser incómodo ante ningún tipo de gobierno. Si algunos gobiernos se han sentido o se sienten incómodos ante el ejercicio de mis funciones como fiscal lo lamento mucho, pero no voy a abdicar ni a renunciar a ser fiscal en un Estado democrático para complacer o dejar de hacerlo a unos u a otros. Para mí eso es irrelevante. Ejerceré mis funciones como me marca la legalidad y dentro de las estructuras jerárquicas del ministerio fiscal. Si de ahí se derivan consecuencias insatisfactorias para un Gobierno u otro me resulta indiferente.